María Amparo Casar A juicio de Amparo
Salvo contadas excepciones, al Presidente no le gustan los índices de desempeño. La excepción son las encuestas de popularidad. Esas sí le satisfacen. La razón es simple: son las únicas que lo favorecen. Un buen ejemplo es la encuesta de popularidad del Morning Consult Political Intelligence que a menudo exhibe en las mañaneras. Gusta de citarla porque de manera persistente lo coloca como el segundo mandatario mejor evaluado. Lo que no nos dice es que esa encuesta mide sólo 22 mandatarios del mundo y se levanta en línea. Su fe en ella contrasta con casi cualquier otra medición internacional a las que descalifica por obedecer a intereses perversos, conservadores o neoliberales.
No le conviene, pero ahí están para quien quiera verlas. Ofrezco tres ejemplos.
El más reciente reporte del prestigiado World Justice Program, que mide el grado de adhesión al Estado de derecho en 139 países, coloca a México en el poco honroso lugar 115 a nivel mundial y en el sitio 27 de 32 países en la región de América Latina. Mide ocho variables: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. En ninguno alcanzamos ni la mitad del puntaje aprobatorio, pero los retrocesos más pronunciados están en la seguridad, en la lucha anticorrupción, en el continuo debilitamiento de la libertad de prensa y una contracción del espacio cívico. A pesar de estos dos últimos datos, el Índice ubica a la sociedad civil y la prensa como los contrapesos más efectivos del Poder Ejecutivo. Por encima del Legislativo, el Judicial, los organismos de fiscalización y control, y las comisiones de derechos humanos. Lástima que, tanto la sociedad civil como la prensa tengan que trabajar en condiciones cada vez más difíciles.
Un amigo y colega de la academia puso en mi radar el Índice de Libertad Académica. Fue uno de los 31 científicos perseguidos por la Fiscalía por órdenes o con la anuencia del Presidente y de su directora del Conacyt. Fueron acusados por los delitos de uso ilícito de atribuciones, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada y sufrieron la persecución de la justicia al punto de ser objeto de órdenes de aprehensión por presuntamente haber creado una asociación ilícita para delinquir mediante la apropiación de 244 mdp de propiedad estatal entre 2013 y 2019. Los cargos nunca fueron comprobados y hoy se encuentran exonerados. Pareciera que los delitos cometidos fueron, más bien, la crítica a sus políticas, la defensa de la autonomía de los centros de investigación científica y su oposición a la Ley de Ciencia y Tecnología que, finalmente, fue aprobada sin respetar los requisitos exigibles en todo proceso legislativo.
No resulta extraño entonces que, desde que llegó López Obrador al poder, México haya descendido en la libertad académica que se mide a través de la libertad de cátedra e investigación, la autonomía institucional, el intercambio y divulgación académicos, la integridad en los campus y las expresiones académicas y culturales. En todos estos frentes se reporta una caída muy pronunciada. Más preocupantes son los motivos a los que aduce el reporte: el nuevo gobierno mexicano ha debilitado la autonomía institucional a través de fuertes medidas de austeridad… la priorización del estudio de los problemas nacionales que son definidos con criterios políticos… los nombramientos gubernamentales de los puestos directivos y la falta de integridad en los planteles.
Finalmente, vale recordar la clasificación de México en el Índice de la Democracia de la revista The Economist. Los datos llegan al año 2022 y no toman en cuenta lo ocurrido en los primeros meses de 2023 en los que hemos visto nuevos y diversos intentos desde la Presidencia por eliminar o disminuir los contrapesos institucionales y sociales, la creciente tendencia a concentrar el poder y el traspaso creciente de funciones civiles a manos de las Fuerzas Armadas,
Pero, aún con datos de 2022, México ya había pasado a ocupar la tercera de cuatro categorías de regímenes en el mundo: democracias plenas, democracias defectuosas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. México aparece entre los 10 países (de 167) con mayores retrocesos en el índice de democracia, perdiendo tres lugares tan sólo de 2021 a 2022.
El reporte no puede ser más claro: “El Sr. López Obrador ha usado su cargo para atacar a sus oponentes, incluyendo a las autoridades electorales… la libertad de prensa también está bajo amenaza… los servicios de inteligencia espían rutinariamente a periodistas y activistas … el gobierno ha expandido de manera considerable el rol del Ejército en los asuntos públicos… Su ofensiva a los contrapesos ha llevado a una mayor degradación después del declive de la democracia ya advertido en 2021”.
Quizá Jorge Castañeda tenga razón y la próxima elección en 2024 se convierta en un referéndum entre democracia y autocracia.