Como toda decisión trascendente, la de la sobrerrepresentación para los partidos que conforman la coalición Seguimos Haciendo Historia, que podría tener 74% de la Cámara de Diputados con tan sólo 54% de la votación, ha causado una gran polémica.

Y sí que es trascendente, porque de ella dependerá que la coalición tenga la mayoría calificada para modificar la Constitución a su antojo. Ese antojo apunta a cambiar el régimen político en una dirección que lleva de vuelta a lo que antes conocíamos como el hiperpresidencialismo.

Del lado del oficialismo, el único argumento que se ha ventilado es que la Constitución dice que ningún partido puede tener más de 8% de sobrerrepresentación (artículo 54, fracción V) ni más de 300 diputados, pero que eso no aplica a las coaliciones.

Del otro lado, que yo llamo democrático y apegado a la Constitución, son incontables los razonamientos jurídicos y políticos que han esgrimido una gran diversidad de expertos constitucionales y electorales. 

Uno de los primeros fue que cuando se hizo la reforma de 1996, el legislador no juzgó necesario poner en la Constitución “partido o coalición”, pues era redundante. La ley secundaria en la materia daba sustento a esta argumentación, asentando que a las coaliciones se les daría el trato de un solo partido. De aquí se deriva que la literalidad del artículo 54, fracción V debía dejarse de lado en favor de la intención del legislador.

Siguieron diversos ejercicios sobre cómo la asignación de asientos que, indebidamente y por adelantado se arrogó la Secretaría de Gobernación, alteraba la voluntad popular. El absurdo de que el PVEM (con 8.4% de los votos) con la mitad de votación del PAN (16.9%) recibiría más diputados que éste y se convertía en la segunda bancada en la Cámara de Diputados, a pesar de haber obtenido el 5° lugar en la preferencia electoral. La barbaridad de que el PT recibiría el doble de diputados (49) que MC (25), a pesar de que este último hubiese tenido el doble de votos (10.9%) que el primero (5.5%).

Estos números se tradujeron en la brillante argumentación de Ciro Murayama de que tal distribución de los plurinominales modificaba el principio de un ciudadano, un voto: “Un voto ciudadano por el PT valdría dos veces más que un voto por el PAN, tres veces más que uno por el PRI y cuatro veces más que uno por MC”. 

Entró también a la conversación pública el precedente del proyecto de Olga Sánchez Cordero en 1998 ante una queja interpuesta por el propio López Obrador. En ese proyecto, votado por unanimidad en la SCJN, se argumentaba en contra de una sobrerrepresentación artificial de hasta 12% a favor del PRI. También se señalaba que “no se puede únicamente aplicar la ley de forma literal, para asegurar que las minorías se vean protegidas frente a una mayoría”. La incongruencia de Morena y López Obrador quedó patente.

Más recientemente se han ofrecido dos nuevas perspectivas para evitar la sobrerrepresentación. La primera viene de las asociaciones de abogados y propone que el INE y el TEPJF realicen una interpretación “jurídica, histórica, teleológica, garantista y sistemática del artículo 54 de la Constitución” con el fin de reflejar la pluralidad de la ciudadanía, respetar los derechos de las minorías políticas y evitar la sobrerrepresentación.

La segunda es de Diego Valadés, quien argumenta que, si de literalidad se trata, también hay que interpretar literalmente la fracción I del artículo 54. En él se establece que, para tener acceso al reparto de los diputados de representación proporcional, los partidos, no las coaliciones, deben haber “acreditado el registro de diputados de mayoría en al menos 200 distritos”.

Salvo MC, esta condición no la cumplió ningún partido por sí mismo.

Estaríamos, entonces, ante el siguiente absurdo. Si atendiendo a la literalidad el único partido con derecho a plurinominales es MC, hay de dos. O se le dan todos (200 más 1 de mayoría relativa que ganó por sí mismo) y queda hipersobrerrepresentado con 40% de la Cámara. O sólo se le dan 70 plurinominales para no violar el 8% de sobrerrepresentación. En este caso, tendríamos una Cámara de tan sólo 370 diputados (300 uninominales que ganaron los partidos y 70 asignados a MC). Se estaría entonces violando el artículo 52 que establece que la Cámara de Diputados estará integrada por 500 diputados.

