La reforma judicial precipita a los Poderes de la República en una carrera en que se vale cualquier medio para alcanzar sus fines. Pero el enredo jurídico rema contra la justicia en un país sumergido en la incapacidad política de mayorías y minorías para tener acuerdos al costo de tomar como rehén el control de la Constitución y así universalizar la desprotección de todos.
De la lucha por la “madre de todas las reformas” hay que desmantelar las coartadas de los que antes se desentendieron del acceso de la mayoría a la justicia y ahora agitan el temor al autoritarismo para frenarla, tanto como del conformismo ideológico capaz de avalar toda acción para liberarla del veto, así sea al precio tomando el dominio constitucional para el desamparo de todos. La resolución del conflicto y de los traumas de ayer es compleja para cualquier democracia, pero no provendrá de disculpar la idea de que la ley sirve para que la gente controle al poder, y no para someterla. De lo contrario, qué suerte correrían con avatares de la composición política que desconocieran, por ejemplo, los derechos humanos.
La ley de supremacía constitucional que el bloque oficialista aprobó en un fast track desaseado, sin debate ni consensos con la minoría opositora, no garantiza que no derive en un instrumento de control político; aun si sirve para blindar a la reforma de la pretensión de la Corte de extralimitar funciones y colocarse por encima de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos en las urnas en favor de la 4T. En un tema grave para el equilibrio de Poderes, el proceso legislativo acelerado y plagado de triquiñuelas es indicativo del litigio político detrás de las reformas que esta semana se definirá en el Congreso.
Claudia Sheinbaum recibió una bomba de tiempo de su antecesor con una reforma sin acuerdo alguno, incluso en contra del Poder Judicial y de la forma de integrarse a través del voto popular o de sus procesos internos. Cabe preguntarse hasta dónde la Corte puede intervenir para preservar privilegios y canonjías de su estructura, sin antes haberse auto reformado pese acusaciones de corrupción e influyentismo en su interior; de allanarse a las presiones del poder económico con controversias y amparos para suspender obras de gobierno como los proyectos emblemáticos del sexenio pasado; sin responder por la entrada de todos a la justicia.
Sheinbaum rechaza que la reforma abra paso al autoritarismo con que los opositores la reprueban. Los equilibrios entre la soberanía popular y Poderes contra mayoritarios de las Cortes afectan a todas las democracias en el mundo como mayor reto para la legitimidad y confianza en la ley. No somos ajenos a esa contradicción ni dejamos de ser democráticos por afrontar peligros que pueden derivar en parálisis de gobierno o hasta golpes blandos de los aparatos de justicia contra los gobiernos como otras experiencias en América Latina.
Pero la disputa tiene atrapado al país en una escalada de acciones y reacciones entre Poderes que socavan a las instituciones con pretendidos artilugios legales. El gobierno y el Poder Judicial están trenzados en una guerra que ya suma más de 170 suspensiones judiciales contra la reforma… más las que se sumen, y respuestas de decretos legales como la de supremacía constitucional para hacer inexpugnable a la reforma e imponerse políticamente, aunque pase por la idea descabellada de anularse.
Unos y otros se acusan de provocar una crisis constitucional en defensa del aparato de justicia o para recortar la posibilidad de impugnación de la polémica reforma, hasta privar a la Constitución de controles necesarios para impedir impugnaciones de decisiones políticas en su texto. En efecto, esta reforma que se justifica en querer empatar la Constitución con la ley de amparo, recorta el control de la Corte para juzgar sobre controversias constitucionales que sirven para garantizar el territorio de derechos básicos de la ciudadanía independientemente del color del partido que gobierne.
La batalla es política, no jurídica. El uso de la tramoya legal como herramienta del combate político desaparece su racionalidad. Cuando el fin justifica los medios comienza la eliminación del contrario y termina la política, única fuente para resolver el conflicto entre Poderes y principal salida democrática para impedir que todos seamos huérfanos de ella, en un país ávido de atacar la impunidad, el delito y la violencia.
Dave Roberts, el mánager de los Dodgers, declaró que Shohei Ohtani estará disponible para jugar el tercer compromiso de la Serie Mundial contra Yankees.
Ohtani sufrió la lesión durante la séptima entrada del segundo compromiso del ‘Clásico de Otoño’ de la temporada 2024 al deslizarse para robarse la segunda base. Todo el peso de su cuerpo cayó sobre su extremidad izquierda.
