En el más completo desaseo legislativo, sigue el proceso para aprobar la reforma electoral que desarticulará no sólo al INE, sino también al sistema nacional electoral, violando en forma reiterada la Constitución y con objetivos evidentes: uno, tratar de garantizar la impunidad en las campañas electorales adelantadas de los aspirantes de Morena, con funcionarios públicos que no podrán ser sancionados por actos adelantados de campaña (como los que ya están realizando, año y medio antes de los comicios); dos, no tener controles en los estados para la operación electoral y, tres, satisfacer tres pulsiones presidenciales: la venganza, la ambición y el miedo.

La venganza (“un objetivo injurioso antes que reparador”), porque el presidente López Obrador, que jamás en su carrera política ha aceptado una derrota (se fue del PRI en los años 80, ya que no fue candidato, nunca reconoció haber perdido en las dos elecciones de Tabasco que perdió ni aceptó su derrota en los comicios presidenciales de 2006 y en 2012), entre su lista de enemigos colocó a las autoridades electorales. Siempre ha dicho que le hicieron fraude (en todas las elecciones que perdió) y ahora se venga como para poder hacerlo él a sus opositores. Tan sencillo como eso. 

La ambición (“el deseo intenso y desordenado de conseguir algo, especialmente poder o riqueza”), porque no puede permitir que lo que considera un movimiento histórico y trascendente desde antes de comenzar a gobernar termine con una derrota electoral: lo suyo es un camino a los altares cívicos y, para eso, como sea, necesita ganar en 2024.

El miedo (“una reacción que se produce ante un peligro inminente”), porque los resultados de 2021 no garantizan el triunfo en 2024, la tan sonada popularidad presidencial, que no es mayor que la que tuvieron en su momento, en el cuarto año de gobierno, Zedillo, Fox o Calderón, tampoco. Necesita que en las campañas adelantadas la falta de control institucional permita que sus aspirantes no sean sancionados con la pérdida de la candidatura, aunque hayan utilizado para ello recursos públicos. Necesita adelantarse a sus adversarios, secarlos antes de que comience la verdadera campaña. Qué importa si se reducen los tiempos oficiales de campaña si los aspirantes oficialistas están en ella desde dos años antes.

Esa combinación de venganza, ambición y miedo es lo que marca esta reforma electoral, que viola, una y otra vez, la Constitución y desarticula el sistema electoral construido a lo largo de décadas.

No es aún, y como se ha dicho, una suerte de golpe de Estado. Todavía no. Pero crea las condiciones para imponerlo vía una elección fraudulenta en 2024. Crea las condiciones para perpetuarse en el poder con métodos muy similares a los que han utilizado la Venezuela de Nicolás Maduro, la Nicaragua de Daniel Ortega o la Hungría de Viktor Orbán. 

No estamos, insisto, aún en esa situación y existen todavía mecanismos institucionales que pueden frenar ese desarrollo. Más importante que nunca será, si finalmente se impone (como parece que ocurrirá en estas horas) todo el plan B sin moverle nada, como es el designio presidencial, la gestión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como han señalado expertos, legisladores y hasta el líder de la fracción de Morena en el senado, Ricardo Monreal, hay innumerables violaciones a la Constitución en este paquete de reforma de cerca de 450 artículos de diferentes leyes. Si se aprueba, la Suprema Corte tendrá que actuar rápido y anular las inconstitucionalidades para evitar que se contamine todo el proceso electoral de 2023 y 2024. Si cuando sea su oportunidad no lo hace, me temo que sí estaremos en los preámbulos de una ruptura institucional. Todo eso es lo que ha estado en juego en estas horas.

MONREAL

El todavía líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, cumplió con su palabra y no le dio su voto a la reforma electoral por sus violaciones evidentes a la Constitución. Eso lo honra. Pero también es un hecho que ése fue un gesto político personal, porque también decidió no ejercer todo su peso político para que otros senadores que lo apoyan y respaldan votaran en contra de esa reforma. Insinuó la ruptura y la dejó sobre la mesa, pero no la ejerció. Creo que, enalteciendo su voto, se quedó a mitad del camino.

EL GENERAL Y EL CORONEL

El secuestro del coronel José Isidro Grimaldo en los límites entre Jalisco y Zacatecas, atribuido por fuentes militares al Cártel del Noreste, luego de los duros golpes que éstos sufrieron por parte de fuerzas del Ejército, sobre todo las detenciones de sus líderes, El Huevo y El Negrolo, es una muestra más no sólo de la violencia que están dispuestos a ejercer los grupos criminales, sino también del empoderamiento de los mismos, de la forma en que están dispuestos a desafiar a las fuerzas del Estado. Un empoderamiento y un desafío que no veíamos en el pasado.

El coronel Grimaldo era jefe del 15 regimiento de caballería en Tamaulipas y participó activamente en las acciones que se realizaron contra ese grupo criminal en el estado en los últimos meses. Fue secuestrado muy lejos de allí, cuando, según se informó, estaba en unas vacaciones familiares. No lejos de donde fue secuestrado el coronel, hace menos de un mes, fue asesinado el general José Silvestre Urzúa, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas. Una semana después fue asesinado, en un crimen tramado desde el penal de Cieneguillas, el juez Roberto Elías Martínez. Son desafíos inadmisibles e inéditos al Estado. Pero en las mañaneras el enemigo es el INE.