Ha quedado claro que el oficialismo en nada se detendrá para avanzar en su proyecto de concentración del poder.
Si hay que comprar a alguien, se hace. Si se le tiene que presionar, también. No importa que ya estén cumplidos los objetivos inmediatos: si la deserción de opositores puede incrementarse, se procura. Las metas no admiten razones, incluso aquellas que advierten que el mundo podría poner en duda la viabilidad del país como destino seguro de las inversiones o su prestigio como nación democrática.
O hasta que esos fines contradigan las obligaciones que ha asumido México en tratados internacionales, pues ante eso basta decir que somos rabiosamente soberanos y que la supremacía de la Constitución nadie la pone en duda.
El propósito es desgastar cualquier expresión de resistencia. Mostrar como irremediable el paso triunfal de la nueva dinastía. Lo que se quiere es que todo el mundo concluya que no hay poder sobre la Tierra que la pueda detener y que cualquiera que ose cruzarse en su camino acabará aplastado.
Si la lógica refuta que se puedan conseguir tres cuartas partes de la Cámara de Diputados con apenas 54% de los votos, no importa. No faltarán consejeros y magistrados electorales que sostengan ese criterio.
Si esa misma maniobra no pudo repetirse en el Senado, porque los votos nomás no dieron, no pasa nada. Siempre habrá uno o varios senadores de oposición que puedan ser atraídos u obligados a cambiar de bando para engrosar el grupo parlamentario hasta que alcance para cambiar la Constitución.
Si los jueces otorgan decenas de suspensiones contra una reforma que permite al oficialismo quebrar al Poder Judicial y hacerse de él, ¿cuál es el problema? No se les hace caso y ya.
Si eso deriva en acusaciones de desacato, basta con alzar los hombros, negar la realidad y decir que existe una interpretación alternativa de la ley. Y si los jueces insisten, siempre se les puede amenazar con el desafuero.
Si la Suprema Corte decide tener la última palabra en este caso, se le estigmatiza, se le acusa de golpista. Y si alguien advierte que estamos en una crisis constitucional, se da vuelta a la tortilla y se culpa de ella a la Corte.
Si los argumentos no convencen, aplíquese lo mismo que en el Senado: identificar al eslabón más débil. Ya ubicado, se filtran datos en su contra y se le hace entender que podría terminar muy mal. Al final, se doblará.
Si puede ampliarse la bancada oficialista en el Senado, aunque no sea necesario, ¿por qué no hacerlo? Siempre habrá alguien a quien intimidar o seducir. Y como eso sirve para humillar aún más al bando contrario, pues bienvenida la adquisición.
Consejeros y magistrados electorales, senadores y, ahora, un ministro (¿tú también, Alberto?) le han dado una estocada a la idea de una república con contrapesos y división de Poderes.
Aún falta el acto final de la obra: la elección de juzgadores. Pero es impensable que todo este recorrido termine en un nuevo Poder Judicial que no esté al servicio de quien tanto empeño ha puesto en crearlo.
Máxime, si el concurso del que saldrán sus integrantes será entre candidatos sin experiencia, palomeados por un comité de incondicionales.
BUSCAPIÉS
*El voto latino tuvo un peso fundamental en el triunfo de Donald Trump. De acuerdo con la consultoría Edison Research, el republicano recibió el apoyo de 46% del electorado que se asume como hispano. Entre los condados que arrebató a los demócratas, con ayuda de ese voto, están Miami-Dade, Florida, y Starr, Texas, demarcación que hace frontera con Tamaulipas.
*El senador Félix Salgado Macedonio, el poder real en Guerrero, amenazó con denunciar por traición a la patria a quienes buscan que los cárteles violentos sean declarados terroristas. Mucho cinismo de un personaje cuyo estado se hunde en la violencia. La noche del miércoles apareció una camioneta con 11 cadáveres en Chilpancingo, presuntamente parte de un grupo secuestrado a finales de octubre en Chilapa. Un mes antes, ejecutaron y decapitaron al alcalde de esa capital y también dejaron su cadáver en la calle, a la vista de todos.
