Morena dice “no” a la fiscalización de su proceso interno

Nada fácil el tema del financiamiento para elegir al candidato presidencial de Morena, al que internamente se refieren como “coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación” para evadir al nuevo y más dócil INE.

Los guindas no quieren que la autoridad electoral intervenga en su proceso interno. Apelan a su derecho de autodeterminación. Pero en el momento que haya recursos del partido para las corcholatas, no podrán evadir la fiscalización.

La propuesta de Marcelo Ebrard de que el partido abra una cuenta a cada corcholata para recibir aportaciones individuales de un máximo de cinco mil pesos, entraría en ese supuesto.

“Sí podemos recibir donativos, pero el problema no es el dinero, dinero tenemos, el problema es que queremos evitar la fiscalización por parte del INE, pues no nos ha ido bien con esas experiencias”, declaró Mario Delgado, presidente de Morena. El jefe nacional del guinda dice que, aunque hay otro ánimo en el INE, Morena prefiere mantenerse en un proceso totalmente interno.

Mario sugirió ayer a las corcholatas que pidan moche a senadores y a diputados federales y locales para financiar sus recorridos y eventos. Los seis aspirantes del movimiento que se registraron para participar en la encuesta firmaron un documento que les impide recibir cualquier respaldo del Presidente de la República, de los miembros de su gabinete, de gobernadores y alcaldes, pero no de legisladores.

* Este reportero es de los que piensan que el proceso interno de Morena se perfila como una gran farsa y que las encuestas, incluidas las que harán empresas privadas, son un disfraz para tapar el dedo que ya apunta hacia Claudia Sheinbaum.

Le expusimos así de claro a Mario Delgado el día del registro de Marcelo Ebrard. El presidente de Morena pidió un minuto de silencio por el dedazo.

 

 

 

 

 

 

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¿Y el gran elector?, preguntamos en tono de desconcierto. “El gran elector es el pueblo de México”, evadió. 

¿El señor de Palacio?, insistimos.

“No, no. A menos de que le tocara a él ser encuestado. La posibilidad de que le tocara ser encuestado es bajísima y sería una opinión entre todas las demás.

“Ya no. Él ha decidido renunciar a esa posibilidad para poner la decisión en manos del pueblo de México. ¿Por qué? Porque quiere que trascienda este movimiento. Lo que quiere el Presidente es que este movimiento marque un punto de inflexión. No es igual a lo que había antes”.

Ver para creer. Si no es una farsa, me comprometo a reconocerlo en este mismo espacio.

* Ya se fue Ricardo Monreal del Senado. Dejó al Inai incompleto. Él votó a favor de elegir a los consejeros que le faltan al instituto para poder sesionar. La mayoría lo hizo en contra. Hace 76 días que el instituto no tiene quórum porque el Senado no hace la chamba de elegir a los comisionados. Tiene cinco mil 761 recursos pendientes de votación. Diez sesiones del pleno no se han realizado, según datos de Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta de ese instituto.

La parálisis del órgano de transparencia y protección de datos personales se la debemos al Presidente de la República. Él es el que manda en las dos cámaras del Congreso.

López Obrador dice que el Inai es un “cero a la izquierda”, que no sirve para nada y que cuesta mil millones de pesos anuales que se necesitan para apoyar a personas que lo necesitan. La realidad es que le teme a la transparencia. La opacidad le ayuda a ser tapadera de parientes y amigos que traen cuentas chuecas y andan como si nada.

* En 2024 se pronostica una desbandada de funcionarios públicos, gane quien gane. El panorama para los futuros desempleados es desolador.

Los burócratas cargan con un estigma. El 90 por ciento de los que buscan trabajo al concluir su gestión en el sector público son rechazados por empleadores privados, según Arleth Leal Metlich, directora asociada de la firma de recursos humanos Red Ring. El estigma comenzó al revés. La Ley Federal de Austeridad Republicana, promovida por López Obrador, establecía una restricción para los servidores públicos de mando superior. Durante un periodo de diez años no podían laborar en empresas que hayan supervisado, regulado o manejado información privilegiada en el ejercicio de su cargo público. 

La propia ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dicho que el estigma que cargan los exfuncionarios es una evidente vulneración al derecho de la libertad de trabajo. Afortunadamente, el pleno del máximo Tribunal invalidó, por unanimidad, el artículo 24 de la citada Ley de Austeridad Republicana que establecía esa prohibición. Pero los prejuicios en contra de exfuncionarios no se quitan por decreto, y muchos de ellos batallarán en serio.