Los ministros incondicionales

Dos destacados juristas. Uno, empresario, jurista y académico; la otra, académica internacionalista, quien encabezó el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana durante muchos años. Cuando antes eran prestigiados y reconocidos en sus actividades, ahora —por sus ambiciones personales o falta de independencia— son criticados por juristas y académicos. Como privados fueron autónomos; como ministros y personajes públicos, son incondicionales al gobierno.

En 2006, ya como activista política, la doctora Loretta Ortiz era férrea defensora del candidato López Obrador. Pasadas las elecciones presidenciales, encabezó un grupo denominado Académicos Independientes por la Democracia, donde, junto con otros connotados aliados de AMLO, cuestionó —bajo preceptos legales poco sostenibles— la elección presidencial. Era entonces directora del Departamento de Derecho de la UIA, que se volvió, de facto, en las carreras de derecho, ciencias políticas y humanidades, en un centro ideológico del obradorismo.

Durante el sexenio de Calderón usó su posición académica para promover juicios ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente por su “lucha militarizada contra el narco”. La demanda no prosperó, pero fue políticamente muy redituable para López Obrador.

Esto le ganó mayor afecto con AMLO, quien la apoyó para ser diputada federal por el PT de 2012 a 2015, en donde fue férrea defensora de las posturas nacionalistas de López Obrador en el Congreso. Su activismo la llevó a participar en bloqueos de la Cámara de Diputados para evitar que se discutiera la reforma energética de Peña Nieto. Para ello proclamaba que aprobar esa reforma “privatizadora” sería una traición a la patria por “entregar bienes nacionales a empresas extranjeras”.

En la más reciente campaña presidencial de 2018 y el equipo de transición, como militante de Morena, la doctora Ortiz participó como perito en derechos humanos y jefa negociadora para los diálogos de paz y reconciliación, que finalmente fueron poco efectivos. Fue postulada por el Presidente —a pesar de ser activa militante de un partido político— como parte de dos ternas para la Suprema Corte, a la cual, finalmente, llegó en diciembre de 2021.

Por su parte, Arturo Zaldívar era —como abogado privado— un prestigioso constitucionalista y referente en el juicio de amparo, incluso llegando a defender a grandes empresas. Sin embargo, como ministro, se alió con el gobierno para obtener la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero de 2019. Entre las transacciones políticas que lo hicieron llegar ahí estuvo aliarse con López Obrador y congelar controversias constitucionales y juicios que contravinieran los intereses del gobierno, y girar la narrativa de la Corte hacia el movimiento de justicia social identitaria, tan criticado en Estados Unidos.

Ambos llegaron a un punto de ambición desmedida y abiertas acciones en contra del derecho. Por eso, en votaciones controversiales de la Suprema Corte, como la de ayer sobre la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército y otras prioridades del gobierno —a todas luces inconstitucionales—, estos dos ministros votan contra la Constitución, incluso contradiciendo sus posiciones previas. 

Pareciere que la política y sus compromisos contaminaron su autonomía.

Son ahora incondicionales a los impulsos inconstitucionales.