Jorge Fernández Menéndez Razones
Vaya berrinche que hicieron en Palacio Nacional porque, como comentábamos ayer, Estados Unidos favoreció al candidato de Brasil para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, en lugar de a Gerardo Esquivel, el buen candidato de nuestro país. No se termina de entender que Brasil, independientemente de quien lo presida, es un rival geopolítico de México en América Latina y buena parte de esa confrontación pasa por el tipo de relación que se establece con Washington que es, por cierto, donde se financia y se decide sobre la presidencia del BID.
También decíamos ayer que la decisión del BID es una señal de cómo se ve la relación bilateral y cómo está la confianza del otro lado de la frontera. Y es difícil que hubiera otro resultado en el tema del BID, y en muchos otros, cuando hay tantos puntos de controversia entre México y Estados Unidos, pese a que tendríamos que tener una relación increíblemente más fluida entre los dos países. Desde los coqueteos con Trump hasta el desinterés en el medio ambiente, la ausencia del Ejecutivo en las cumbres presidenciales, la controversia en temas energéticos y comerciales y la seguridad regional, muchos son los temas en los que las agendas de Estados Unidos y México no coinciden.
Un tema que no es tomado en México con la importancia que merece es el del tráfico de fentanilo ilegal. Hace ya varios meses que desde el comando norte de las fuerzas armadas de la Unión Americana se advirtió que un 30 por ciento del territorio nacional no está bajo control de las autoridades. Uno de esos territorios es toda la zona de Tierra Caliente, que abarca parte de Michoacán, Guerrero y el Estado de México, controlada por grupos que tienen bajo control también el puerto de Lázaro Cárdenas, por donde ingresa buena parte del fentanilo ilegal que se termina comercializando en la Unión Americana.
El asesinato en octubre de más de 20 personas en San Miguel Totolapan, Guerrero, incluyendo al presidente municipal y a su padre, que antes había gobernado ese municipio, de siete policías municipales y de varios integrantes de las autodefensas, es un ejemplo claro de cómo se ha empoderado el crimen organizado de muchas zonas del país, ante una labor de contención de las autoridades federales y locales que parecen llegar siempre tarde, simplemente para reparar algunos de los daños.
Pero lo que ocurre en esa zona de Guerrero, en el sur del Estado de México (en el entorno de Valle de Bravo), en parte de Michoacán, incluso de Morelos, resulta mucho más grave. Toda la región sur del Edomex, desde Ixtapan de la Sal hasta Tejupilco, Tlatlaya, Luvianos, Zacualpan, Temascaltepec, Sultepec y, por supuesto, Valle de Bravo, es una zona en disputa, en la que también, sin duda, opera el crimen organizado con fines de narcotráfico, pero allí la extorsión, el cobro de piso y el secuestro son la norma y generan una expoliación constante de la sociedad, que se siente cada vez más indefensa. Fijan hasta el precio de las tortillas.
Los que controlan esa zona, son los sobrevivientes de la Familia Michoacana, encabezados por dos narcotraficantes, los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, apodados El Pez y El Fresa.
Cuando se dio la masacre, El Fresa subió a redes un largo video de diez minutos, vistiendo playera de marca y reloj de lujo, explicando que los habían intentado emboscar, pero que los suyos lograron sortear el ataque. Agregó que todos sabían que él vivía en esa comunidad, a unos metros de la presidencia municipal y que ahí seguía.
Ese video, destinado a los medios de comunicación, en realidad sirvió para ocultar que el grupo que encabezan El Pez y El Fresa es el que ordenó la masacre, que se vengaron del presidente municipal y de su gente, y esa idea se refuerza por el bloqueo que realizaron transportistas para impedir a las fuerzas de seguridad ingresar a la cabecera municipal durante más de cinco horas.
Aquella masacre sirvió para consolidar el control de esa organización criminal en la región y, por otra parte, para exhibir nuevamente los enormes márgenes de impunidad de la que gozan para operar en tres estados de la República. Pero no pasó nada: la fiscalía del Estado de México ofrece 500 mil pesos de recompensa por El Pez y El Fresa, una suma irrisoria si tomamos en cuenta que hablamos de dos de los criminales más poderosos y violentos en México.
El viernes, el Departamento del Tesoro de la Unión Americana colocó en la lista Kingpin de objetivos designados a los hermanos Hurtado Olascoaga, al mismo tiempo que otras autoridades de la Unión Americana han destacado el papel que la Nueva Familia tiene en el tráfico de fentanilo. Ese señalamiento es importante porque la denuncia constante, como ocurrió con la masacre de San Miguel Totolapan, es la impunidad con que actúan estos personajes y su organización en toda esa zona donde no sólo trafican, sino que extorsionan, roban e imponen, insistimos, hasta el precio de las tortillas. Y estamos hablando de áreas marginadas, pero también de zonas turísticas de enorme potencial, como Valle de Bravo, donde no hay negocio que no sea extorsionado por este grupo criminal.
Lo del BID es una señal, lo del Departamento del Tesoro con la Nueva Familia es otra. Pero parece que, de este lado de la frontera, no entendemos esos mensajes