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Historia y Cultura

La politización de la justicia

 
 

Arsenal

Francisco Garfias

Francisco Garfias

 

Se le complica a la presidenta Sheinbaum la papa caliente que le heredó AMLO. El pleito entre Poderes por la reforma judicial augura una crisis constitucional. El paro de jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial se prolonga indefinidamente. El rezago en la aplicación de la justicia se multiplica.

El oficialismo pone el mal ejemplo y desacata la suspensión definitiva de la juez Nancy Juárez, para bajar del Diario Oficial la mencionada reforma. 

Dice que la juzgadora no tiene atribuciones para eliminar la reforma judicial ni puede estar por encima del “pueblo”, palabra mágica para justificar atropellos.

*Es un pleito disparejo. Dos Poderes contra uno. El Ejecutivo y el Legislativo contra el Judicial. Los dos primeros tienen la fuerza pública para imponer la reforma que propone la elección de jueces, magistrados y ministros. Al tercero le asiste la fuerza de la razón. Es un engaño decir que la reforma es para democratizar al Poder Judicial y acabar con la corrupción. El voto no purifica la condición humana. Si así fuera, no tendríamos presidentes, gobernadores, alcaldes, senadores y diputados corruptos.

Lo peor: la reforma fue concebida por AMLO para eliminar el contrapeso más efectivo que tuvo en su sexenio y poner jueces modo de la cuatroté. El oficialismo está resuelto a terminar la tarea, aun a costa de la división de Poderes y el Estado de derecho.

*La Suprema Corte de Justicia por fin rompió su “silencio ensordecedor” (el copyright es de Germán Martínez) frente al desacato presidencial.

La ministra Norma Piña, presidenta de la SCJN, se refirió indirectamente a la desobediencia de la presidenta Sheinbaum, en la intervención que tuvo en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

“Los derechos humanos están en riesgo cuando un poder, de cualquier tipo, no puede ser  contenido, frenado y controlado”, dijo.

La ministra  hizo suya la alerta lanzada ayer por la Asociación Nacional de Magistrados de Distrito y Jueces de Distrito (JUFED): “Los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial; el respeto a sus derechos humanos está en riesgo. La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no sólo afecta a los mexicanos, sino que compromete la confianza en el sistema judicial, crucial para el desarrollo económico  y social del país”.

Antes, la ministra Piña dijo: “El constitucionalismo está sujeto a fuertes golpes de timón. Es por eso que resulta de la mayor relevancia que este Congreso se oriente también al análisis del constitucionalismo para la democracia del siglo XXI”.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vargas, respaldo implícitamente la postura de la presidenta de la SCJN.

En la misma tribuna señaló que la defensa de los derechos fundamentales, el respeto a la división de Poderes y el robustecimiento del marco constitucional son imperativos para respaldar los procesos de paz y desarrollo.

*La cuatroté ya agarró como piñata a la jueza Nancy Juárez por el ultimátum a la Presidenta: o elimina la reforma judicial en 24 horas o entera al Ministerio Público del desacto, que puede ser castigado hasta con siete años de cárcel.

En la mañanera del pueblo, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, se aplicó en la triste tarea de ensuciar la trayectoria de la jueza. Apoyada en una nota de Milenio, sostuvo que en 2021 el Consejo de la Judicatura ordenó su suspensión tras denuncias en su contra de doce servidores públicos. Dos años después la suspensión fue revocada y volvió a su puesto.

Y apoyada en “pesquisas” –así nomás– acusó a la juzgadora de incumplimiento en el horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y de no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano judicial, entre otras cosas.

*La jueza habló también. En entrevista con Manuel Feregrino, en Radio Fórmula, aseguró que el argumento de la presidenta Sheinbaum, en el sentido de que no tiene atribuciones, es totalmente falso. “No es que una jueza esté por encima del pueblo. En México hay tres Poderes federales. Cada uno con distintas facultades.

“Una de las facultades del Poder Judicial, entre tantas que se establecen en la Constitución (artículos 103 y 107), es la de conocer y resolver juicios de amparo contra actos arbitrarios de la autoridad que violen derechos humanos”, dijo.

