Yuriria Sierra
Nudo gordiano
Xóchitl se sumó. Oficialmente, Xóchitl Gálvez ya es aspirante a la candidatura presidencial de la oposición. Beatriz Paredes también. Ya lo había hecho hace unas semanas Claudia Ruiz Massieu. Igual que Lilly Téllez. Lo dijimos hace un par de semanas: hablar de mujeres que se suman a la contienda, además de histórico, aparecería como algo contraintuitivo y profundamente provocador en un país en el que todavía hace unos meses las propias bancadas de los partidos estaban haciendo hasta lo imposible para “echar atrás” el principio de paridad en las candidaturas partidistas. Junto con la puntera de las corcholatas, Claudia Sheinbaum, México definitivamente está viviendo una nueva era: ellas, esas mujeres que forman parte de esa lista de potenciales candidatas presidenciales. Mujeres todas que significan un cambio en la narrativa y el imaginario político del país. Nunca antes en la democracia mexicana había tantas mujeres buscando ser presidenta. Con posibilidades muy reales de serlo.
¿Por qué importa esto? ¿Por qué es buena idea para México que haya tantas candidatas mujeres?
La participación femenina en la vida política del país ha dado un giro en los últimos años. Desde luego que esto es resultado del trabajo de muchas personas durante este largo, aún inacabado, proceso de configuración de la democracia nacional, pero también de la retroalimentación que ha llegado desde la movilización feminista global que ha encontrado escenarios distintos en varios puntos del planeta. En México, esta participación ha dado un giro, afortunadamente positivo, y las mujeres han escalado cada vez más dentro de los organigramas de la función pública.
Con la elección de Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México, ya son diez las mujeres al mando de una entidad. Diez mujeres gobernadoras en 2023, en contraste con las nueve que ocuparon este cargo entre 1979 y 2018. El paso es gigante. En el Poder Legislativo, las mujeres también han tenido curva ascendente: en lo que va del siglo XXI, la representación ha dado saltos sobresalientes. En registros de Inmujeres, si en el año 2000 la brecha de género era de 66.4%, para la elección intermedia del 2015, ya era de sólo 9.2. Hace un par de años, gracias a las políticas de paridad impulsadas desde hace casi una década, el Congreso de la Unión se cuenta en paridad. Desde luego esa contabilidad es un triunfo y un aliento, pero no una meta, porque después de eso llega también la revisión del papel que estas mujeres tienen dentro de la operación legislativa.
En la Administración Pública Federal, esta tendencia también dio un vuelco en los últimos cinco años. Si en 2019, según datos del Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal de la SFP, las mujeres ocupaban 48.85% de las plazas en el servicio público, hasta el pasado 15 de junio, ese porcentaje se elevó a 51.05%. Hoy son más mujeres quienes forman parte de la estructura de la APF, y eso tiene tanta lógica cuando observamos la configuración demográfica del país: de los más de 128 millones de habitantes en México, al menos 67 millones somos mujeres, esto es 52% de la población total. Con esta composición, se entiende la importancia del porqué es buena idea que haya tantas mujeres candidatas, como ya hay en la función pública.
México es todavía un país con enormes retos en términos de políticas públicas de género. Más aún tras varias decisiones tomadas durante el actual gobierno. Subrayando, desde luego, el tema de seguridad y acceso a la justicia, la llegada de mujeres a puestos de poder, alimentan el panorama a futuro: más mujeres tomadoras de decisiones, que desde sus perspectivas contribuyen a emparejar el camino de todas, para eso es la paridad, por eso importa. Y eso, en términos de progreso y de crecimiento económico será, sí o sí, una muy buena noticia.
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