No hago justicia a todos los argumentos que se han ofrecido, pero creo que sí a los más importantes.

Los columnistas no tenemos más palanca que nuestros argumentos para influir en la toma de decisiones. La mayoría, si no es que todos, lo hacemos con el propósito de allegar argumentos a los magistrados para el momento en que tomen la trascendente decisión de determinar la composición del Congreso.

Ojalá y sopesen todos los argumentos. Sobre todo ahora que, por lo pronto, están en juego la autonomía e independencia del Poder Judicial y la desaparición de los órganos de autonomía constitucional (Inai, IFT, Cofece, Coneval, CRE, la CNH y la Mejoredu) para que sus funciones vuelvan a formar parte de un Poder Ejecutivo sin contrapesos.

Y del fraude de Maduro, mejor ni hablar…

Conscientes de la “discreta decisión” del gobierno entrante de posponer la discusión de una parte al menos de las iniciativas de reforma constitucional de Andrés Manuel López Obrador a octubre próximo, no faltó quien entre los integrantes de la LXV Legislatura pusiera en duda el llamado de Palacio a acelerar el dictamen de aquéllas, con miras a garantizar su aprobación antes incluso que Claudia Sheinbaum se haga con el poder y el tabasqueño deba emigrar a su emblemático retiro chiapaneco.

En los últimos días en efecto, el siempre dócil titular de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara, Juan Ramiro Robledo, confirmó las versiones sobre el citado “adelanto” y fijó un calendario en que, antes que la iniciativa orientada a “someter” el Judicial al Poder Ejecutivo, incluso, se prevé dictaminar reformas al Infonavit, la incorporación de la Guardia Nacional a la Defensa y a desaparecer media docena de los órganos autónomos: el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) que preside Adrián Alcalá, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de Javier Juárez y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), entre otras… 

A la vista lo anterior, entonces, no faltó quien se preguntara la razón “de las prisas, supuestamente ya superadas” para, más pronto que tarde, ser informado que ello se debe a la urgente necesidad existente de ahorrar, “de evitar gastos innecesarios que pongan en riesgo el arranque y operación de la nueva administración…” como, presumiblemente, habría advertido a la virtual sucesora del inquilino de Palacio y a él mismo el neomoreno Rogelio Ramírez de la O, el ratificado titular de Hacienda, que ahora mismo trabaja en la elaboración de la propuesta de Presupuesto de Egresos 2025.

Consideraciones de otra índole al margen, lo cierto es que lo anterior no hace más que confirmar las reiteradas versiones según las cuales las finanzas del país no son ahora ni habrán de ser las mejores cuando, al término de septiembre, López Obrador deba entregar las riendas del poder a su virtual sucesora quien, en consecuencia, deberá iniciar su gestión con carencias y la exigencia de cumplir compromisos heredados igual en materia de gasto operativo, pago de adeudos y, entre otros, la atención de los abultados déficits de las empresas estatales, como aquí hemos apuntado… 

ASTERISCOS

* Ahora sí que perdón, pero de nada sirvió a Catalina Caty Monreal que, merced a la intercesión de su padre, el cuestionado coordinador de la fracción senatorial morenista, Ricardo Monreal, el Instituto Electoral capitalino ordenara un recuento “parcial” de los votos emitidos en Cuauhtémoc porque, cumplido su “caprichito”, la conclusión fue que la opositora Alessandra Rojo de la Vega resultó ¡otra vez! la ganadora. Ups…

* De llamar la atención que mientras al cierre del primer trimestre México reportó un alza de su PIB de 0.28%, una decena de entidades hayan rebasado sobradamente estos niveles, y a tasa anual, por ejemplo en Quintana Roo, donde se observa un alza importante en sectores secundarios –construcción y electricidad– durante el periodo enero-marzo, que se ubica en 20.1%. Bien…

Veámonos el viernes con otro asunto De naturaleza política.