Leo Zuckermann Juegos de poder
La democratización en México se logró gracias al PRI. El otrora partido autoritario aceptó abrir el sistema político y permitir elecciones limpias. Sin su apoyo, hubiera sido difícil alcanzarlo. Los gobernantes priistas en los sexenios de Salinas y Zedillo tuvieron la altura de miras para entender que México ya no podía seguir bajo el dominio exclusivo del partido surgido de las cenizas de la Revolución.
En los gobiernos salinista y zedillista se dieron reformas que liberalizaron el régimen político. El punto culminante de la responsabilidad priista con la democratización fue durante la noche del dos de julio de 2000 cuando, primero, salió el presidente Zedillo a aceptar los resultados que antes había anunciado el Instituto Federal Electoral que le daban la victoria al candidato panista a la Presidencia, Vicente Fox. Acto seguido, apareció el candidato priista, Francisco Labastida, a reconocer su derrota.
Se dice fácil, pero el PRI –que primero dio su visto bueno para ciudadanizar al IFE, permitir la credencial de votar con fotografía y la insaculación de los funcionarios de las casillas, tres condiciones necesarias para tener una elección limpia– terminaba por levantarle el brazo al candidato opositor.
Mucho criticamos al PRI, pero yo siempre reconoceré que fue factor fundamental para democratizar al país. Si hoy tenemos una democracia es gracias a este partido.
Bueno, pues la supervivencia de dicha democracia depende, de nuevo, del PRI.
Un tricolor disminuido, en el peor momento de su historia, tiene los votos suficientes en el Congreso para aprobar o bloquear una reforma constitucional que cambiaría las reglas electorales en México.
López Obrador y los partidos que lo apoyan (Morena, PT y Verde) pretenden sacar adelante una reforma constitucional que debilitaría la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Quieren inclinar la cancha a su favor. La vieja historia mexicana de atrapar al árbitro electoral para asegurar victorias contundentes.
El PRI puede apoyar este esfuerzo o rechazarlo. Si se alía a Morena, se corre el riesgo que INE y TEPJF acaben siendo controlados por el gobierno de López Obrador.
El Presidente está proponiendo que todos los consejeros y magistrados se elijan por medio del voto popular. Pero no todos los ciudadanos podrían ser aspirantes. Cada uno de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) presentaría una lista de 20 candidatos para consejeros y 20 magistrados. Luego, los 60 aspirantes para el INE y los 60 para el TEPJN se votarían en una elección nacional.
Los 40 (20 y 20) que propondría el Presidente potencialmente serían todos personajes cercanos a Morena. En cuanto al Legislativo, si las dos listas de consejeros y magistrados se votaran por mayoría absoluta, Morena y aliados meterían a personas identificadas con ellos.
Quedaría el tercio de las listas de candidatos del Judicial. Quizá ahí encontraríamos una mayor presencia de gente más independiente, por ser este Poder el menos controlado por los partidos.
Así, en el mejor de los casos, dos terceras partes de las personas que estarían en la boleta a consideración del electorado serían candidatos cercanos a Morena y sus aliados. Habría un peligroso sesgo en las listas.