El domingo pasado, durante la conmemoración de la huelga de los trabajadores textiles de Río Blanco en 1907, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, en algún momento de los nueve meses que le restan de gestión, enviará al Congreso una iniciativa para revertir la “contrarreforma” al sistema de pensiones aprobada hace casi 27 años, en el sexenio de Ernesto Zedillo.

“Voy a enviar una reforma a esa legislación antiobrerista, contraria a los intereses de los trabajadores”, arengó.

Uno no puede dejar de considerar que dicha propuesta sea de la misma estirpe que aquella de transformar el Poder Judicial. ¿En qué sentido? El tabasqueño sabe que su movimiento no cuenta con los votos en el Legislativo para sacar adelante modificaciones constitucionales. Por eso, es posible que lo que busque el mandatario es mostrar a la oposición como insensible ante ideas como elegir a jueces, magistrados y ministros por el voto popular o, en este caso, aumentar el monto de la pensión de los trabajadores.

Parecería apostar el Presidente a que la discusión de esos temas en el Congreso sirva como actos de propaganda en el marco de la campaña electoral y que, incluso perdiendo la votación, por no alcanzar la mayoría calificada, su movimiento gane al etiquetar a los opositores como renuentes al cambio.

Tampoco sería raro que fuera uno de esos asuntos que el mandatario lanza al aire para provocar la discusión pública y evitar que ésta se centre en los graves acontecimientos de inseguridad que se han vivido en los primeros días del año.

Proponer, justo en estos momentos, una reforma al sistema de pensiones, implica que López Obrador no está siendo fiscalmente responsable y que tiene un cuadro notable de desmemoria... o que está haciendo política electoral.

Veamos: la reforma de los años 90, que creó a las Administradoras de Fondos para el Retiro, se realizó ante el reconocimiento de que el sistema de pensiones del IMSS –regido por la ley de 1973– iba rápidamente hacia la quiebra y que había que sustituirlo por uno de cuentas individualizadas.

Tiene razón el Presidente, y no es el único en decirlo, que el monto con el que comienzan a retirarse los primeros jubilados de las afores no representa sino una fracción de su salario. Pero componer eso requiere algo más que retórica, como aumentar las aportaciones. ¿Cuánto se requiere? Ayer dijo que había que estudiarlo. Por ahí hubiera empezado.

Recordemos que en 2020 él impulsó una reforma para hacer justamente eso, además de reducir el número de semanas trabajadas para alcanzar la jubilación y poner un tope a las comisiones que cobran las afores.

Dicha modificación fue considerada un “parteaguas” en un comunicado oficial de la Consar, emitido apenas el 30 de junio pasado, al cumplirse 26 años de la creación de las afores. En dicho texto, el órgano desconcentrado de Hacienda también dice que la reforma de 1997 “creó un sistema pensionario que ha fortalecido la sostenibilidad de las finanzas públicas”, es decir, algo completamente contrario a lo que afirmó el domingo el Presidente.

Las finanzas públicas están siendo presionadas por el pago de las pensiones (contributivas y no contributivas). Año tras año aumenta el monto a cubrir, al punto de que representa una bomba de tiempo fiscal. Entre 2023 y 2024 se incrementó en 11.8%, representando más de la quinta parte de las erogaciones en el presupuesto de este año.

El Presidente debe saber tres cosas: 1) ya como está la situación, se va a requerir una reforma fiscal el próximo sexenio; 2) que las finanzas públicas no aguantarían un estrés adicional, y 3) que, si quiere una contribución mayor de las empresas a las afores, por encima de lo que se decidió en 2020, eso requerirá de negociaciones con ellas, que él, porque ya va de salida, difícilmente podría lograr.

Así que, una de dos: o López Obrador está “cucando” a sus adversarios con esta propuesta, como suele decir en el dialecto de su tierra, o se ha olvidado nuevamente que él es el gobierno, no un dirigente de oposición.