Por Luis Pazos
Los sindicatos son organizaciones generalmente de trabajadores, aunque también de profesionales o empresarios, cuyo objetivo es defender sus intereses, orientar y capacitar a sus miembros.
Esos sindicatos o grupos intermedios son parte de las democracias y sociedades libres; sin embargo, en muchos países degeneran en organizaciones que, con base en privilegios gubernamentales, monopolizan el ingreso para laborar en empresas y dependencias del gobierno. Extorsionan a los trabajadores a cambio de una plaza o los utilizan de acuerdo con partidos políticos para promover el voto.
El fascismo, cuya fuerza se basa en el control político de grupos intermedios para llegar y mantener el poder, fue el esquema que en Argentina utilizaron los peronistas para gobernar durante casi todo el siglo XX y hasta el 2015. Ese sistema es la principal causa de la crónica crisis económica y social en ese país.
En 1928, Plutarco Elías Calles, admirador de Mussolini, funda el PNR, que posteriormente cambia de nombre a PRI. Hasta los años 70 el PRI prácticamente no tenía ciudadanos afiliados, solo sindicatos, centrales campesinas y grupos organizados, quienes les aseguraban votos a cambio de privilegios, subsidios, diputaciones o altos puestos en el gobierno federal. El sindicato de maestros, de Pemex, de burócratas, del Seguro social, de la Comisión Federal de Electricidad, de ferrocarrileros, la Central Nacional Campesina (CNC) y la CTM, entre otros grupos, intercambian prebendas, como el monopolio de decidir quién entra a trabajar en las empresas o instituciones gubernamentales, a cambio de subordinación y apoyo político. Los crecientes costos generados por los privilegios otorgados a los sindicatos y su progresivo poder hicieron insostenibles los gastos, pensiones e ineficiencias de esos grupos. Algunos se convirtieron en Frankensteins: sus creadores ya no los pudieron controlar.
El encarcelamiento de algunos líderes, como la Quina o Elba Esther Gordillo, no fue solo por corrupción, sino por enfrentar a sus creadores. Ese sindicalismo, todavía vivo en varias empresas estatales y sectores gubernamentales, es una de las causas de ineficiencia, pensiones excesivas y pasivos laborales impagables, que cada día absorben un mayor porcentaje del gasto público y hacen necesario que los ciudadanos productivos paguen más impuestos para mantenerlos.