 A la jueza le llamó la atención que la Presidenta y el titular del Diario Oficial no interpusieran ningún recurso legal en contra de la suspensión.

Las resoluciones están firmes. Lo que debieron haber hecho es interponer los recursos para lograr que se modificara cualquiera de las resoluciones. “De no cumplirse, se rompe el Estado de derecho y se traduce en una anarquía, donde cada quien va a hacer lo que quiera”, puntualizó.

Aquí la pregunta es ¿quién va a hacer cumplir la sanción contra la Presidenta? No se necesita un sesudo análisis para responder: nadie.

¿Dónde está López Obrador?

Razones

Jorge Fernández Menéndez

 

Desde el inicio del gobierno no ha habido un solo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum no hable del “presidente”, en realidad expresidente López Obrador.

Jorge Fernández Menéndez

  • ¿Dónde está el expresidente López Obrador? Hace 21 días, tres semanas ya, que el exmandatario dejó Palacio Nacional (se quedó hasta el último día de su mandato). Se dijo que se iría a su casa de Tlalpan o a su rancho de Palenque, en la frontera entre Tabasco y Chiapas. Según los pobladores, en su rancho no está. Tampoco se le ha visto por la Ciudad de México o, por lo menos, no ha tenido ninguna salida pública.

Pero ha estado presente. Desde el inicio del gobierno no ha habido un solo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum no hable del “presidente”, en realidad expresidente López Obrador. Está implementando, sin cambios, el llamado plan C que propuso en febrero pasado López Obrador. Lo hace en forma rigurosa, sin apartarse de lo allí planteado, aunque en muchas ocasiones eso sea contradictorio con lo que ella piensa y ha dicho. Véase como se eliminó de la iniciativa de política energética un párrafo fundamental que estaba en la minuta aprobada. Decía el original: “El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación con el fin de reducir las emisiones de gases y componente de efecto invernadero, para lo que establecerán las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales”. Eso decía el dictamen aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales. Eso es lo que piensa y en lo que cree la presidenta Claudia Sheinbaum.

 

 

 

Pero cuando se convirtió en minuta en la Cámara de Diputados todo eso desapareció. Se quedó el texto con lo del sexenio pasado: ninguna empresa privada tendrá prevalencia sobre las públicas y ni una palabra sobre transición energética, ésa en la que no cree el expresidente López Obrador y que es el leitmotiv de la presidenta Sheinbaum.

Es extraño: al expresidente no lo hemos visto, no sabemos dónde está, pero se habla de él todos los días, las iniciativas que se votan son las suyas, cuando se incorporan puntos, matices, aspectos que no son los suyos, desaparecen como por arte de magia y en las nuevas mañaneras sigue habiendo un aroma a Jesús Ramírez inocultable.

Dicen por ahí que Claudia tiene el compromiso de aquí a diciembre, cuando concluya este primer periodo ordinario del Congreso, de sacar todo lo de aquel incombustible plan C y que ya en enero comenzará realmente con su propia agenda. Casualmente, la Presidenta dijo que será en diciembre cuando se mudará a Palacio Nacional y quizás, estamos especulando, para esa fecha el exmandatario decida por fin celebrar el Año Nuevo desde su rancho en Palenque. 

Puede ser, pero por ahora lo que se percibe, la percepción que se tiene, es que el ex está dedicado a hacer una marcación férrea, del tipo de aquellos catenacci del futbol italiano sobre su sucesora. Ya veremos, si la Presidenta se logra zafar de tanta y tan rigurosa marca, que en muchas ocasiones no duda en usar la rudeza para frenar al rival.

La operación de inteligencia que llevó a El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos fue impecable: hasta el día de hoy ni el gobierno mexicano sabe qué diablos pasó hace tres meses en Culiacán, aunque cada vez más los vacíos comienzan a llenarse con nuevas y mayores conjeturas.

