18 de Enero de 2016

Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, y exdirigente nacional del PRI, fue aprehendido en España, por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación criminal.

A través de una orden de la Fiscalía Anticorrupción española, este político es detenido y encarcelado, como resultado de la labor de inteligencia de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que detectó movimientos irregulares en sus cuentas bancarias en aquel país. 

Este hecho manda una señal clara: los funcionarios  mexicanos corruptos sólo son solapados en su país. 

La gran pregunta es ¿por qué allá sí los agarran y acá no? ¿por qué tiene que ser España quien persiga la corrupción en México y no el gobierno mexicano? ¿Por qué no somos capaces de hacer justicia aquí, y dejamos que otros desempeñen esa función? Esto sólo puede explicarse por dos razones: la complicidad y la falta de voluntad política.

 El tuit de la policía española #MisionCumplida, exhibe nuevamente, ante los ojos del mundo, una misión  incumplida por parte de las autoridades mexicanas. Queda evidenciada la profunda debilidad de nuestro sistema político y aparato de justicia, para contener los abusos sistémicos en que se nutren las élites del poder. 

Mientras tanto, el gobierno federal guarda silencio, y sigue empeñado en promover trilladamente los beneficios de las reformas estructurales. No entiende que éstas no detonarán el desarrollo, hasta que el propio gobierno comprenda que su principal misión, en este momento de crisis, es combatir la corrupción y garantizar el Estado de derecho.  

Las reformas estructurales cambian leyes, pero esas leyes no se cumplen, porque tenemos récords internacionales de impunidad y corrupción. Escándaloscomo la fuga de El Chapo y ahora Moreira, tienen su origen en estos males.

En México, los ciudadanos son testigos del abuso y las redes de complicidad todos los días, mientras que en Estados Unidos y España nos corrigen dramáticamente la plana, al generar investigaciones serias de delitos financieros que apuntan a delincuentes que se disfrazan de políticos.

Hoy nos encontramos en el proceso de elaboración de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, para arrancar a la brevedad con su operación y atajar, de manera coordinada y efectiva, este flagelo. Aunada a la ley que regule al sistema, la ley de obra pública es prioritaria, para cerrar las enormes fortunas que el famoso “diezmo” genera tanto en el orden federal, como estatal y municipal.

Aunado a lo anterior, el caso Moreira pone en la mesa, nuevamente, la importancia de regular la contratación de deuda pública. Si bien, hoy se le detuvo por lavado de dinero, recordemos que como gobernador incrementó la deuda de Coahuila en más de 112 veces, pasando de 323 millones de pesos en 2005 a 36,675.8 millones de pesos a septiembre de 2011. Seguramente parte de ese dinero y los “diezmos” de la obra pública coahuilense son objeto de su detención en España.

Coahuila no es el único caso de endeudamiento estatal poco transparente. Ahí está el caso de Veracruz, que con Javier Duarte duplicó la deuda, de 21 mil 874 millones de pesos al inicio de su administración en el 2010, a 44,470.8 millones de pesos en el 2015. Desafortunadamente, este problema prevalece en muchas otras entidades federativas y el riesgo de situaciones de corrupción similares es latente.

Por ello, este periodo que arranca en el Senado, será prioritario cerrar las puertas a estos excesos, a través de la Ley de Responsabilidad Fiscal de Presupuesto y Deuda Pública, con el objetivo de regular la deuda gubernamental, especialmente a nivel estatal y municipal, y brindarle nuevas atribuciones a la Cámara alta para aprobar niveles de endeudamiento.

Es urgente convocar a un pacto de “integridad” al más alto nivel. De otra forma, los cambios legales seguirán como letra muerta, y tristemente nuestro principal producto de exportación al mundo seguirá siendo la imagen de impunidad, las burlas a los tuits de #MisiónCumplida o la telenovela entre Kate y El Chapo