Pascal Beltrán del Río Bitácora del director
El lunes pasado, el gobierno federal impuso un arancel de 50% a la exportación de maíz blanco harinero con el objetivo de estabilizar el precio del insumo, base para la producción de la tortilla.
La medida entró en vigor de inmediato y durará hasta el 30 de junio. Con ella, se pretende garantizar un abasto suficiente del producto. Hasta el lunes pasado, el maíz blanco estaba exento de aranceles.
El gobierno ha estado muy preocupado por el aumento en el precio de los alimentos de la canasta básica, especialmente de la tortilla, cuyo promedio estaba en 18.70 pesos el kilo en enero de 2022 y un año después alcanza los 22.20 pesos, un aumento de 18.5 por ciento, más del doble de la inflación general.
Sin embargo, expertos consultados para la redacción de esta columna dudan que la imposición de un arancel pueda servir para contener ese incremento y más bien refleja un desconocimiento sobre cómo se compone el precio de la tortilla y cómo funciona el mercado.
Para comenzar, hay que decir que México es autosuficiente en maíz blanco, no así en maíz amarillo. El país produjo el año pasado 24 millones de toneladas del primero y tres millones del segundo. De los 24 millones de toneladas de maíz blanco, 18 millones se dedican al consumo humano, principalmente a través de la producción de tortillas y tamales. El resto es para el forraje, el autoconsumo, la siembra y la exportación.
Es verdad que México importa cerca de un millón de toneladas de maíz blanco, pero no porque no sea autosuficiente, sino por razones logísticas, para surtir a la península de Yucatán, pues resulta más barato traerlo del exterior. También se exportan los excedentes, sobre todo a países de Centroamérica y Venezuela. Esa exportación llegó a ser de 1.6 millones de toneladas en 2016, pero se ha reducido desde entonces. En 2022 fueron apenas 240 mil toneladas las que dejaron el país.
Poner un gravamen a una cantidad tan pequeña, equivalente al 1% de la producción nacional, no suena relevante. Y sin embargo, la medida podría generar incertidumbre a los productores, pues este año se espera una cosecha récord de maíz blanco, por las lluvias que cayeron la temporada pasada, me dijo Juan Carlos Anaya Castellanos, director general de la empresa Grupo Consultor en Mercados Agrícolas.
Es decir, no se requieren medidas para garantizar el abasto, pues, para ello, la producción nacional basta y sobra. Así que no se entiende la imposición de un arancel, que busca que no salga maíz blanco del país, a menos de que se trate de generar un exceso de oferta que haga que baje artificialmente el precio.
Esa intervención gubernamental en el mercado no sólo puede poner en aprietos a los productores, que ya hicieron cálculos con base en las ventas que esperan en México y el extranjero. También contribuirá a encarecer las compras de maíz blanco que se hacen desde Centroamérica.
Además, el arancel resulta incompatible con las obligaciones mexicanas en materia de comercio exterior y una contradicción con el discurso de nuestro país de apoyar el libre comercio.
Pero aún falta algo: el precio de la tortilla no sólo se compone del costo del maíz. Éste es apenas la tercera parte del total. En la cuenta hay que incluir el gas, la luz, el empaque y la logística.
En suma, el arancel poco tiene que ver con la economía. Más bien obedece al tipo de respuesta que el presidente Andrés Manuel López Obrador da a cualquier complicación con la que se topa: la política. El propósito de la medida es que, si sigue aumentado el precio de la tortilla, no lo volteen a ver a él.
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