Jorge Fernández Menéndez Razones
¿Por dónde empezar?, ¿por el asesinato de un alto funcionario de Puerto Vallarta que ahora, una vez asesinado, todos asumen que era parte del narcotráfico, aunque hasta el sábado aspiraba públicamente a ser candidato de Morena en Jalisco?, ¿por la deuda pública aprobada en la ley de ingresos del 2023, la más alta en la historia del país?, ¿o con Dos Bocas, ese paradigma del despilfarro, nuevamente inundada, como adelantaron que sucedería todos los especialistas importantes del país?, ¿o nos quedamos en la arena de la política con un secretario de Gobernación que asegura que los mexicanos del sur son más inteligentes que los del norte?
Comencemos por lo sucedido en Guadalajara: tercer enfrentamiento en la zona residencial de la capital tapatía a pleno día, donde resultan muertos el secretario de gobierno del municipio de Puerto Vallarta, Salvador Llamas, un exjefe policial que aparentemente trabajaba con él, uno de sus custodios y supuestamente uno de sus agresores. Llamas comía con el jefe policiaco y otra persona, que a mitad de la comida sacó una pistola y los mató. Afuera del restaurante tenían gente de apoyo que disparó contra sus custodios. Evidentemente, el funcionario conocía a quien lo mató, y se supone que era una reunión con un integrante del crimen organizado.
Pero más sospechosa fue la reacción de Morena ante el asesinato de uno de sus consejeros nacionales y aspirante a la candidatura a gobernador. No hubo declaraciones de los dirigentes, pero sectores de la oposición interna del propio partido, como John Ackerman, destacaron que Llamas era, en realidad, un narco metido en el partido. Nada de Mario Delgado o de Citlalli Hernández, contra quienes iban dirigidas las andanadas.
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Si eso lo cruzamos con uno de los documentos de Guacamaya, de inteligencia militar, que dice que el 85 por ciento de Jalisco está bajo control del Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha tejido una estrecha red que involucra fuerzas de seguridad locales, funcionarios municipales y estatales, y otro que identifica a los jefes policiales relacionados con el CJNG, tenemos una imagen de la profundidad de la crisis de seguridad en uno de los estados más importantes del país.
Vamos a la ley de ingresos. Dicen que el presupuesto (incluyendo la ley de ingresos que le da sustento) es política concentrada. La idea que nos da el paquete fiscal que se aprobó en la madrugada del viernes es, por lo menos, muy preocupante. El dinero no alcanza, aunque haya cifras de crecimiento (superiores a 3 por ciento) muy optimistas, que nadie más contempla, pero la deuda se eleva hasta un billón 176 mil millones de pesos. El presidente López Obrador dice una y otra vez que no ha aumentado la deuda, pero lo cierto es que sólo para el año próximo la deuda crecerá un 28.4 por ciento, y son cifras oficiales.
Mientras tanto, para pagar las obras faraónicas del sexenio, que es donde se va el grueso del dinero, se busca recortar todo tipo de programas, desaparecer instituciones e incluso se tomó una partida que es insignificante en términos fiscales, pero muy importante para la cultura. Hasta ahora, los libreros podían descontar un 8 por ciento de sus ventas de libros, revistas y periódicos. Ese beneficio también desapareció.
Se quiere desaparecer al INE, una de las instituciones emblemáticas del Estado mexicano, porque 14 mil millones destinados a organizar elecciones y mantener la credencial de elector es muy caro, pero las pérdidas de la CFE (que en 2017 tenía utilidades) suman 95 mil millones; en el AIFA se invirtieron 104 mil millones; las pérdidas de Pemex en 2021 fueron de poco más de 224 mil millones; al tren Maya ya se han destinado más de 300 mil millones; la cancelación del aeropuerto de Texcoco costó 331 mil millones y en Dos Bocas se llevan invertidos 360 mil millones… Y se inunda.