22 de Abril de 2017

Ahora que Javier Duarte encarna el mal de una generación de gobernadores que se pasó de la raya, es necesario comprender que sus corruptelas fueron posibles, gracias al silencio cómplice de un andamiaje político que otorga y quita impunidad.

En el caso del exmandatario de Veracruz, el cobijo del gobierno federal se dio, en entrada, desde la Secretaría de Hacienda, donde no tenemos noticia que se hayan investigado las transferencias ilícitas de esa administración estatal.

Es digna de subrayarse la batalla de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas (PAN) en la pasada Legislatura. Fue la primera en hablar de la desesperación de los presidentes municipales porque el gobernador violaba a todas luces la Ley de Coordinación Fiscal al retener sus respectivos financiamientos.

Como no era de la burbuja panista, ocupada en los cabildeos del Pacto por México, la legisladora buscaba con dificultades abrirse camino en los medios para difundir su alerta. Y es que en Veracruz la transferencia que debía hacerse en cinco días mínimo de la cuenta estatal a las municipales, llegó a tardar hasta un año.

La diputada Dunyaska prendió la señal de alarma cuando la administración de Duarte no pagó el ISR de la Universidad Veracruzana. Y la Secretaría de Hacienda, en manos de Luis Videgaray, fue omisa. Y ese silencio abonó en la complicidad.

Por eso Javier Duarte se siguió de largo. Porque nadie le puso un alto. “¿Por qué cuando un empresario hace un movimiento raro, le ponen lupa y aquí no pasa nada?”, lamentaba la legisladora. La duda era y sigue siendo pertinente porque los desvíos se acumularon hasta llegar a la escandalosa cantidad de 35 mil millones de pesos, según las indagaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Integrante de la Comisión de Vigilancia y Auditoría en la LXII Legislatura (2012-2015), la veracruzana impulsó medidas para transparentar la deuda de los estados. Y puso el dedo en la llaga: ¿Dónde está la Comisión Nacional Bancaria y de Valores frente a los movimientos anómalos de los gobiernos estatales?

Recuerdo la frustración de la diputada Dunyaska en 2014, el día en que se presentó la Cuenta Anual del año anterior. Las recomendaciones difundidas por la ASF no le daban a la entidad el tono de escándalo que ameritaba.

Y en una de esas anécdotas que muestran la complicidad en las formas de la clase política, Duarte invitó a Veracruz en esos días al presidente de la Comisión de Vigilancia y Auditoría, el diputado por el PRD José Luis Muñoz Soria. La prensa local difundió el encuentro. Era la manera en que el gobernador se reía de sus críticos.

Metido en las leyes secundarias de la Reforma Energética, el Congreso no hizo valer su papel de contrapeso frente al desorden financiero que se vivía en Veracruz. Pero en los pasillos de San Lázaro se hablaba de lo insoportable que se había vuelto hasta para los priistas el gobierno de Duarte. Sin embargo, la línea gubernamental y del partido era defenderlo. Sí, la impunidad como estrategia.

Aunque hay que aclarar que el entonces coordinador de los diputados, Manlio Fabio Beltrones, siempre se cuidó de no ser quien diera la cara por el veracruzano, sus paisanos tricolores defendían en público lo que decían aborrecer en privado.  

El diputado Juan Bueno Torio (PAN) fue también clave en la denuncia del saqueo que representó para su entidad la famosa “licuadora”, una cuenta concentrada en la que Duarte sumó todos los recursos federales, mismos que se manejaban discrecionalmente, incluyendo el pago de publicidad en medios.

Hacia el final de la Legislatura, cuando el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, aún no transmitía su preocupación y ocupación por la tragedia veracruzana, la solitaria tarea de Dunyaska se vio reforzada por su paisano Danner González, quien en 2015 no desaprovechó su corta estancia de diputado suplente para reclamar la acción penal por las irregularidades detectadas en 2013.

En abril de hace dos años, el legislador de Movimiento Ciudadano alertó de la urgencia de que el auditor presionara a la PGR para evitar lo que finalmente sucedió: el gobierno y el PRI se hicieron de la vista gorda para que los cómplices de Duarte obtuvieran fuero en San Lázaro: Tarek Abdalá, Adolfo Mota, Alberto Silva y Edgar Spinoso.

Cuenta la ahora diputada local que en el toma y daca con Duarte, el auditor Portal se asombró cuando vio que el gobierno veracruzano había repuesto parte de los millones faltantes. “No se confié, pronto lo volverán a sacar”, le alertó la panista. Y así sucedió. Vino en seguida la indagación a detalle de las transferencias electrónicas y la denuncia ante una PGR que tuvo pereza durante dos años.

Es cierto que finalmente la ASF tomó la batuta. Pero una revisión a detalle del proceso muestra que su tardanza propició la dilación de la justicia y que no fue útil para frenar el saqueo que continuó hasta el final.

Dicen los que saben que con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, a los gobernadores abusivos se les perseguirá de oficio. Dicen.

Mientras tanto, lo que hoy tenemos es el mismo andamiaje administrativo y político que otorgó y quitó impunidad a Javier Duarte, bajo la triste, ya increíble y desgastada historia de los corruptos solitarios.