Como muchos de nosotros, el Proyecto Mundial de Justicia (WJP, por sus siglas en inglés) ha establecido que si bien el voto popular decide quién ejerce el poder y la toma de decisiones, es el Estado de derecho –el conjunto de normas que regulan las facultades de las autoridades o de los gobernantes– el que establece la forma en que dicho poder se ejerce.

Gracias al Estado de derecho los gobernados pueden llamar a cuentas a sus gobernantes, asegurarse de que el poder no se ejerza de manera arbitraria, que no se use para fines privados y que los ciudadanos puedan acceder a la justicia para defender sus derechos de manera pacífica y de acuerdo con lo que dicten las instancias jurisdiccionales.

Según reporta el WJP 2023, desde 2016 comenzó la recesión del índice de Estado de derecho en el mundo. Por seis años consecutivos, un alarmante número de países (78%) en lugar de haber avanzado han declinado en la mayoría de las variables que definen al índice: contrapesos al Poder Ejecutivo, ausencia de corrupción, derechos fundamentales, gobierno abierto, orden y seguridad, capacidad para hacer cumplir las leyes y reglamentos, justicia civil y justicia criminal.

Esto se ha traducido en que las libertades también han declinado y que para este año el número de autocracias superan a las democracias liberales por primera vez en dos décadas.

México se sitúa en el lugar número 116 de 142 países y en el 27 de 32 países de la región de América Latina y el Caribe. Esto, a pesar de ocupar el número 38 de 41 en términos de ingresos. Una vergüenza. 

En ninguna de las variables México tiene una calificación aprobatoria, pero las más alarmantes son la corrupción y la justicia criminal, que apenas obtienen la calificación de 26 sobre 100, seguida por la justicia civil (37). Eso de impunidad cero son simplemente los mentirosos otros datos que sólo Presidencia tiene.

Está claro que a los votantes poco les importó la corrupción rampante en el país, pero, en campaña, todos los candidatos se ocuparon de ella y prometieron acabarla.

Tampoco les importó la ausencia de contrapesos que en nuestro país ha descendido de 51 puntos en 2015 a sólo 44 en 2023. La concentración del poder parece gustarles a los ciudadanos o al menos no reparan en cómo les afecta porque ella se traduce en el ejercicio arbitrario del poder.

Más profunda todavía es la caída de 56 a 48 puntos en los derechos humanos entre los que se encuentra la libertad de expresión. Aunque el Presidente se empeñe en decir que en México hay total libertad de expresión, ni los datos ni los acontecimientos a lo largo del sexenio permiten sostener tal afirmación.

México reprueba en tres derechos fundamentales: la libertad de expresión y opinión, la interferencia arbitraria en la privacidad de los ciudadanos y la ausencia del debido proceso legal.

Hay decenas de ejemplos, pero los casos más recientes y emblemáticos son los de Carlos Loret, Víctor Trujillo y Latinus, junto con la revelación del sábado pasado referente a los fundadores de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Ambos son muestra de lo que puede hacer el poder cuando le molestan el periodismo de investigación, la libertad de expresión y opinión, la obligación de resguardar los datos personales y la observancia del debido proceso legal. Cuatro violaciones a la legalidad en un solo golpe.

El WJP alerta sobre la recesión del índice de Estado de derecho en el mundo, pero a la vez ha reconocido los avances que han promovido algunos gobiernos e integrantes de la sociedad civil por haber identificado enfoques estratégicos efectivos para reforzar y apuntalar el Estado de derecho y, con ello, la resiliencia democrática de sus países.

Uno de los proyectos finalistas fue de la organización México Evalúa, que hizo propuestas en materia de justicia, transparencia y rendición de cuentas. Ideas para garantizar que los sistemas de justicia sean independientes, imparciales, responsivos y transparentes. Desde luego, no incluyen la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

El gobierno del Presidente se caracterizó por hacer a un lado a la academia, los think tanks, y las organizaciones de la sociedad civil por considerarlas, sin prueba alguna, conservadoras, elitistas y hasta racistas. Sheinbaum tiene la oportunidad de optar por la apertura, deliberación y colaboración con los especialistas.

Al igual que con el Poder Judicial, podríamos comenzar con una discusión sobre la protección de la libertad de expresión y la creación de un ecosistema de información confiable de cara a los retos del siglo XXI y, desde luego, la corrupción. En ambas temáticas el gobierno de López Obrador retrocedió seriamente.

No se trata de que el que se va y la que se queda se enemisten. Se trata de que toca ahora a Sheinbaum preparar lo mejor posible su entrada a la Presidencia y dar muestras de que en el segundo piso caben el respeto y la colaboración entre gobernantes y gobernados.