Yuriria Sierra
Nudo gordiano
Las autoridades a nivel federal y estatal tienen la responsabilidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva.
Hoy, mientras el país se consume en debates políticos y controversias mediáticas, hay familias en México que enfrentan una realidad aterradora: la desaparición forzada de sus seres queridos. En Lagos de Moreno, Jalisco, cinco jóvenes, Jaime, Diego, Dante, Uriel y Roberto han cumplido un mes en calidad de desaparecidos en medio de la incertidumbre y la angustia, sin que hasta ahora haya indicios claros sobre su paradero. El único indicio sigue siendo un atroz video aparecido en redes sociales que permite intuir su trágico, inadmisible y desgarrador final.
La desaparición de estos jóvenes es un recordatorio sombrío de la violencia que sigue azotando a México y de la impunidad que a menudo prevalece en los casos de personas desaparecidas. Según consta en un perturbador video que circuló en redes sociales, estos jóvenes fueron sometidos a un trato brutal y atroz. La comunidad y sus familias merecen respuestas y justicia.
Sin embargo, a un mes de su desaparición, las familias denuncian nulos avances en la investigación. Esta falta de progreso es profundamente preocupante y refleja una realidad lamentable: México sigue siendo un país donde la desaparición forzada es una realidad cotidiana y donde la búsqueda de justicia es una batalla cuesta arriba.
La comunidad en Lagos de Moreno y personas de todo México se han unido en solidaridad con las familias de los jóvenes desaparecidos, participando en misas y manifestaciones pacíficas. Estos gestos de apoyo son valiosos, pero no deben ser la única respuesta. Las autoridades a nivel federal y estatal tienen la responsabilidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva y efectiva para encontrar a los jóvenes desaparecidos y llevar a los responsables ante la justicia.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal ha anunciado su participación en la búsqueda de los jóvenes, encabezada por la secretaria Rosa Icela Rodríguez. Esto es un paso en la dirección correcta, pero no puede ser un esfuerzo aislado. Se necesita una colaboración efectiva entre las autoridades locales, estatales y federales para resolver este desgarrador acontecimiento y muchos otros similares que han quedado impunes en el pasado.
La pesadilla de las desapariciones forzadas en México no puede ser ignorada ni minimizada. Cada vida perdida o persona desaparecida es una tragedia que afecta a familias enteras y a comunidades. Es hora de que el país enfrente este problema con la seriedad y la urgencia que merece.
Mientras las familias de Jaime, Diego, Dante, Uriel y Roberto continúan su angustiosa espera, el resto de México debe mantener su atención en este caso y en otros similares. No sucumbir ante la tentación (o la inducción) del olvido. La justicia y la verdad son derechos fundamentales que no pueden ser negados a ninguna persona. La sociedad debe exigir respuestas y acciones concretas para poner fin a esta pesadilla que ha afectado a demasiadas familias mexicanas.