El bateador designado de los Dodgers abandonó el campo del parque acompañado de un fisioterapeuta del equipo y sus gestos eran de dolor. El diagnóstico inicial fue de una subluxación parcial del hombro izquierdo.
Las cirugías de Shohei Ohtani que lo han dejado fuera de actividad
Ohtani ha padecido lesiones desde antes de llegar a las Grandes Ligas. La primera de gravedad fue una lesión de tobillo que requirió de cirugía mientras era parte de los Nippon-Ham Fighters de la liga japonesa de béisbol que le impidió jugar en el Clásico Mundial de 2017.
Además, la estrella de dos vías requirió de la cirugía Tommy John en un par de ocasiones. La primera fue en 2018 luego de su temporada de novato con Los Angeles Angels y la segunda llegó en 2023, antes de dejar al equipo rojo de la ciudad angelina por el azul.
Al Ejecutivo quizá le asiste la razón jurídica: no hay control judicial cuando se trata de reformas constitucionales. No procede el amparo. Pero esto no es un tema jurídico, sino político.
Leo Zuckermann
dicho y hecho: la reforma judicial se ha convertido en una distracción para la Presidenta en su primer año de gobierno.
Todavía ni siquiera estamos de lleno en el proceso electoral de la mitad de los juzgadores federales, con las enormes complicaciones que implica, cuando la mandataria está dedicando gran parte de su energía a defenderse.
Sí, defenderse de un Poder Judicial de la Federación agraviado y condenado a la decapitación. Un Poder Judicial de la Federación que ya no tiene nada que perder. La mitad de los juzgadores se irá el año que entra. La otra mitad en 2027. Y, además, este gobierno y el pasado se han dedicado a manchar su imagen, pintándolos como una bola de corruptos.
Los jueces saben que ya perdieron. Su muerte profesional es inminente. No les queda de otra más que molestar. Patalear rumbo al cadalso. Ensuciar la reforma judicial. Hacerle la vida de cuadritos a la nueva Presidenta que apoyó su defenestración.
Jueces federales emiten amparos en contra de la implementación de la reforma judicial. No importa si tienen o no facultades para hacerlo. En un sistema judicial funcional, le correspondería a la autoridad máxima jurisdiccional, en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidir si proceden o no dichos amparos.
Pero el sistema judicial mexicano está herido de muerte. Al igual que los jueces y magistrados, los ministros de la Suprema Corte también están condenados al despido. Ni se diga lo ofendidos que se encuentran después de los insultos que les endilgó López Obrador con el apoyo tácito de Sheinbaum. Varios ministros tienen incentivos para sumarse a la estrategia de ensuciar la reforma judicial y distraer la atención de la nueva Presidenta.
Al Ejecutivo quizá le asiste la razón jurídica: no hay control judicial cuando se trata de reformas constitucionales. No procede el amparo. Pero esto no es un tema jurídico, sino político. Los juzgadores ya perdieron, pero, de aquí a que termine el partido, meterán duro la pierna para desesperar y distraer al ganador.
Y lo están logrando. Enojada, Claudia les responde. No con la gracia y contundencia de su predecesor porque así no es ella.
Es claro: la Presidenta no piensa acatar las resoluciones judiciales que considera improcedentes. Perfecto. El Ejecutivo desacatará al Judicial. Pésima imagen. Un ala del gobierno que no le hace caso a otra.
¿Con qué argumentos se les pedirá a los ciudadanos que acaten la resolución de un juez cuando la mismísima Presidenta no lo hizo?
Esto está causando una crisis constitucional. Tenemos a un Poder enfrentando contra otro Poder. Una autoridad que pide que se retire del Diario Oficial la reforma constitucional y otra autoridad negándose a hacerlo.
Se trata de un choque de Poderes sin que haya una instancia última que resuelva las diferencias porque la actual Suprema Corte es un zombi sin poder ni legitimidad.
El Instituto Nacional Electoral (INE) no puede comenzar a organizar las elecciones de juzgadores para el año que entra porque ha recibido 140 notificaciones de amparos para suspender dichos comicios. El INE, como cualquier persona física o moral, está obligado a acatar las resoluciones judiciales. Ante la duda, esta institución le está solicitando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que resuelva si puede o no comenzar con la organización de las elecciones.
