Él es el que cada que puede elogia a los dictadores de los países de los que están huyendo todos esos migrantes. Él es el que le ha dado millones al gobierno cubano, disfrazados de brigadas médicas y contratos del tren maya. Él hace de abogado del chavismo-madurismo venezolano para que Estados Unidos los considere países democráticos.
Él es el que no ha condenado al dictador Daniel Ortega de Nicaragua. Él es el que está feliz porque regresó la izquierda a Honduras.
De esos países son los migrantes detenidos, encarcelados y dejados morir al fuego por su gobierno. Él es el que decidió endurecer la política migratoria. Él es el que decidió que México podía albergar a decenas de miles de migrantes que le manda Estados Unidos año con año.
Él es el que dijo que donde come uno comen dos. Él es el que no aumentó los presupuestos para la atención de los migrantes, el que no atendió las recomendaciones de derechos humanos, el que dio abrazos a las organizaciones del crimen organizado que abusan como quieren de los migrantes en su ruta al norte, él es el que no atendió las recomendaciones de toda suerte de organizaciones de derechos humanos.
Él es el que minimizó la tragedia y le dedicó al asunto sólo 3 minutos de sus casi 3 horas de mañanera, para fundamentalmente culpar del incendio a los migrantes ahí detenidos. Él es el que frente a la tragedia de Ciudad Juárez optó por mentir. Optó por mentir otra vez. El gobierno ya aceptó que tuvo el video desde el lunes en la noche y el video no deja espacio a la duda: los agentes federales caminaban cómodamente por la estación migratoria de Ciudad Juárez mientras 37 migrantes morían por el fuego y por el humo rejas adentro.
Él es el que a pesar de esto, ayer martes en la mañana declaró que la culpa había sido de los migrantes por quemar unas colchonetas en protesta porque los iban a deportar.
No. Los agentes migratorios del gobierno no los dejaron salir, los dejaron encerrados. Sin protocolos, sin misericordia, sin alma. Encerrados a quemarse y asfixiarse en una cárcel para personas cuyo único delito es buscarse un futuro lejos de la pobreza, la violencia o la represión política. No son criminales. Son migrantes.
Él, López Obrador, es el responsable político de esta tragedia a la que condujeron sus decisiones de gobierno y sus arreglos con EE.UU.
Son los 37 de López Obrador. Él, si fuera aquel dirigente opositor estaría diciendo sin temor a equivocarse que el presidente de México tiene una inesquivable responsabilidad política en esta desgracia que pudo haberse evitado.— Ciudad de México.
HISTORIAS DE REPORTERO
Carlos Loret de Mola: Quieren resucitar el plan b
El plan C funcionó para el obradorato: prácticamente garantizaron quedarse con la presidencia del INE, si no es que más. Con el viento a favor, quieren ahora resucitar el plan b que fue totalmente suspendido por la Suprema Corte de Justicia. Así es como le quieren hacer:
Las suspensiones a las dos partes del plan b de la reforma electoral de López Obrador contra el INE funcionan mientras el pleno de la Corte analiza el asunto a fondo y lo vota. Lo que quiere el gobierno es apresurar esa votación. Y están presionando fuerte para ello.
Me revelan fuentes de primer nivel que a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y de las dos ministras que operan para el Presidente, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, la administración federal está presionando para que la votación en la SCJN de la primera parte de la reforma electoral suceda en la primera quincena de abril; así, si pierden esa votación (como es previsible), tengan tiempo de volverla a presentar y volverla a votar, en el Congreso pues el periodo ordinario de sesiones termina el último día de abril. Y esta vez hacer el trámite en el Legislativo sin violar el proceso, que fue lo que abrió la puerta a las impugnaciones.
Hay que recordar que la primera parte del plan b de López Obrador fue impugnado con un argumento fácil de entender: en cosa de tres horas los legisladores recibieron, analizaron y votaron un documento de más de 600 páginas, eso es humanamente imposible. El Legislativo puede votar en “fast track” en casos de emergencia (pandemia, desastre natural, etc.). La reforma electoral no era una emergencia. Lo que sucedió es que los legisladores del bloque oficial, al ver que perdieron la votación del cambio constitucional, en cuestión de minutos agarraron una iniciativa del presidente, le cambiaron el remitente para presentarla como si fuera de Morena, le agregaron dos parches para complacer a sus aliados PT y Verde, se brincaron el análisis y votación en comisiones, la subieron al pleno y la aprobaron.
Por este apresuramiento, la primera parte del plan b fue impugnada ante la Suprema Corte. El caso le tocó al ministro Arturo Pérez Dayán, quien otorgó la suspensión en lo que el pleno de los ministros le entra de lleno al asunto y vota. Esa votación es la que el gobierno quiere que suceda ya, a inicios de abril, porque calcula que la va a perder y su objetivo es que le dé tiempo de reponer el procedimiento impugnado antes de que termine el periodo ordinario de sesiones en el Congreso. ¿Por qué? Porque si la oposición se mantiene unida, el oficialismo no tiene los suficientes votos para convocar a un periodo extraordinario y el siguiente periodo ordinario es hasta septiembre, con lo cual, de aprobarse en esas fechas la reforma, ya no podría entrar en vigor para la elección del 2024 porque la ley marca que cualquier cambio tiene que aprobarse tres meses antes del inicio del proceso electoral, y no dan los tiempos.
Sin embargo, en la Corte —me dicen las fuentes— el ánimo es que esta primera parte del plan b será discutida y votada hasta la segunda quincena de abril. El obradorato vería frustrado su objetivo de resucitar el plan b.— México.
