La reforma judicial precipita a los Poderes de la República en una carrera en que se vale cualquier medio para alcanzar sus fines. Pero el enredo jurídico rema contra la justicia en un país sumergido en la incapacidad política de mayorías y minorías para tener acuerdos al costo de tomar como rehén el control de la Constitución y así universalizar la desprotección de todos.

De la lucha por la “madre de todas las reformas” hay que desmantelar las coartadas de los que antes se desentendieron del acceso de la mayoría a la justicia y ahora agitan el temor al autoritarismo para frenarla, tanto como del conformismo ideológico capaz de avalar toda acción para liberarla del veto, así sea al precio tomando el dominio constitucional para el desamparo de todos. La resolución del conflicto y de los traumas de ayer es compleja para cualquier democracia, pero no provendrá de disculpar la idea de que la ley sirve para que la gente controle al poder, y no para someterla. De lo contrario, qué suerte correrían con avatares de la composición política que desconocieran, por ejemplo, los derechos humanos. 

La ley de supremacía constitucional que el bloque oficialista aprobó en un fast track desaseado, sin debate ni consensos con la minoría opositora, no garantiza que no derive en un instrumento de control político; aun si sirve para blindar a la reforma de la pretensión de la Corte de extralimitar funciones y colocarse por encima de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos en las urnas en favor de la 4T. En un tema grave para el equilibrio de Poderes, el proceso legislativo acelerado y plagado de triquiñuelas es indicativo del litigio político detrás de las reformas que esta semana se definirá en el Congreso.

Claudia Sheinbaum recibió una bomba de tiempo de su antecesor con una reforma sin acuerdo alguno, incluso en contra del Poder Judicial y de la forma de integrarse a través del voto popular o de sus procesos internos. Cabe preguntarse hasta dónde la Corte puede intervenir para preservar privilegios y canonjías de su estructura, sin antes haberse auto reformado pese acusaciones de corrupción e influyentismo en su interior; de allanarse a las presiones del poder económico con controversias y amparos para suspender obras de gobierno como los proyectos emblemáticos del sexenio pasado; sin responder por la entrada de todos a la justicia.

Sheinbaum rechaza que la reforma abra paso al autoritarismo con que los opositores la reprueban. Los equilibrios entre la soberanía popular y Poderes contra mayoritarios de las Cortes afectan a todas las democracias en el mundo como mayor reto para la legitimidad y confianza en la ley. No somos ajenos a esa contradicción ni dejamos de ser democráticos por afrontar peligros que pueden derivar en parálisis de gobierno o hasta golpes blandos de los aparatos de justicia contra los gobiernos como otras experiencias en América Latina.

Pero la disputa tiene atrapado al país en una escalada de acciones y reacciones entre Poderes que socavan a las instituciones con pretendidos artilugios legales. El gobierno y el Poder Judicial están trenzados en una guerra que ya suma más de 170 suspensiones judiciales contra la reforma… más las que se sumen, y respuestas de decretos legales como la de supremacía constitucional para hacer inexpugnable a la reforma e imponerse políticamente, aunque pase por la idea descabellada de anularse.

Unos y otros se acusan de provocar una crisis constitucional en defensa del aparato de justicia o para recortar la posibilidad de impugnación de la polémica reforma, hasta privar a la Constitución de controles necesarios para impedir impugnaciones de decisiones políticas en su texto. En efecto, esta reforma que se justifica en querer empatar la Constitución con la ley de amparo, recorta el control de la Corte para juzgar sobre controversias constitucionales que sirven para garantizar el territorio de derechos básicos de la ciudadanía independientemente del color del partido que gobierne.  

La batalla es política, no jurídica. El uso de la tramoya legal como herramienta del combate político desaparece su racionalidad. Cuando el fin justifica los medios comienza la eliminación del contrario y termina la política, única fuente para resolver el conflicto entre Poderes y principal salida democrática para impedir que todos seamos huérfanos de ella, en un país ávido de atacar la impunidad, el delito y la violencia.