Pero la fiscalía de Nueva York, tan protagónica y politizada, puede arruinar esa brillante operación. Haber dicho que analizaban aplicar la pena de muerte contra El Mayo en la comparecencia del viernes, es poco sensato, innecesario y es una medida sólo destinada a su autopromoción. Si es condenado a muerte, El Mayo Zambada será mitificado: los peores criminales del crimen organizado no le temen a la muerte, le temen a la prisión de toda una vida en condiciones de máxima seguridad. Zambada es un hombre mayor, enfermo, cuya salud es endeble y en medio de este proceso pudiera morir si no tiene las atenciones adecuadas en prisión o podría tomar alguna medida extrema si su destino está decidido. Lo de Brian Epstein sería un juego de niños si a Zambada, antes del juicio, le pasa algo o si éste aceptando la inevitable pena de muerte, decide que finalmente no hablará. 

El objetivo, para las instancias de seguridad más serias de la Unión Americana, me imagino que no es ése: lo que quieren es conocer cómo funciona, quién protege y cómo se financia la red de tráfico de fentanilo que alimenta a los cárteles mexicanos y mata a 100 mil estadunidenses al año por sobredosis.

 

JACOBSON

La exembajadora Roberta Jacobson no sabe qué hacer con sus declaraciones respecto a García Luna. Esta semana en un mismo hilo de X dice, textual, “yo no dije ni tampoco conozco que el gobierno de Estados Unidos haya dicho al expresidente Calderón que Genaro García Luna fue corrupto” e inmediatamente después concluye “en cualquier caso sabemos todos que sí fue corrupto”. Lo importante, embajadora, es que usted no tenía, ni su gobierno tampoco, información dura que sostuviera que García Luna era corrupto, no sólo no tenían esa información, sino que durante esos años García Luna era recibido, condecorado y se compartía información con él, cotidianamente.

Lo otro importante es comprender que no era García Luna el único que estaba encargado de la seguridad y el narco: ahí estaban el general Galván, el almirante Saynez, el procurador Eduardo Medina Mora, y estaba todavía José Luis Santiago Vasconcelos (muerto con Juan Camilo Mouriño en aquel accidente de aviación). En estos temas simplificar las cosas es un camino directo hacia la insensatez.

Corte da entrada a acción de inconstitucionalidad contra reforma judicial

 

 

La SCJN dio entrada a la acción de inconstitucionalidad presentada por el partido político Movimiento Ciudadano, en contra de la reforma judicial

David Vicenteño | 22:11 hrs.
 
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La acción de inconstitucionalidad será turnada al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien tiene a cargo el recurso que presentó la pasada administración del gobierno de Guanajuato. Foto: Cuartoscuro

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la acción de inconstitucionalidad presentada por el partido político Movimiento Ciudadano (MC), en contra de la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión y que entró en vigor el pasado 16 de septiembre.

En estrados del Máximo Tribunal se notificó que el expediente 167/2024, con el que fue clasificado, será turnando al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien tiene a cargo el recurso que presentó la pasada administración del gobierno de Guanajuato. 

También se aceptaron y turnaron controversias presentadas por diputados locales de Zacatecas y la organización Unidad Democrática, partido político del estado de Coahuila; y están pendientes loa recursos promovidos por los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).

El ministro González Alcántara Carrancá acumulará los expedientes y, en próximas fechas deberá resolver si se aceptan a trámite y concede alguna medida cautelar, en caso de haber sido solicitada.

También puedes leer: Jueza dará vista a Ministerio Público por desacato sobre reforma judicial

La transparencia del espejo

Bitácora del director

Pascal Beltrán del Río

Pascal Beltrán del Río

 

Los cuatro comisionados del Inai salieron de la Secretaría de Gobernación animados por la buena disposición que encontraron en su titular, Rosa Icela Rodríguez, quien los recibió ayer en Bucareli por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque la reunión representó un avance respecto de los usos y costumbres del sexenio pasado –cuando el gobierno no hablaba con nadie que considerara “adversario”–, la actitud receptiva de la secretaria de Gobernación no alcanzará para compensar la decisión del oficialismo, que ya parece tomada, de desaparecer a varios órganos constitucionales autónomos, entre ellos ese instituto. 

