No es penoso, es político

Cuentan que al ejecutar la orden aprehensión del exprocurador Murillo Karam e intentar leerle sus derechos, el agente judicial no los pudo recordar de memoria. Avergonzado, el agente le dijo: “es penoso”. Murillo Karam le respondió con una verdad de a kilo: “no es penoso, es político”. Reporta la prensa que, posteriormente, el juez de control reprendió a los representantes de la FGR durante la audiencia inicial del proceso que se lleva a cabo en el Reclusorio Norte: “Hay un desorden, no vienen debidamente preparados, a la siguiente voy a requerir a sus superiores jerárquicos”. La fiscal —Lidia Bustamante— señaló: “Una disculpa, no venía preparada con todos los tomos”.

En el caso de Ayotzinapa, concuerdo con el presidente López Obrador en que debe tenerse en cuenta que son dos acciones. La primera tiene que ver con la muy lamentable desaparición de los 43 estudiantes y los responsables de ella. La segunda con la actitud de las autoridades y cómo se pusieron de acuerdo para ocultar los hechos. Ambos son delitos gravísimos, ambos merecen la imposición de penas considerables, pero cada uno es de naturaleza muy distinta. Una cosa es mandar a desaparecer —y casi seguro a asesinar— a 43 estudiantes y, otra, encubrir la verdad.

Hasta el momento, al exprocurador y a otras autoridades federales se les había imputado, el hecho de haber obstruido la justicia a través del montaje que se ha dado en llamar “la verdad histórica” y que habría consistido en la alteración y manipulación premeditadas de evidencia. Ahora se ejecuta su captura culpándolo no sólo de ese delito, sino de tortura y desaparición forzada.

En lo que no concuerdo con el presidente López Obrador es en que estamos en una “situación inédita, porque se pensaba que quienes cometían delitos en nombre del Estado gozaban de impunidad, pero eso se terminó”. Suena muy impresionante que la Policía Federal Ministerial haya cumplimentado la orden de aprehensión contra el exprocurador. Veremos qué pasa hoy a raíz de la nueva audiencia. Pero en México, sobre todo en la última década, se han detenido a decenas de funcionarios públicos que cometieron o se les acusó de haber cometido algún delito. El problema es que, en su gran mayoría, han sido actos políticos y no actos de justicia. En su gran mayoría no se ha respetado el debido proceso. Lo verdaderamente inédito sería que a los funcionarios se les siguiera un proceso judicial sin tintes de venganza política y midiéndolos con la misma vara. La “justicia” ha sido benévola en algunos casos y, ruda, en otros, como en el caso de Rosario Robles, a quien se mantuvo en prisión por tres años sin sentencia cuando podía haber llevado su juicio en libertad.

Que quede claro, estoy porque se juzgue y se castigue a quienes perpetraron la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y, si fue el caso, a quienes frustraron, en su momento, las líneas de investigación para dar con ellos, “vivos o muertos”. El punto es si después de cuatro años estamos más cerca de la verdad y si ahora sí, se hará justicia. Pareciera que ni lo uno ni lo otro.

El camino parece más político que promisorio de justicia. Más de lo mismo —venganzas sexenales— que de otra cosa. La sucesión de hechos habla por sí misma. A punto de cumplirse los ocho años de la desaparición, el subsecretario de derechos humanos, presenta el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia que contiene las indagatorias; el 19 los padres de los desaparecidos cuestionan la “nueva verdad” argumentando —paradójicamente igual que Murillo— que “es una posición política de gobierno que quiere hacer ver que ya cumplieron… pero dista mucho de llegar a esos niveles de esclarecimiento”; en la tarde del mismo día detienen al exprocurador; horas después anuncia la Fiscalía que libró 83 órdenes de aprehensión contra mandos militares y personal de tropa en Iguala, contra autoridades administrativas y judiciales, contra policías municipales y del estado y contra 14 integrantes del grupo Guerreros Unidos. Todo durante la mayor crisis de inseguridad que se ha vivido en el sexenio. Todo esto apunta a un móvil político lo cual, insisto, no es un llamado a la impunidad.

Igualmente “extraño” es que, salvo en el caso de Murillo Karam, ninguna otra orden de aprehensión se ha cumplimentado. Ni siquiera el de los supuestos responsables (Guerreros Unidos) de la desaparición. ¿Vendrán?

Es de “extrañar” también, que, a pesar de que se han documentado decenas de actos de corrupción en este sexenio, no se ha llevado a la justicia a ningún alto funcionario. Y vaya que se han documentado muchos. Entre ellos, el de la nueva Estafa Maestra: Segalmex.