José Buendía HegewischNúmero cero
La condena a García Luna en Brooklyn por narco es un mazazo a los gobiernos panistas que retumba en toda la clase política con un aire de mafiocracia por la forma de ejercer el poder. El golpe se extiende en la oposición como parte de la degradación política de los últimos gobiernos, en una conmoción que sólo se puede explicar cuando el voto de los ciudadanos pesa menos que la influencia de las mafias en el poder.
Así de fuerte y peligroso para una democracia que en pocos años observa el fallo de “traidor” al país estampado en la frente del máximo jefe de la policía de Calderón; que ve al expresidente panista y al priista Peña Nieto en exilios “dorados” por el temor a un reclamo de la justicia; al excandidato Ricardo Anaya evadido en EU mientras se le investiga en México o al extitular de la ACI, Tomás Zerón, prófugo por sus vínculos con el crimen de lesa humanidad en el caso Ayotzinapa. Todo habla de una lesión traumática que afecta las funciones del poder político y sacude a las instituciones.
Pero sería prematuro esperar que el veredicto sea un réquiem a pactos de impunidad que explican, por ejemplo, que ningún gobierno aquí haya juzgado a García Luna ni tampoco investigado a algún expresidente. Aunque el cerco se cierra sobre Calderón, que cada día tiene más dificultad para defender que no sabía nada de la implicación de su superpolicía en el Cártel del Pacífico, a pesar de su culpabilidad en un baño de sangre en el país y la crisis de desaparecidos en la guerra contra las drogas.
López Obrador ha jugado con enjuiciar expresidentes. Por un lado, convocar a una consulta y rechazar ser tapadera de nadie y, por otro, decirse no partidario de ello. El juicio de Brooklyn también es un terremoto para esos malabares de la política. En ese marco, se confirmó apenas hace unas semanas que sí hay investigaciones en México, pero el gobierno parece preferir que la justicia venga de afuera, aunque aquí también habrá un sismo en el mundo de la política.
¿Hay voluntad política y capacidad institucional para deshacer esas tramas si en la Fiscalía, desde Gertz, trabajaron con esos gobiernos? En contra de la opinión común, ninguna pregunta figura en el repertorio de la oposición, que opta por guardar silencio, como si fuera el derecho de un ofendido para no autoincriminarse. Pero no es prudencia, escucha o reflexión frente a los conflictos, sino el temor al estigma y al varapalo de las urnas, que no hace más que arrastrar al PAN y a sus aliados con ellos.
La condena contra el hombre que prometió limpiar a la policía del crimen tendría que ser un revulsivo para la oposición. Particularmente si los exmandatarios en tela de juicio son motores de ella, como Calderón, que hace unos días la llamó a reagruparse y reconstruir desde la reivindicación de la política de seguridad de su gobierno. La oposición dice defender a la democracia de ataques de López Obrador, pero ni una palabra del daño de la mayor evidencia de penetración del narco en ella salvo para declararse hostigada por el poder, como el exmandatario.
En esta sacudida, el gobierno de la 4T también se mueve en un doble dilema. El primero, entre acatar el voto anticorrupción de las urnas y el riesgo del crac de instituciones atrofiadas por la cobertura al delito. Y, segunda, por la disyuntiva entre la inacción ante una condena que salpica al país como una “narcodemocracia” y la tentativa de EU de erigirse en defensor de la justicia ante la penetración del crimen. Sobre las secuelas del fallo, el embajador Ken Salazar ha salido a reafirmar que, para su país, la búsqueda de justicia “es más fuerte que los intentos de criminales por quitar a la gente el buen gobierno que merece”.
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