La postura de la actual administración es que no hace falta el Inai para garantizar la transparencia y que de esa tarea se encargará ahora la Secretaría de la Función Pública, que pronto será rebautizada como Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. No está mal esa promesa, pero sería una muestra más sólida de compromiso el comenzar a eliminar las áreas de opacidad que dejó el gobierno que terminó sus funciones el 30 de septiembre.

Por mencionar una, ahí está el programa La Escuela es Nuestra, con el que la administración de Andrés Manuel López Obrador sustituyó al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. La médula del cambio consistió en entregar el dinero “directo” a las escuelas, para que los padres de familia, profesores y autoridades, organizados en Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), decidieran cuáles eran las mejoras que requería su plantel.

“Les va a alcanzar para más”, prometió López Obrador en su conferencia del 19 de junio de 2019. El problema es que no fue así. Como recordó ayer en su artículo en estas páginas mi compañero Carlos Ornelas, la Auditoría Superior de la Federación “encontró anomalías en los gastos de 2020 y 2021”, ejercidos mediante dicho programa.

“La auditoría realizada al gasto público descubrió que en 2020 se dieron apoyos duplicados a cinco beneficiarios por un millón 150 mil pesos y se entregaron un millón 500 mil pesos a tesoreros de siete comités que habían muerto un año antes”, escribió Ornelas.

Los CEAP se instituyeron para recibir los fondos de La Escuela es Nuestra, vía los Servidores de la Nación. Otras irregularidades encontradas incluyen una escuela en Chiapas, cuyo comité escolar recibió 500 mil pesos, pero dicha cantidad fue depositada en una cuenta bancaria distinta de la registrada en la base de datos. En la auditoría de 2021, se halló que mil 757 planteles no demostraron cómo se usaron 573 millones de pesos. 

En diferentes partes del país, refirió Ornelas, ha estallado el coraje de los padres de familia, porque no se sabe cómo se utilizaron los recursos. Hay casos en los que aparentemente fue robado y otros en los que las obras de mejora se encargaron a constructores vinculados con los titulares de los CEAP.

Cuando la ASF pidió a la Secretaría de Educación Pública que explicara el destino de los recursos, la respuesta fue que éstos se entregaron a los CEAP y cada uno decidió qué hacer con ellos. “Metáfora para institucionalizar la impunidad”, describió Ornelas en su artículo de ayer.

Con La Escuela es Nuestra se aplicó la política de machetazo que caracterizó al gobierno anterior. E, igual que ocurrió con el Insabi, que sustituyó al Seguro Popular –y fracasó tan estrepitosamente que fue disuelto–, este programa de infraestructura educativa no parece haber entregado buenos resultados.

El lío es que ahora se pretende que tenga continuidad. Si el actual gobierno realmente tiene voluntad de ser transparente –y está convencido de que no hace falta un ente autónomo para garantizar el derecho de acceso a la información–, tiene la oportunidad de demostrarlo con este programa.

En cinco años se gastaron casi 89 mil millones de pesos en La Escuela es Nuestra. Antes de que continúe dispersándose dinero público de forma directa a los comités, debería quedar claro qué pasó con esos recursos. Quién recibió dinero, cuánto y qué hizo con él. De otro modo, el compromiso de que el gobierno se autorregule y aplique él mismo la transparencia se lo acabará llevando el vient

Rudeza innecesaria vs. Norma Piña

 
 

Arsenal

Francisco Garfias

Francisco Garfias

  • Red social X
 
ogo es una herramienta fundamental en democracia. Va más allá de determinadas voluntades políticas que no dejan de ser, por su propia esencia, coyunturales.

No se necesita un sesudo análisis para afirmar que el oficialismo no sabe escuchar, mucho menos dialogar. Es intolerante con los que piensan diferente.

 

 

 

Ya lo dijo la presidenta Sheinbaum. No va a hablar con la oposición ni va recibir a los ministros de la Corte. Dejó claro que para eso está Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

La Presidenta, ella, “dialoga con el pueblo”, lo que esto quiera decir.