Por su composición actual, las ventajas que le dejaron los legisladores a los magistrados del TEPJF con cláusulas de sobrevivencia y promesas de convertirlos en ministros de la Suprema Corte, este tribunal seguramente ordenará que continúen los trabajos del INE para organizar la elección. Y ahí vendrá un nuevo cúmulo de presiones para la nueva Presidenta.
¿Elecciones de juzgadores en siete meses en una Chiapas que está a punto de una guerra civil, según dicen los conocedores de ese estado?
¿Comicios de jueces, magistrados y ministros en una Sinaloa donde la gente no sale a las calles por el miedo que ha causado el enfrentamiento de las dos facciones del cártel de ese estado?
¿Qué decir de Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas o Colima?
¿No debería la Presidenta estar ocupada en resolver el gran pendiente de la inseguridad en lugar de dedicarle tiempo y esfuerzo a responderle a unos jueces que se rehúsan a ser despedidos sin dar algún tipo de lucha?
¿O a pulir el paquete económico del gobierno para 2025, que será fundamental para determinar la confianza de los mercados en nuestro país?
Dicho y hecho: la reforma judicial está succionando parte de la energía del gobierno en su primer año. Se equivocó el que pensó que no tendría costos el apoderarse a la mala del Poder Judicial.
En un lapso de 16 meses, tres personajes a los que entrevisté repetidamente –Hipólito Mora, Alejandro Arcos y Marcelo Pérez– fueron asesinados. La relevancia pública que habían adquirido, y por la que yo los consultaba con frecuencia, no fue escudo suficiente para evitar que los ejecutaran. Y eso, a pesar que los tres me dijeron que estaban conscientes de que sus palabras y sus actos podían fácilmente llevarlos a la muerte.
Hipólito Mora Chávez, asesinado el 29 de junio del año pasado, se había dado a conocer una década antes como fundador de los grupos de autodefensa que reaccionaron a las extorsiones que aplicaba en la región de Tierra Caliente el grupo criminal conocido como Los Caballeros Templarios.
La Ruana, municipio michoacano del que era originario, fue el primero en armarse contra la delincuencia. Esto llevó a su grupo a tener enfrentamientos, y a él, en lo particular, a perder a un hijo, a ser encarcelado y a sufrir varios atentados contra su vida, hasta que, ya retirado de esa actividad, fue acribillado.
En diversas entrevistas, Mora me expresó su enojo por el hecho de que algunos de los antiguos autodefensas habían terminado por convertirse en criminales y que la extorsión y otros delitos no se habían acabado.
“Yo siempre estoy en riesgo, por lo que digo del crimen organizado y del gobierno”, me comentó en la entrevista que le hice para Imagen Radio el 22 de febrero de 2022, un año y cuatro meses antes de que lo asesinaran.
Alejandro Arcos Catalán fue elegido alcalde de Chilpancingo, Guerrero, en las elecciones del 1 de junio pasado, como candidato de la coalición PRI-PAN-PRD. El domingo 5 de octubre fue secuestrado y asesinado, convirtiéndose en el primer presidente municipal de una capital estatal en sufrir esa suerte en la historia moderna del país. Quienes lo mataron, seis días después de haber tomado posesión, lo degollaron y dejaron la cabeza a menos de tres kilómetros del Palacio de Gobierno.
Con esos hechos, los criminales dejaron claro quién manda en Guerrero. Antes de que asesinaran a Arcos, ya habían ejecutado a dos de sus principales colaboradores. Yo lo entrevisté apenas había ganado la elección, para que hablara de sus expectativas sobre gobernar Chilpancingo, luego de que su antecesora fuera señalada por haberse reunido con un jefe criminal.
Me dijo entonces que estaba confiado de poder sanear la política local. Lo volví a buscar el viernes 3 de octubre, un día después de que mataron a Francisco Tapia, secretario de Gobierno municipal. Afirmó que se sentía tranquilo, pero pidió protección a las autoridades federales y estatales. Dos días después fue ejecutado.
