La corrupción no sólo implica una ausencia de ética y moral, tiene graves consecuencias económicas, las que directa o indirectamente afectan a la mayoría de los mexicanos pobres, de clase media y a los desempleados.
Según el Banco Mundial, la corrupción en México equivale a 9% del PIB, más del doble que el gasto en infraestructura o en educación y más del triple que el del sector salud. Si no hubiera corrupción se podría gastar el doble o el triple en esos sectores sin necesidad de aumentar impuestos. Si la corrupción se redujera una tercera parte podría desaparecer el déficit presupuestal, que ronda el 3% del PIB.
La mayoría de los recursos provenientes de actos de corrupción no van a la inversión, se ocultan o salen del país. La corrupción implica un aumento de costos que engrosan los ingresos de funcionarios corruptos y sus socios, empresarios cortesanos, pero reducen el consumo de ciudadanos honestos y la inversión por la mayoría de empresarios que no son socios de los corruptos, sí víctimas de sus extorsiones.
Pemex quebró, no por la baja del precio del petróleo, sí por los sobreprecios pagados a contratistas y proveedores, privilegios al sindicato y otros “negocios” con los créditos y deudas. Causas parecidas originaron la crítica situación por la que atraviesa la Comisión Federal de Electricidad.
El saqueo de varios estados por sus gobernadores, que implica la adquisición de deudas impagables y de miles de millones que no se sabe su verdadero destino, son factores que se traducen en un menor crecimiento y un mayor desempleo.
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