Atajo punitivo

Incluso Movimiento Ciudadano, que últimamente ha intentado distinguirse de ambos —alegando que representa la “nueva política”, en oposición a la “vieja”—  es de la misma idea.

La noche del lunes, los 32 gobernadores del país estamparon su firma en un texto —cosa que no sucedía hace mucho— para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no haga caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y deje intacta la PPO, prevista en el artículo 19 de la Constitución.

Y es que el año pasado, al resolver un caso sobre nuestro país, el tribunal continental pidió al Estado mexicano eliminar la PPO de su marco legal por contravenir los compromisos que México ha suscrito a nivel internacional.

Ante la falta de actuación del Poder Legislativo, la Suprema Corte va a discutir un proyecto, elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en el que se ordena acatar la sentencia por el caso “García Rodríguez y otro vs. México”, emitida por la Corte Interamericana el 25 de enero de 2023. Posteriormente, los ministros propondrán que la medida cautelar de cárcel se aplique caso por caso, en función del riesgo para la sociedad que represente la persona imputada.

El artículo 19 enlista una serie de delitos por los que los procesados se hacen acreedores de la PPO, es decir, a la cárcel automática. A saber: violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La lista, que originalmente consistía de cinco delitos, se ha ido ampliando. Incluso la autodenominada Cuarta Transformación le agregó algunos.

Al presentar el lunes un recurso de amicus curiae, los gobernadores sostienen —igual que lo ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador— que eliminar la PPO puede poner en riesgo la seguridad pública.

El argumento muestra a la clase política dispuesta a poner la protección de su imagen por delante de la justicia.

Meter gente a la cárcel sin sentencia ha sido el recurso de autoridades ineficientes, que no hacen investigación.

Así, las prisiones se han llenado de presos a quienes no se ha demostrado que violaron la ley. Tan es así que más de 30 mil de ellos están ejerciendo actualmente su derecho al voto, cosa que no podrían hacer si estuvieran sentenciados. ¿Cuántos de esos internos podrían seguir su proceso en libertad, sin representar peligro para los demás? Seguramente muchos, pero no podemos saber porque se les encarceló de forma automática. Quizá habrá quienes no tuvieron defensa legal adecuada o una autoridad corrupta les sembró un arma.

La clase política mexicana lo quiere convencer a usted, lector, de que la única manera de mantenerlo seguro es metiendo a mucha gente a la cárcel. Pero, a pesar de que eso es lo que ha venido haciendo, usted sigue inseguro, ¿o no?

La razón es que las autoridades no hacen su trabajo. Tan es así que 98% de los delitos en este país termina sin castigo.

Ayer le daba cuenta en este espacio que 21 de 32 fiscalías de este país tienen como titular un interino, un sustituto o un encargado de despacho. Y eso es porque los gobernadores han venido jugando con los órganos de procuración de justicia, como si fueran de su propiedad, en lugar de facilitar su profesionalización.

Ojalá que la Suprema Corte desoiga la petición de los mandatarios estatales de permitirles seguir transitando ese atajo punitivo. Es la única manera en que las autoridades competentes se podrán a trabajar, investigando los delitos y obteniendo evidencias reales.