Minimizar los problemas ha sido la salida recurrente de este gobierno ante la crítica. Para él, éstos no son tan graves –aunque lo sean– o resultan tan sólo una imagen distorsionada, creada por sus “adversarios” con el propósito de afectarlo.
El hecho más reciente en recibir ese tratamiento discursivo es el secuestro de 32 migrantes sobre la vía Reynosa-Matamoros, una carretera que, por su importancia estratégica y la presencia del crimen organizado en la zona, debiera ser una de las más vigiladas de la República.
“Atípico” lo llamó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Tiene razón, en el sentido de que eso no debiera suceder en un país de leyes. Lamentablemente no la tiene en cuanto a la frecuencia con la que ha surgido ese tipo de delitos.
El propio Instituto Nacional de Migración consigna en una tarjeta informativa que en 2023 ocurrieron 400 secuestros de migrantes en diez sucesos masivos (Contralínea, 4/I/2024).
El mismo documento cita casos acontecidos en Chihuahua, Zacatecas, Sonora, San Luis Potosí y el propio Tamaulipas.
¿Acaso ya se olvidó el secuestro, asesinato y calcinación de 19 migrantes –de los cuales 17 eran guatemaltecos–, en Camargo, Tamaulipas, en enero de 2021?
El alcalde de Comitancillo, el pueblo del departamento de San Marcos del que provenía la mayoría de las víctimas, reconstruyó lo sucedido.
Contó que una treintena de migrantes viajó hacia México el 12 de enero de ese año. Llegaron a Nuevo León, nueve días después, desde donde partieron rumbo al río Bravo en tres camionetas. Ese mismo 21 de enero, las familias perdieron contacto con ellos.
El 22 de enero, aparecieron 19 cuerpos carbonizados dentro de una camioneta, sobre un camino rural, a menos de 70 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Los cuerpos tenían impactos de bala, igual que el vehículo. En total, los criminales dispararon 113 tiros. El resto del grupo original logró llegar a su destino.
Afortunadamente, los 32 migrantes secuestrados el sábado pasado, después de pasar la caseta de Nuevo Progreso, fueron encontrados con vida. Pero no porque hayan sido “rescatados” –como afirmó antier el vocero de la Presidencia–, sino porque los criminales los abandonaron a bordo de un autobús de transporte público urbano en el municipio de Río Bravo.
El portal informativo tamaulipeco Elefante Blanco publicó la misma tarde del miércoles que los migrantes secuestrados “fueron liberados por sus captores en la tienda Soriana de Río Bravo, confirmaron fuentes involucradas en la búsqueda”.
El gobierno, comenzando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, suele quejarse del trabajo del periodismo independiente, al que ubica en el campo de sus “adversarios”, pero es difícil de entender la decisión de los criminales de liberar a los secuestrados de no haber sido por la intensa difusión que hicieron del caso los medios de comunicación, misma que llevó a las autoridades mexicanas a reaccionar. Igual, al presidente de Colombia, quien publicó en redes sociales que cuatro de las víctimas eran de ese país.
Al momento de redactar estas líneas, no había información sobre personas detenidas por el secuestro en Nuevo Progreso. Ojalá que pronto cambie esa situación, pues la única manera de frenar ese tipo de crímenes es que no queden impunes.
¿Qué validez pueden tener las reiteradas quejas del Ejecutivo sobre la actuación de los jueces si las autoridades de procuración de justicia no son capaces de aprehender y consignar a quienes cometen crímenes tan graves?
Y hay que agregar –volviendo al calificativo de “atípico”– que los migrantes no son las únicas víctimas de secuestros masivos.
Ahora mismo están pendientes de resolverse la desaparición de una familia en Texcaltitlán, municipio mexiquense cuyos agricultores se enfrentaron con extorsionadores de la Familia Michoacana el 8 de diciembre pasado; de una docena de trabajadores de limpia de Taxco, Guerrero, y de los pobladores de la comunidad de Barranca de Velázquez, en ese mismo estado.
Son, por desgracia, hechos que comienzan a ser frecuentes. Es decir, típicos.
