Más señales alarmantes de López Obrador

El Presidente ya ha mandado muchas señales en este sentido. Hoy agrego una más.

López Obrador debió trasmitirle a Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico (una iniciativa de integración comercial conformada por Chile, Colombia, México y Perú) en diciembre pasado. El nuevo titular sería Pedro Castillo, todavía presidente peruano. Sin embargo, Castillo dio un autogolpe de Estado que resultó fallido y el Congreso lo depuso y arrestó.

La presidencia peruana la tomó la vicepresidenta Dina Boluarte. Desde el día uno de los acontecimientos, López Obrador criticó la separación del poder de Castillo y desconoció la legitimidad de Boluarte. Contrario al discurso de no involucrarse en asuntos de política interna de otros países, que utiliza cuando le conviene, el mandatario mexicano se metió hasta la cocina en los temas domésticos de Perú.

Obviamente, la postura de López Obrador produjo una reacción negativa en Lima. La relación bilateral se ha ido deteriorando al punto que la presidenta Boluarte declaró como persona non grata al embajador de México en Perú y ordenó el retiro de su propio embajador en nuestro país.

En esta coyuntura, el jefe del Ejecutivo mexicano decidió no entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú por considerar “espurio” al gobierno de Boluarte. Ése fue el adjetivo preciso que utilizó López Obrador.

Lo de la Alianza del Pacífico es una nimiedad en las relaciones multilaterales de México con otras naciones latinoamericanas. Aquí lo importante es que este asunto se cruzó en la disputa entre López Obrador y Boluarte. Eso en el ámbito internacional. 

Pero el tema, me parece, también tiene una lectura política nacional.

El Presidente de México se está arrogando el derecho de decidir quién es un gobernante legítimo y quién uno espurio. No importa lo que digan la Constitución y las instituciones encargadas de designar oficialmente a un mandatario. Bueno, pues lo que está haciendo López Obrador hoy al considerar fraudulenta a Boluarte y, por tal motivo, no entregarle la presidencia de una organización multilateral, podría hacerlo en 2024 si la oposición gana las elecciones presidenciales.

Diría, como ha dicho de la presidenta peruana, que el ganador es un títere, un pelele, de la oligarquía local, que lo único que quiere es saquear los bienes del país y, por tanto, no puede entregarle la Presidencia de México.

La pregunta es qué consecuencia tendría esto para la política nacional.

Formalmente, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corresponde emitir la constancia de “presidente electo” al ganador de los comicios. El día de la toma de posesión, el presidente debe presentarse al Congreso a rendir la protesta contenida en el Artículo 87 de la Constitución. De hecho, de acuerdo a expertos constitucionales, después de 2006, cuando López Obrador quiso impedir la toma de protesta de Calderón en el Congreso, el presidente entra automáticamente en funciones el primer minuto del día que toma posesión, aunque no haya protestado frente al Congreso.

Así que, por más que López Obrador no quiera entregar la Presidencia en 2024, basta que el TEPJF emita la constancia de ganador de las elecciones y el día de la toma de posesión el Presidente comience a gobernar, a pesar que el mandatario pasado lo desconozca.

Sin embargo, imaginemos el escenario de un presidente en funciones argumentando que su sucesor es un espurio y que, por tanto, no entregará la institución presidencial. Serían meses de gran conflicto e incertidumbre política. Algo así como el 2006, pero en esteroides, porque sería el mismísimo Presidente de México, con todo el poder que tiene, el que se arrogaría el derecho de declarar espurio a su sucesor y amagando con no cederle el poder.