Marcelo Pérez Pérez tenía 22 años de haberse ordenado como sacerdote indígena. Durante ese tiempo se caracterizó por oponerse a los giros negros que controlaban caciques locales de Chenalhó y Simojovel, municipios chiapanecos donde fue párroco. Esto fue motivo de diversas amenazas de muerte en su contra, ante las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado mexicano la implementación de medidas cautelares a su favor.
Hace algunos años, la diócesis de San Cristóbal le asignó la parroquia de Guadalupe, en esa ciudad, para alejarlo del peligro que enfrentaba. Desde allí, el padre Marcelo se convirtió en defensor de los derechos de la población indígena de Pantelhó contra el cacicazgo de la familia Herrera, lo cual le valió nuevas amenazas de muerte.
El domingo pasado, luego de oficiar una misa en su parroquia, se disponía a partir en su vehículo cuando fue alcanzado por dos sicarios que viajaban en una motocicleta. El religioso, de origen tsotsil, recibió varios impactos de bala y murió en el lugar.
En julio de 2021, Pérez Pérez me relató que su cabeza tenía precio. “Comenzaron con 200 mil pesos; luego lo subieron a 400 mil, y después a un millón”.
Son tres casos de hombres a los que busqué con frecuencia para conocer sus opiniones. Hombres que, se sabía, podían ser asesinados en cualquier momento. Ser figura pública no es ya un seguro contra ese riesgo. El círculo de sangre que amenaza a la sociedad completa se va cerrando.
Mientras que El Chapo Guzmán busca un nuevo juicio para anular su cadena perpetua, se presume que sus hijos negocian un acuerdo de culpabilidad
después de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la noche del domingo la versión de Ismael El Mayo Zambada sobre el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, se supo que Joaquín El Chapo Guzmán pide un nuevo juicio que le permitiría reducir la cadena perpetua, mientras la defensa de sus hijos, Ovidio y Joaquín, habla de la posibilidad de que negocien con las autoridades estadunidenses un acuerdo de culpabilidad.
Los intentos de reacomodo judicial de los Guzmán surgen luego del posible secuestro de El Mayo Zambada para entregarlo a autoridades estadunidenses, y luego de que la FGR informó que encontró pruebas irrefutables de que el exrector de la UAS fue asesinado en el rancho que El Mayo mencionó en una carta pública días después de su arresto cerca de El Paso.
HERMANOS GUZMÁN ACUDIRÁN JUNTOS A JUICIO
Los dos hijos de El Chapo ahora se presentarán juntos en la siguiente audiencia en Chicago el 7 de enero y tendrán el mismo abogado, quien no descartó que busquen acuerdo con la fiscalía.
El Chapo Guzmán habría presentado por su parte una petición de apelación en Nueva York el 25 de septiembre, pero la Corte de Apelaciones de Segundo Distrito sólo publicó ayer el documento, a la misma hora en que Ovidio Guzmán López, El Ratón, se presentó a una audiencia preparatoria de juicio en Chicago.
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El Chapo dijo en su petición que el juicio que lo llevó a la sentencia de cadena perpetua quede anulado e inicie otro proceso porque, argumenta, habría sido “extraditado ilegalmente”. Criticó su defensa legal en aquel juicio, a cargo del abogado Jeffrey Litchman, quien ahora representa a sus dos hijos en la corte en Chicago.
Ovidio Guzmán, por su parte, desapareció del registro del Buró Federal de Prisiones como reo del Centro Metropolitano de Detenciones de Chicago el 23 de julio —dos días antes de la entrega de El Mayo—, y sólo reapareció hace unos días, pero al mismo tiempo desapareció de ese mismo registro su hermano Joaquín.
Lichtman dijo después de la audiencia de ayer que los hermanos Guzmán López han estado bajo custodia, tanto en la cárcel federal como en centros de detenciones, por lo que han quedado fuera de la custodia del Buró de Prisiones.
Luego de la audiencia, Litchman dijo sobre los hijos de El Chapo que “si alguno de los dos no se presenta a audiencia, es porque hay un acuerdo” con la fiscalía federal.
La FGR informó en agosto pasado que prepara una orden de aprehensión contra Joaquín El Güero Guzmán López por secuestro y privación de la libertad de Zambada. Para entonces no se confirmaba todavía que Héctor Cuén fue asesinado en el rancho propiedad de Los Chapitos a donde El Mayo asegura que lo llevaron por la fuerza antes de trasladarlo en vuelo a EU.
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