Elecciones 2024: la violencia al acecho

Por Carlos Matienzo*

Cada elección, la viabilidad del sistema democrático en México es puesto en duda ante una realidad inescapable: en algunos lugares, el poder de las armas pesa más que el de los votos. Ya sea a causa del crimen organizado o de la incapacidad para dirimir nuestras diferencias de forma pacífica, el hecho es que, en nuestro país, decenas de personas que buscaban participar en los procesos electorales son asesinadas.

Este 2024, viviremos las elecciones más grandes de nuestra historia en el contexto de mayor violencia en las últimas siete décadas. Por lo pronto, el poder de las balas ya se ha hecho sentir. De acuerdo con el conteo que realizamos en la firma de inteligencia DataInt, entre el 1º de julio de 2023 y el 15 de enero de 2024, han sido asesinadas 58 personas potencialmente vinculadas al proceso electoral. De ellas, 14 eran aspirantes o precandidatos a un puesto de elección popular, 15 eran familiares de algún político y 27 eran integrantes de algún partido.

El 83% de los asesinatos está relacionado con los procesos municipales. La mayoría de estos actos (16) ocurrieron en Guerrero. Le siguen Puebla con nueve y Oaxaca, Chiapas y Michoacán con cinco cada uno. En cuanto al origen partidario de la víctima, 17 eran de Morena, 15 del PRI, ocho del PAN, siete independientes, cuatro del PRD, cuatro de Movimiento Ciudadano, dos del PT y uno del PVEM.

¿En qué contexto suceden estos asesinatos? Primero, en muchos de estos lugares hay conflictos criminales activos y las elecciones son sólo una extensión de ellos. En Michoacán, Morelos o Guanajuato, las organizaciones criminales disputan territorios y, en consecuencia, las redes de protección que el gobierno puede ofrecer. Amedrentar, asesinar o coaccionar políticos es la forma en la que el crimen organizado lucha por esas redes.

Por otro lado, están aquellos territorios que ya son dominados por una organización criminal. En lugares como Jalisco, la organización dominante “castiga” a políticos que no cumplen con sus expectativas o que no se alinean a sus intereses. En algunos municipios rurales hay pocos que deciden ser candidatos. Saben que muchos alcaldes han sufrido las presiones del Cártel Jalisco Nueva Generación para obtener recursos de sus arcas y con ello financiar, por ejemplo, el esfuerzo de la guerra en Zacatecas. El nivel de control es tal que, incluso el CJNG emite facturas a los municipios para justificar las erogaciones.

A todo esto, hay que agregar un riesgo emergente: el crimen organizado cada vez más se involucra directamente en llevar votos a las urnas. Lo hemos visto en Sonora, Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas, donde en algunas secciones de control criminal se han registrado porcentajes de votación casi unánimes por uno u otro partido. Si esto llega a suceder en una elección cerrada, digamos a menos de un punto porcentual, podremos hablar seriamente de que el crimen organizado se ha convertido en el fiel de la balanza.

Finalmente, existen también estados donde la violencia política no necesariamente tiene que ver con el crimen organizado. En lugares como Chiapas, Puebla o Veracruz, donde existe una cultura democrática muy débil, los conflictos sociales y políticos se siguen resolviendo de forma violenta. Esto, ante la pasividad de gobiernos locales débiles o que, incluso, se benefician de la impunidad para neutralizar opositores.

Durante décadas nos hemos concentrado en construir una democracia por la vía institucional; que garantice equidad y organice elecciones de forma eficiente. Pero si el crimen nos arrebata la oportunidad de votar por algún candidato o se convierte en el gran elector, de nada servirá instalar la mayoría de las urnas y contar los votos con pulcritud. La violencia organizada es el mayor reto que enfrenta nuestro país y no podremos hablar de una democracia plena en tanto no se cumpla la más básica de sus funciones civilizatorias: dirimir la lucha por el poder en paz.