Jorge Fernández Menéndez
La renuncia de Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía es una más que marca el abandono progresivo del gobierno de todos los funcionarios considerados moderados por las alas radicales de la 4T. Quedan muy pocos en posiciones de poder, probablemente los dos más destacados, con una agenda puesta en el 2024, son el canciller Marcelo Ebrard y el líder del Senado, Ricardo Monreal, y quizás el secretario de Hacienda (que dicen que ya ha presentado en más de una ocasión su renuncia), Rogelio Ramírez de la O, las demás posiciones son cubiertas por personajes, como la nueva secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, con un perfil cada vez más bajo, con designaciones basadas casi exclusivamente en una mal llamada lealtad al presidente López Obrador.
La lealtad y la obsecuencia son diferentes. En la lealtad también existen límites que pasan generalmente por los criterios morales y éticos y, en el caso del poder, también por las políticas que benefician o no a una nación. Nadie podría negarle a Tatiana Clouthier que no haya sido leal al presidente López Obrador: lo fue hasta el exceso. Fue una coordinadora de campaña virtual a la que muy poco tomó en cuenta el entonces candidato, no se le ofreció ninguna posición central en el primer gabinete presidencial, y prefirió quedar como diputada y tampoco se le dio un cargo en la Cámara baja acorde a la posición que ocupaba en la campaña.
Cuando se va Alfonso Romo de la oficina de la Presidencia y Graciela Márquez, la secretaria de Economía, comienza a tener diferencias con otros funcionarios del gabinete, una salida emergente para mantener la relación con empresarios fue la llegada de Tatiana a la secretaría. Pero tampoco entonces tuvo el control real del sector. Sucedió como con Romo, Márquez, Carlos Urzúa, Arturo Herrera, entre otros, las diferencias respecto a las decisiones políticas en el área económica y financiera con el Presidente de la República se hicieron cada vez más públicas y, sobre todo en la política energética, terminaron haciéndose insostenibles.
El presidente López Obrador, escoltado por Rocío Nahle y Manuel Bartlett, apuesta a la contrarreforma energética a partir de convicciones ideológicas anacrónicas y que no están relacionadas con la realidad actual. No es una casualidad que Clouthier renunciara, como destacó Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, el mismo día que se cumple el plazo para decidir si se instala el panel para resolver las denuncias sobre presuntas violaciones de México al T-MEC en la industria eléctrica y energética. Hubo 75 días de negociaciones para que el gobierno de México se pusiera de acuerdo con los de Estados Unidos y Canadá, y si nos atenemos a las declaraciones públicas, eso no sucederá. Instalado ese panel de controversias, las sanciones a México le podrían costar al país cerca de 25 mil millones de dólares en aranceles, porque resulta evidente que no se ha respetado el T-MEC.
La negociación de esos temas pasaba, se dijo, por Marcelo Ebrard y por Tatiana, pero en los hechos los acuerdos que éstos pudieron alcanzar, con Clouthier en una posición cada vez más alejada de las negociaciones en sí, no fueron refrendados por Palacio Nacional. En la última visita del secretario de Estado de EU, Antony Blinken, se celebró la disposición de la Casa Blanca de hacer partícipe a México de los programas de la administración Biden de cambio energético, con un papel muy destacado de México en la producción de automóviles eléctricos y en la producción de microprocesadores, con la posibilidad de contar con muy fuertes inversiones en el sector, y también en el plan antiinflacionario que impulsa Biden, que podría ser muy importante para la participación bilateral en diversos sectores económicos. Estamos hablando de la posibilidad de inversiones por miles de millones de dólares.
Lo que no se destacó públicamente ni se asumió en términos políticos, es que esas ofertas iban de la mano con la política energética: el gobierno de Biden, que tiene como uno de sus ejes la lucha contra el cambio climático y la reestructuración energética del país, no podía aceptar que se violara el T-MEC en ese ámbito y, con ello, los derechos adquiridos por sus empresas en México, tampoco invertir en un socio que no respeta acuerdos y que va en el sentido contrario en el ámbito energético.
No es nuevo, y tampoco ocurrió sólo con Biden: cuando el presidente López Obrador visitó en la Casa Blanca a Donald Trump, el único pedido explícito que hicieron funcionarios y empresarios de la Unión Americana al Presidente y su comitiva fue “respeten los compromisos” del T-MEC, respeten las inversiones en el terreno energético y los términos en que se han realizado. Desde entonces, legisladores demócratas y republicanos han insistido una y otra vez en el tema, lo mismo que la oficina comercial de la Casa Blanca. Llegar al panel de controversias es una pésima noticia, y la salida de Clouthier es un síntoma más de que no habrá cambios en la política energética anunciada por López Obrador. Y llegarán las sanciones.
Pero los costos serán altísimos, tan altos como el creciente despropósito que significa la construcción de la refinería de Dos Bocas, que ya va por los 26 mil millones de dólares, que ya fue “inaugurada”, pero está lejos de estar terminada y no entrará en operaciones, con suerte, hasta el 2024. Con un problema adicional, que irá de la mano con el avance del panel de controversias: las denuncias que surgen desde dentro del propio gobierno de un pésimo y sospechoso manejo de los recursos en su construcción. El tema estallará más temprano que tarde.
