Es absolutamente probable que, cuando Quirino Ordaz Coppel retorne el 1 de enero de 2017 a territorio que le es conocido en Palacio de Gobierno, se encuentre en la situación del general Pedro María Anaya de cara al invasor: Si hubiera parque…

La primera requisitoria del gobernador debutante tendrá que apuntar hacia dos objetivos: ¿Cuánto tenemos de liquidez en caja? Satisfecha la consulta, a renglón seguido: ¿De qué margen de nuevo endeudamiento disponemos?

 

Quedan volando más preguntas que respuestas en torno a la Cuenta Pública de Mario López Valdez correspondiente a 2015 (de la de 2016, ni hablar), pero no se requieren pericias de auditor para saber que la solvencia en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado no cambia de rostro ni con los trucos de la “contabilidad creativa”.

Dos tablas de supervivencia financiera tendrá que buscar Ordaz Coppel antes de asumir el mandato. La Unidad de Coordinación Fiscal con los estados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en pos de recursos de emergencia, y la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que en septiembre aborda la revisión de los Criterios de Política Económica para determinar el presupuesto de gasto federal de 2017.

En ambas ventanillas, Ordaz Coppel tendrá que colocarse en la fila con los otros once gobernadores emanados de los comicios del pasado 5 de junio.

En casos como los de Veracruz, Chihuahua, Oaxaca y Quintana Roo, los nuevos mandatarios llegarán urgidos de respiración de boca a boca, ahí donde las arcas estatales fueron vaciadas de efectivo y repleto de papeles de deuda pública.

En no pocos casos de las doce entidades con cambio de gobernador, los salientes dejarán la víbora chillando no sólo con los pendientes de pago ordinario de la burocracia, con sus respectivos pagos de marcha, sino hasta el reclamo de los aguinaldos no cubiertos ni con saliva. El que venga atrás que arree, es la típica salida en tan graves situaciones.

No bastará a Ordaz Coppel intermediación alguna de aquellos que, presumiendo de su cercanía con el presidente Enrique Peña Nieto, alardean de su gestión en Los Pinos para resolver su candidatura.
Las instancias federales citadas tendrán que jerarquizar prioridades regionales y por más que intenten estirar la cobija, ésta ha llegado a su límite de resistencia por los apremios propios del gobierno federal.

Es previsible que por móviles de conveniencia coyuntural, los diseñadores del reparto de dinero federal procuren la mayor rebanada del menguado pastel en privilegio del Estado de México, no sólo porque es la entidad de origen de Peña Nieto, sino porque en 2017 tiene elecciones de gobernador en circunstancias en que la oposición llega embalada y engallada y calcula que ahí se construirá la plataforma de 2018.

En segundo lugar de favoritismo centralista están Coahuila y Nayarit, que también en 2017 tienen elecciones generales. Tómese en cuenta que esos tres estados son de los pocos que permanecen bajo control del PRI.

El escenario en el que se insertan las urgencias financieras sinaloenses está enrarecido por dos nubarrones: Organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; aquí el Banco de México y los principales despachos de consultoría empresarial han bajado las expectativas de crecimiento económico para 2016, extensivas desde ahora mismo para el 17.

La propia Secretaría de Hacienda podría acometer un tercer ajuste en el gasto de este año y Luis Videgaray declaró cerrado en junio pasado el margen de nuevo endeudamiento de la administración federal.

Hay quienes le apuestan a que Quirino Ordaz Coppel amenace ajuste cuentas a la administración de López Valdez, pese a que el mandatario en funciones haya hecho los contactos pertinentes para evitar persecuciones a posteriori.

Hasta donde se puede documentar en la historia política de Sinaloa, la cultura del encubrimiento se ejerce bajo la lógica de “hoy por mí; mañana por ti”.

Para ilustrar el tema, considérese el alto margen de discrecionalidad con que la actual administración ha gestionado las participaciones federales. El caso más a la vista lo confirma: Los recursos adicionales destinados a infraestructura educativa, se han repartidos contra toda norma que rige ese programa de la Secretaría de Educación pública federal.

El panorama actual de Sinaloa nos da para diagnosticar que, en cuanto a desarrollo y distribución del ingreso, el estado suma ya dos sexenios perdidos, según la metodología que sobre México en su conjunto realiza la ONU por ciclos decenales, particularmente en lo que se refiere a desarrollo humano.

Por estos días, el Sistema de Cuentas Nacionales y los engañosos reportes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística pintan una especie de espejismo sobre los principales indicadores económicos y sociales del estado.

Ese ilusionismo se funda en un hecho real: El sector exportador sinaloense parece estar en jauja si se estima que los dólares generados por esa actividad alcanzan ya entre 20 y 25 por ciento más de valor respecto del peso en el último periodo devaluatorio.

Pero la descompensación se manifiesta cuando se cae en la conclusión de que los productores y exportadores sinaloenses tienen una gran dependencia en la adquisición de bienes de producción e insumos extranjeros para hacer rentable su actividad. Ahí se van los dólares “apreciados”.

A nadie le es desconocido que, como ocurre en las actividades ilícitas, el sector exportador legal lo dominan unas cuantas familias que no reflejan la situación del espectro general de la economía productiva.

A mayor abundamiento, el grueso de la participación fiscal de dicho sector, como la del turístico, lo capta la Federación. La otra cara de ese espejismo, la retrata el leonino régimen salarial que impera sobre todo en el campo y en la agroindustria, en cuyo caso la derrama social es irrisoria.

En tan desfavorables circunstancias, pretender seguir dependiendo de las participaciones federales equivale, en estricto rigor, poner la carreta delante de los bueyes.

Suena un tanto exótico, pero la única salida parecer ser convocar a un pacto económico y social para la salvación de Sinaloa, imperativo que no será satisfecho con simples arreglos con las nomenclaturas de los partidos, que fueron buscadas por Ordaz Coppel con el único fin de sofocar en su matriz cualquier amenaza de cuestionar los resultados electorales del 5 de junio.

No sabemos a ciencia cierta que puedan estar imaginando los tanques pensantes de Ordaz Coppel pero, aún antes de asumir sus facultades constitucionales, ya debiera estar a consulta el diseño del Plan de Desarrollo de Sinaloa 2017-2021. Consulta popular, no meros consensos cupulares.

Otra cosa es hacerse del poder y tratar de nadar de muertito. Los sinaloenses no lo merecen.