La caja de Pandora

Abrir la reforma electoral constitucional es abrir la posibilidad de una regresión. El 15 de noviembre de este año es la fecha límite para que esto ocurra. No sabemos si es cierto que el secretario de Gobernación realmente tiene en puerta un arreglo político con el PRI que le permitiría sacar adelante una reforma constitucional como lo hizo con la de la Guardia Nacional. Lo que sí sabemos es que, de lograrlo, López Obrador coronaría su irrefrenable deseo de mostrar que él manda. No salió la reforma constitucional energética, pero, como él mismo dice, con la ley eléctrica avalada por la Corte basta para sus propósitos. Lo que también sabemos es que la reforma electoral constitucional requiere de los votos del PRI para ser aprobada.

Es incierto que el líder del PRI haya empeñado su palabra con el secretario de Gobernación. No tendría por qué haberlo hecho. Siendo un político pragmático y avezado sabe que tiene más que perder, que la reforma favorecería al partido oficial, que implicaría una regresión democrática y que daría al traste con la posible alianza. 

Pero, curiosamente, hoy por hoy, el punto más importante no es el contenido de la reforma electoral anunciada por el Presidente el 28 de abril pasado. El punto central es abrir una reforma constitucional en los momentos por los que atraviesa el país.

Aquí algunas de las razones:

Uno. El contexto de polarización en el que se encuentra la política mexicana simplemente no es un contexto apropiado para hacerlo. Durante todo su sexenio, el Presidente se ha encargado de polarizar la política a extremos no vistos en la etapa democrática que comenzó a gestarse en el país desde 1978; se ha negado de manera sistemática a hablar con los líderes partidarios o los legisladores de oposición; ha demostrado no creer en el diálogo plural como instrumento indispensable de la democracia y ha sustituido la política de la negociación por la política de extorsión para lograr sus propósitos. A este contexto adverso para una reforma constitucional hay que añadir la aversión del Presidente al INE, al Tribunal Electoral y a sus consejeros y magistrados. Recordemos que no le gustan los contrapesos y ha hecho lo posible por desaparecerlos, capturarlos, desacreditarlos y estrangularlos, financieramente hablando.

Dos. Más que ninguna otra, una reforma electoral requiere del consenso cuando no de la cuasi unanimidad de las fuerzas representadas en el Congreso. De la aceptación y conformidad de los partidos con una eventual reforma electoral, depende la legitimidad y el éxito de las elecciones. Una reforma impuesta desde las alturas es el mejor camino hacia el fracaso. La reforma, seguramente, acabaría impugnada en la Suprema Corte. 

Tres. La lógica y experiencia políticas indican que nuevas reglas del juego democrático no deben probarse en una elección general o presidencial. El sistema electoral mexicano tiene la ventaja de tener elecciones concurrentes (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo) cada seis años y elecciones intermedias cada tres años. Las “mejores prácticas” sugieren que una reforma de cierta envergadura debe probarse en las intermedias, para no experimentar y arriesgarse a que la elección presidencial sea cuestionada. 

Cuatro. La iniciativa proviene del Ejecutivo (cuestión de por sí inusual) y, ya se sabe, su titular se ha caracterizado por la intransigencia e imposición a cualquier costo.

Cinco. Dada la distribución del poder político en el Congreso, los partidos de oposición llevan las de perder. Entrar a un proceso de tú me das la disminución del número de consejeros, su método de nombramiento y la desaparición de los OPLE, pero yo te doy un sistema de mayor proporcionalidad (por dar un ejemplo) va a terminar en un adefesio. Aquí sí, el contenido de la iniciativa de reforma importa y la de López Obrador tiene contenidos regresivos desde un punto de vista democrático y favorables a la permanencia de su partido en el poder.

Las disposiciones electorales vigentes son, desde luego, perfectibles y hay espacio de mejora, pero han demostrado ser adecuadas y efectivas en términos de la credibilidad ciudadana en sus autoridades electorales y de los resultados de las elecciones.

Seis. Cualquier partido de la oposición que se preste a la maniobra quedaría debilitado y se disminuirían seriamente las posibilidades de concretar la coalición hasta ahora conocida como Va por México. Desaparecería la posibilidad de que la oposición fuera verdaderamente competitiva y tuviera al alcance el triunfo en 2024.

Morena puede intentar pasar una reforma a la Ley Electoral que no sea constitucional. No necesita los votos de la oposición. Se puede hacer daño por esta vía, pero sería menor que por la vía constitucional.

Corolario: La oposición no debe abrir la caja de Pandora de una reforma constitucional electoral. Se estaría dando un balazo en el pie.