No es extraño, pues, que la ministra Norma Piña, presidenta de la SCJN, haya sido excluida de la sesión agendada para hoy en el Senado. La citada sesión fue convocada para inscribir en el muro de honor del salón de sesiones la siguiente leyenda: “A las sufragistas que nunca se rindieron ni abandonaron la lucha por la libertad”.

La nota la dio Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado. Dijo, con todas sus letras, que la ministra “no fue invitada”. Su lugar será ocupado por una ministra afín a la 4T: Yasmín Esquivel, quien será oradora.

Hace apenas una semana, Noroña hablaba de un acuerdo con la ministra Piña para mantener un “diálogo permanente” con el Poder Judicial, “aun en las condiciones más difíciles”. 

Pero la presidenta Sheinbaum se deslindó de esa declaración. “Yo no estoy enterada. Es cosa del presidente del Senado”, dijo entonces. Y el diálogo permanente se cayó, aunque Noroña diga que no se ha roto.

* Otro tema que ha estado en la polémica es el de la reelección de Rosario Piedra Ibarra como titular de la muy venida a menos CNDH.

Antenoche se registró como aspirante a repetir en la presidencia de ese órgano de defensa de los derechos humanos. En la mañana ya tenía el apoyo de la Presidenta de México.

“Rosario, hija de Rosario Ibarra de Piedra, es, en muchos sentidos, un símbolo de lucha de las madres de desaparecidos por razones políticas.

“Tiene todo nuestro reconocimiento y respeto, pero la decisión de quien va a ser presidenta o presidente de la CNDH le corresponde al Senado”, dijo Sheinbaum.

El intento de reelección, sin embargo, provocó una cascada de reacciones en contra. El Centro Prodh dice que, durante la gestión de la señora Piedra, la CNDH perdió independencia, fue omisa en casos emblemáticos y tuvo graves deficiencias en su gestión.

El senador Manuel Añorve, coordinador de la bancada del PRI, coincidió en que la señora Piedra “se acomodó” a la estrategia de Andrés Manuel López Obrador para quedar bien con la 4T y no cumplir con su obligación. “Su gestión pasó de noche”, destacó.

El panista Ricardo Anaya, excandidato presidencial, fue enfático: “Me parece absolutamente increíble e inaceptable que esta señora pretenda repetir en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

Anaya recordó que nunca en la historia de la comisión le habían renunciado dos consejos consultivos a un ombudsperson. Inclusive, el Consejo Consultivo que fue nombrado con la mayoría de Morena.

“El trabajo (de Piedra) ha sido verdaderamente malo y, por lo tanto, me parece, por un lado, inaceptable, pero, por otro lado, increíble que la señora pretenda reelegirse. Por supuesto que nosotros vamos a estar en contra”, dijo.

La Comisión de Derechos Humanos del Senado dio a conocer ayer el informe preliminar del registro de aspirantes a convertirse en ombudsperson en los próximos cinco años.

Son 66 personas. De ese total, sólo 34 cumplieron con todos los requisitos. Entre ellos están la propia Rosario, Jesús González Schmal, Adolfo López Badillo, Ricardo Vázquez Contreras, Ana Karen Parra Bonilla y Tania Ramírez Hernández.

* Los comisionados del Inai acudieron ayer a la Secretaría de Gobernación para plantear a su titular, Rosa Icela Rodríguez, un nuevo diseño del instituto y una reducción de presupuesto razonable, con la esperanza de que este importante órgano autónomo no desaparezca.

Adrián Alcalá, comisionado presidente, calificó de “muy productivo” el encuentro, que tuvo una duración de una hora 45 minutos y se desarrolló en un ambiente de cordialidad.

En charla telefónica con este reportero destacó el hecho de que la presidenta Sheinbaum, a 16 días de haber asumido el cargo, le dio instrucciones a Rosa Icela para que los recibiera y los escuchara, “es una buena señal”.

Los comisionados abandonaron el edificio de Bucareli con la promesa de que habrá otra reunión, pero sabedores de que en Bucareli les aplican los santos óleos.

La suerte del Inai ya está decidida. La propia Sheinbaum anunció que las funciones del instituto las asumirá la Función Pública, que pronto se convertirá en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro.

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