14 de Agosto de 2016

Un mal presagio para la sucesión presidencial es reducir la oferta política a cárcel para corruptos o adelantar amnistías para “culpables” de daños patrimoniales. Ambas promesas reflejan la indignación social por los escándalos de corrupción, pero aprovechan el malestar con propuestas simplistas ante la falta de respuestas reales a los problemas. En un contexto de temor y deterioro de expectativas, el mensaje de la cárcel representa una forma de populismo para atraer el voto con la exaltación del instinto de revancha, tanto como la narrativa del justiciero “perdonavidas” que se cree imprescindible para garantizar el cambio de gobierno en paz.

Poca duda cabe de que en 2018, y su antesala en el Edomex o Coahuila en 2017, la corrupción ocupará el gran cartel de las campañas. Al presidente Peña Nieto le causó severo  daño la proliferación de revelación de corrupción, aunque menos que la ausencia de respuestas oportunas y consistentes a las acusaciones a su familia, miembros del gabinete y camarilla de gobernadores. Su popularidad está en el piso de la época moderna y, según la última encuesta de Reforma, ocho de cada diez reprueba su gestión, entre otras razones, porque su disculpa por la Casa Blanca se percibe insuficiente, sin justicia. Ante ello, surgen dos discursos igualmente peligrosos:

a) De llegar a la Presidencia, López Obrador promete “perdonar” a la “mafia en el poder” por la corrupción, en una postura que enaltece  el valor de misericordia, pero que, sobre todo, presume lo que no tiene. Es decir, la baladronada de creerse  imperdible para controlar una sucesión amenazada por vacío de autoridad, violencia e irresponsabilidad del gobierno y partidos para asegurarla.  A ellos corresponde un acuerdo de condiciones mínimas para impedir que el deterioro económico y social descarrile los comicios. Porque además, a diferencia de las últimas dos presidenciales de altísima conflictividad, el INE padece desgaste de confianza por la política de ataque al árbitro cuando los resultados no les favorecen.

b) La promesa de cárcel para ganar votos fue eficaz en estados que perdió el PRI en 2015. Las campañas estuvieron vacías de propuestas políticas y derivaron enbarandilla de tribunal que, tras las urnas, dejan una guerra de denuncias penales entre la clase política como en Veracruz; de maniobras para esconder el rastro de la corrupción en el caso de Quintana Roo, con la desaparición de la unidad de transparencia, ante la mirada tímida del gobierno federal; de la contratación de más deuda en Chihuahua que proviene, como en otros estados, de obras e infraestructura fuera de la ley. Es el caso de Nuevo León, donde esta semana fue vinculado penalmente el exgobernador Rodrigo Medina por corrupción, como prometió su sucesor desde la campaña, Jaime Rodríguez El Bronco.

No obstante, hay expresiones de frustración social porque hasta ahora sólo procede uno de los tres cargos que le imputa la fiscalía anticorrupción a Medina. ¿Qué se necesita para tener investigaciones sólidas? Ésa es la clave para responder a la indignación por la impunidad, más allá de las promesas de justicieros o de salvadores de la justicia. El punto no es reducir la política al linchamiento, pero tampoco renunciar a la justicia.

El juicio contra Medina y otros funcionarios estatales puede servir como laboratorio de nuevas respuestas contra la corrupción. Sin el paquete de leyes anticorrupción aprobadas, la fiscalía logró presentar cargos contra el exgobernador, aunque el alcance de la investigación es insuficiente por “obstáculos institucionales”, que tampoco remueve el nuevo sistema. Por ejemplo, falta de acceso a la información de los estados a la unidad de inteligencia financiera federal, a declaraciones fiscales, cuentas bancarias y contratos públicos. Ahí es donde se debe hincar el diente para hacer del combate a la impunidad algo mucho más serio que el discurso de campaña contra la corrupción.