Nunca tuvo más vigencia la consigna “al diablo con sus instituciones”, patentada en 2006 por Andrés Manuel López Obrador.
Su iniciativa de desaparecer diez órganos autónomos, creados como contrapeso al Poder Ejecutivo durante la transición, tiene mucho que ver con esas inolvidables palabras.
En la lista de los organismos sentenciados por López Obrador está, en primerísimo lugar, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Dice El Peje que el Instituto de la Transparencia “no sirve para nada” y que cuesta mil millones de pesos anuales. Aquí va una lista de los casos de corrupción que el Inai ha ayudado a destapar:
Odebrecht, Casa Blanca, Estafa Maestra, Estela de Luz, Segalmex, Toallagate, Agronitrogenados, Vitol, Paso Express, García Luna, Línea 12 del Metro.
¿No sirve para nada? ¿En serio?
Julen Rementería, coordinador de la bancada del PAN en el Senado, desbarató el argumento palaciego de que el Inai es muy caro. La transparencia cuesta anualmente a los contribuyentes 8.7 pesos al año. Lo confirmamos en el Inai.
“Sale más caro comprar un volován y una Coca que el derecho al acceso a la información”, ironizó el senador del PAN.
En la lista de organismos sentenciados está también el IFT, encargado de supervisar redes, prestación de servicios de telecomunicación y radiodifusión; la CRE, que coordina y supervisa las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural y gas LP; y la Cofece, que garantiza la competencia y la libre concurrencia, para que los mercados funcionen eficientemente en favor de los consumidores.
* La iniciativa no tiene posibilidades de avanzar en esta legislatura. El oficialismo no tiene la mayoría calificada –dos tercios de los legisladores presentes– que esa reforma constitucional requiere.
¿Qué busca entonces?
“Es la típica acción de López Obrador para distraer en los escándalos de corrupción de sus hijos, pero también del desastre en materia de seguridad que vivimos”, dice el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza.
Su colega de bancada, Germán Martínez, coincidió:
“Más que reformas, es ruido a la aburrida campaña de Claudia, (López Obrador) no sabe vivir con quienes piensan libre y diferente. Le encanta vivir en el pleito”.
Álvarez Icaza, por cierto, recibió ayer imágenes de lo que pasa en Chiapas: cuerpos destazados, decapitados, mutilados, cerca de Motozintla.
“Es un ejemplo de lo que pasa en este país, donde éste ha generado una condición para pasar del crimen organizado al crimen autorizado”, puntualizó.
* Hay novedades en los frentes políticos. El chapulineo está a la orden del día. Ahora fue Eruviel Ávila, exgobernador priista del Estado de México, el que dio el brinco a la “gran familia verde”.
El anuncio de su adhesión formal al PVEM, aliado de Morena, lo hizo en un evento público que la dirigencia nacional de ese partido le organizó en su tierra de origen: Ecatepec.
Su ingreso al oficialismo lo acompañó con un llamado a apoyar a la precandidata presidencial del oficialismo: Claudia Sheinbaum.
“Estoy convencido que la próxima presidenta de la República será una científica, una mujer egresada de la UNAM, con maestría, con doctorado, investigadora, preparada… Hasta donde tope hay que irnos con Claudia Sheinbaum”, dijo.
Las vueltas que da la vida, diría la gran Gloria Estefan.
* Una corta: la senadora Josefina Vázquez Mota se registró ayer como candidata a diputada federal por mayoría relativa, en el distrito 18, Huixquilucan, Estado de México.
* Talleres Gráficos de México es un organismo público, descentralizado, de la Secretaría de Gobernación, especializado en las artes gráficas. Brinda sus servicios a los sectores público, privado y social: cuenta con infraestructura tecnológica adecuada para cumplir sus necesidades de impresión tales como: informes anuales, libros, ediciones facsimilares, revistas, gacetas, periódicos, folletos. Corre la versión de que ahora también va a imprimir boletas electorales.
El Instituto de Elecciones Participación Ciudadana de Chiapas pretende adjudicar a sus talleres, de manera directa –y no mediante licitación, como marca la Ley–, la impresión de toda la paquetería electoral para la elección de junio del 2024, dicen las fuentes.
