¿El que a hierro mata?

Por varias semanas y a la nueva usanza: eventos transmitidos en internet bajo la excusa de ser vehículos de cercanía con sus gobernados y un ejercicio de rendición de cuentas. Así, Layda Sansores exhibió a sus adversarios. Y fue material producido con dolo y dramatismo telenovelero. El contexto con el que decidió rodearlos era digno del más burdo talk show. La política vuelta pleito de calle patrocinado por la gobernadora de Campeche.

Dice el refrán que “quien a hierro mata, a hierro muere”… y parece que es hora de Sansores. Le aplicaron una de su propia medicina. Las revelaciones fueron hechas en el noticiario estelar de Televisa, encabezado por Enrique Acevedo. Las imágenes hablan por sí solas: tres personajes, hoy en las filas de Morena, reciben fajos de billetes, un millón de pesos cada uno, todo dentro del Palacio de Gobierno del estado. Los hechos sucedieron en 2021, previo a la elección que dio por ganadora a Layda Sansores, cuando Carlos Miguel Aysa seguía al frente de la gubernatura. El momento quedó grabado: la misma oficina y el dinero acomodado de la misma forma. Lo que cambió aquí, precisó la pieza de Fátima Monterroso, fue el destino que cada uno de los involucrados le dio al efectivo. Raúl Pozos afirmó que los recursos fueron destinados a ayuda social; Rocío Abreu afirmó que seguramente fue para el pago de impuestos, no recordó bien… y Armando Toledo, bueno, él no ha dicho una palabra sobre el origen y destino de ese dinero.

¿Qué tiene que ver Layda con esto? Bueno, recuerda el reportaje que Pozos fue su operador político durante la campaña de 2021; Abreu ingresó a las filas de Morena en 2019, ya como senadora, y Toledo, jefe de la oficina de la gobernadora desde 2021. 

Mal, muy mal martes para la gobernadora de Campeche. Horas después de la difusión de este material, la actual alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, presentó siete denuncias contra la administración de su antecesora, justamente Sansores. Acusa que entre 2018 y 2021 se desviaron recursos en tres programas sociales por daños que ascienden a más de 70 millones de pesos; también que se firmaron tres contratos de adquisiciones y servicios que jamás cumplieron lo pactado o los bienes no llegaron a los destinatarios, todo por un monto cercano a los 40 millones; además, menciona también un convenio con una asociación civil con un daño superior a los ocho millones de pesos. Limón agregó que estas denuncias están acompañadas de 150 actas por irregularidades administrativas presentadas ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.