José Buendía Hegewisch
Número cero
La muerte de 39 migrantes no es sólo una desgracia del infortunio, sino también un crimen contra personas privadas de su libertad, cuya vida tenía que proteger la autoridad, y que debe ser investigado y castigado como tal. Es una violación de derechos humanos del que deben rendir cuentas los responsables y llevar políticamente a la revisión de programas migratorios detrás de la tragedia. Sin embargo, la respuesta del gobierno empezó mal. Como se repite en crisis de derechos humanos, la piedra de toque del discurso oficial ha sido eludir responsabilidades con declaraciones que prometen no ocultar nada y que no habrá impunidad para ganar tiempo, mientras se reparten culpas; primero, hacia las víctimas y luego en el gobierno, como en “Fuenteovejuna”.
La filtración de un video del incendio inhabilitó la reacción del Presidente y enfrentó a los responsables en materia migratoria, cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, trató de deslindarse y echar la bolita al canciller Marcelo Ebrard. Si en principio López Obrador adjudicó el siniestro a los propios migrantes, la información sobreviniente demostró la profundidad de la crisis que dejó la rendición a la política de EU para cortar la movilidad de migrantes en la frontera. Y, al mismo tiempo, revelar la confusión de competencias dentro del gobierno a la hora de explicar los hechos, cadenas de mando y rendir cuentas.
Todo mal. En primer lugar, las imágenes de la estación migratoria (que no era albergue, como refirió inicialmente el Presidente) se viralizó. Así como las omisiones de los funcionarios de migración que los dejaron morir, a pesar de su posición de garantes y de que un reciente fallo de la Corte prohíbe retenerlos más de 36 horas. ¿Cuánto llevaban detenidos? En segundo, si la protesta no se debió a la amenaza de extradición —según la versión oficial—, sino a las malas condiciones (agua potable, alimento, hacinamiento), es posible que llevaran recluidos más del tiempo permitido. Y, tercero, esas circunstancias dan cuenta del caos y desconcierto en la protección y atención a migrantes como consecuencia de las políticas restrictivas de EU para enfrentar la mayor movilidad de migrantes en medio siglo en la frontera que negoció el propio Ebrard.
El gobierno mexicano es corresponsable de ellas y también de sus consecuencias “como producto de las circunstancias que se están presentado”, en una hipérbole para no nombrar a la crisis migratoria y evadir la responsabilidad política por los hechos: “Estamos juntos todos y vamos a seguir así” como Fuenteovejuna frente al crimen para no sancionar culpables. Pero las declaraciones presidenciales no pueden omitir que su gobierno aceptó el programa Permanecer en México, como cuasi tercer país seguro, ante el chantaje de Trump. ¿Habrían sido mejor los aranceles que capitular en derechos humanos? Menos aún el impacto en la política interna, en la organización, competencias y recursos para la protección de ellos.
La tragedia es reveladora de la magnitud del desastre migratorio. En septiembre de 2019 se creó, por decreto, una comisión intersecretarial para atender a los migrantes bajo la coordinación de la Cancillería, aun cuando la ley orgánica de la administración establece las competencias en esta materia en Gobernación. A quien habrá que voltear a ver, por ejemplo, para deslindar responsabilidades, sí, como ya hizo López Hernández, que señaló a Ebrad, o cómo entender la repuesta de éste cuando dice que en esta hora “cada cual debe hacer lo que le corresponde”, pero ¿a quién le corresponde qué? La confusión, por lo pronto, ya produce un choque entre ellos que abre fisuras en el gabinete y se proyecta sobre la carrera sucesoria.
Pero las respuestas son imprescindibles porque el crimen repercute en tratados internacionales de México sobre migración y también en obligaciones con los derechos humanos de guatemaltecos, hondureños, venezolanos y salvadoreños que perdieron la vida. ¿De quién es la responsabilidad del hecho, así como de la detención y las condiciones inhumanas de la estación migratoria? Políticamente, ¿quién rendirá cuentas? La prioridad ha sido desactivar el conflicto entre Ebrard y López Hernández con otra cara frente al problema: la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para detener el reparto de culpas y de responsabilidades.
