María Amparo Casar
En dos días más faltará exactamente un año para las elecciones de 2024. Como bien dice Dante Delgado, “la política no es, va siendo”. El significado de esta frase es que en política no hay nada escrito; las fichas se van moviendo por voluntad y pragmatismo o por las circunstancias, sin que podamos prever con alguna exactitud sus ires y venires. Quiere decir que las certezas de hoy pueden dejar de serlo mañana.
El va siendo es parte de la política y de la democracia. Quienes hoy son enemigos o adversarios, mañana pueden ser aliados. En 2012, PRD, PT y MC compitieron juntos por la Presidencia. En 2018, el PVEM jugó con el PRI, antes con el PAN y en 2021 ya estaba con Morena. Hoy Sheinbaum es la favorita de López Obrador, mañana quién sabe. No es posible prever el rompimiento de alguna de las corcholatas con López Obrador, de no ser el o la elegida. Nadie pensó que el PT o el PVEM se separarían para el proceso electoral de Coahuila de 2023 y eso ocurrió, aunque finalmente ambos partidos abandonaron a sus candidatos para seguir en la alianza. Hoy la coalición Va por México está prendida con alfileres, mañana puede afianzarse, pero, también, deshacerse. Hoy Movimiento Ciudadano no acaba por definirse, mañana sabremos si su opción es fortalecer a los opositores de Morena o jugársela solo. Las combinaciones posibles para el 2024 son, por el momento, muchas y muy variadas.
Pero quiero referirme a la política que ha sido hasta hoy, la que es, la que vemos, la que vivimos.
La política del gobierno de AMLO –y su pretendida continuidad– es una especie de democracia autoritaria. Democracia porque el Presidente llegó al poder por la vía de las urnas y, desde entonces, las elecciones estatales y las intermedias han ocurrido conforme al calendario electoral. Pero la política es autoritaria, porque no ha reparado en violar el Estado democrático de derecho. Las ilegalidades en las que ha incurrido el Presidente están más que documentadas en todos los ámbitos, incluido el electoral. La última ha sido el desacato a los exhortos hechos por el INE respecto a la propaganda electoral y, desde el viernes pasado, al dictado del Tribunal Electoral, que correctamente ha dicho que el Presidente vulnera la equidad, imparcialidad y neutralidad de los comicios con su llamado a no votar por “otras opciones políticas” y sí por la suya. Incluso, incurriendo en otra conducta ilegal que es la de condicionar los programas sociales al voto por Morena: “¿Quieres que continúen las pensiones para adultos mayores? Ya sabes por quién vas a votar”. Dice, burlón, que acatará la orden del Tribunal, pero hay evidencia de sobra de que se comporta con la máxima de es “mejor pedir perdón que pedir permiso”.
Del lado de la oposición, la política no está clara. Peor todavía. En un contexto de sucesión adelantada parecen pasmados ante la cercanía de las elecciones, la interferencia del Presidente a través de la propaganda ilegal, las campañas de los posibles candidatos y el uso clientelar de los programas sociales y el gigantesco desvío de recursos públicos a nivel estatal y federal.
Mientras López Obrador y sus corcholatas van en caballo de hacienda, los partidos de la alianza Va por México siguen deshojando la margarita sobre si irán juntos a las elecciones de 2024, cuál será el método de selección del abanderado(a), cuáles los criterios para distribuir los, literalmente, miles de puestos que se disputaran en 30 de las 32 entidades federativas y cómo quieren aterrizar el discurso de que “ellos” quieren la participación de la sociedad civil. ¿Será que no aquilatan que está en marcha una elección de Estado como las que hacía el PRI en el pasado?
Entre toda la incertidumbre que capta perfectamente bien la idea de que “la política no es, va siendo”, hay una certidumbre: la política que del lado del partido en el gobierno es y está siendo es la de una elección de Estado. Ejemplos sobran: el intento de destruir al INE y la malograda reforma electoral del plan A, los intentos por restar atribuciones al Tribunal Electoral, las violaciones al proceso legislativo para aprobar el plan B, la personalización ilícita de los programas sociales, el activismo –prohibido por ley– de los funcionarios públicos, el ejército de servidores de la nación pagados desde una secretaría de Estado y el destino desconocido de miles de millones de pesos que en los cuatro años y medio de gobierno han puesto en evidencia diversas investigaciones periodísticas y la Auditoría Superior de la Federación.
La política de la oposición no parece darse cuenta de que la única manera de derrotar una elección de Estado es a través de, primero, mantener la unidad de todos aquellos que no comulgan con el proyecto regresivo e incompetente de la 4T y, segundo, elevar la tasa de participación electoral.
Pasado el 4 de junio, comienza la cuenta regresiva. Esperamos definiciones de uno y otro lado.
