ESCRITO POR ÁLVARO ARAGÓN AYALA · 8 DE ENERO DE 2016
El alcalde de Ahome ante un posible desafuero
Interrogantes tras la captura….
¿Va a ser llamado o no a declarar a la Procuraduría General de la República el alcalde de Ahome, Sinaloa, Arturo Duarte García, en torno a la presencia de Joaquín –El Chapo- Guzmán Loera en Los Mochis? ¿Le abrirán o no las autoridades federales una “investigación especial”? ¿Qué papel juega en este entramado el presidente municipal de facto del Ayuntamiento, Álvaro Ruelas Echave, quien constantemente se vanagloriaba de tener bajo control todos los mandos policiacos de Ahome?
Saltan las preguntas, las acusaciones y las reflexiones. El cruce de opiniones es una “epidemia comunicativa” en los cafés, en los hogares, en los mentideros políticos de Ahome y de Sinaloa.
La discusión surgió luego del enfrentamiento a balazos que culminó con la captura de Joaquín Guzmán Loera, en medio de un espectacular mega-operativo de la Marina y del Ejército Mexicano en Los Mochis, municipio de Ahome, jurisdicción en la que en los dos años de gobierno de Arturo Duarte han aumentado las ejecuciones, levantones y desapariciones, cubiertos por el aparente “control” de los medios y de compra de espacios publicitarios propagandísticos para el glamour personal o para la proyección política electoral.
Que no vengan ahora con el cuento del Mando Único. Los jefes policiacos de Ahome sostenían a diario, en la mañana y en la tarde, reuniones con el secretario del ayuntamiento (alcalde de facto), Álvaro Ruelas, para “ver” los partes informativos del día y la noche y analizar el rumbo de los operativos supuestamente para brindar seguridad a la población y evitar la presencia en el municipio de grupos delictivos.
La policía no es una estructura aislada del mando del alcalde Arturo Duarte ni de su “secretario”, y, por supuesto, no es ajena a la vida de los ahomenses ni a sus necesidades. Es un ente creado para procurar dar y tener seguridad en la vida cotidiana.
El “nuevo concepto”, que en realidad es una tesis vieja y que en la práctica se traduce en realidad, es que las autoridades locales comparten las responsabilidades con las autoridades federales en materia de seguridad pública y ciudadana. En México los alcaldes y gobernadores tienen responsabilidades constitucionales y legales en materia de seguridad humana (ojo con el nuevo concepto). Si se entiende entonces que “las personas son la verdadera riqueza de un municipio, estado o nación”, la búsqueda de la seguridad humana se basada en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y del estado de derecho, proporcionando al individuo condiciones adecuadas para su desarrollo personal, familiar y social.
De esta forma, en México y en el mundo la seguridad es considerada como un asunto relacionado directamente con el respeto por la vida y la dignidad, que incluye la seguridad económica, alimentaría, sanitaria, medioambiental, personal, comunitaria y política, dimensiones relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La seguridad es una creación cultural que hoy día implica una forma igualitaria (no jerárquica) de sociabilidad, un ámbito compartido libremente por todos. Esta forma de trato civilizado representa el fundamento para que cada persona pueda desplegar su subjetividad en interacción con los demás. De esta manera, frente a los hechos que afectan la seguridad de los ciudadanos está en juego no sólo la vida de la persona individual, sino igualmente la de la sociedad.
¿Ha cumplido o no entonces el alcalde Arturo Duarte García y su “operador político”, Álvaro Ruelas Echave, con llevar seguridad pública al municipio que aparentemente gobiernan? ¿Cómo van a justificar ante los ciudadanos la presencia de Joaquín Guzmán Loera en Los Mochis, su movilización por las calles, y su manutención alimentaria, su estancia en una residencia, en una ciudad, que según ellos garantiza niveles óptimos para la seguridad personal y la inversión? ¿Cómo convencer a la población que el grupo de delictivo nunca fue visto por la policía preventiva ni grabado por las cámaras de “vigilancia” ni siguiera por los llamados cinemómetros, instalados para grabar e infraccionar-asaltar a los automovilistas?
El 30 octubre del 2015 el presidente Enrique Peña Nieto en la clausura de la Conferencia Anual de Municipios de México (CONAMM), realizada en Chihuahua, aseguró que en materia de seguridad pública, no se vale que los gobiernos y autoridades municipales “naden de a muertito”, o evadiendo su responsabilidad bajo el pretexto de no tener los recursos o las capacidades suficientes.
En aquel acto que se realizó en la explanada del Centro de Justicia inaugurado, Peña Nieto también les dijo a los alcaldes: “el espacio de servicio municipal y cualquier otro, no son peldaños para escalar en trayectorias personales, son espacios de privilegio para servir a la sociedad que nos ha depositado su confianza”.
Así, Arturo Duarte García y Álvaro Ruelas, están obligados a comparecer ante la Procuraduría General de la República para que aporten datos en torno a la presencia de Joaquín Guzmán en Los Mochis, bajo la tesis jurídica de que toda persona o funcionario están obligados a aportar información, si la poseen, para el esclarecimientos de sucesos del orden penal; o bien porque pudieron haber incurrido en un delito por omisión o acción o caído en actos de complicidad, indiferencia o simulación en el ejercicio de sus funciones, que pudieran ocasionar primero el virtual desafuero del presidente municipal y después su consignación penal junto con su secretario del ayuntamiento.
Sobre el presidente municipal pesan denuncias de abandono del servicio público, dedicarse a viajar, a dilapidar los recursos municipales, a crear negocios privados sostenidos con el erario, vía la concesión en la prestación de servicios, y de usar la policía para intimidar a sus opositores políticos y reprimir a la población que se manifiesta contra atropellos. Cuatro de los negocios apuntalados por Arturo Duarte y operados por Álvaro Ruelas son la renta de patrullas a un particular; el alquiler de lámparas Led; el cobro del Impuesto Predial por parte de un particular y la cesión a un particular, también, del cobro de infracciones automovilisticas electrónicas o videograbadas.
El alcalde Arturo Duarte no gobierna, entonces. Tampoco lo hace Álvaro Ruelas, más bien administran sus negocios que aparecen a nombre de otras personas. La pregunta es si la entrada o salida, la movilización o instancia de grupos delictivos en el municipio de Ahome, es también para la autoridad municipal un negocio del que habrían de estar sacando dividendos.
Es responsabilidad de la PGR despejar o aclarar esta y otras interrogantes…