Todo indica que la siguiente reforma constitucional en aprobarse será el traspaso de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Morena y sus aliados ya cuentan con el voto 86 en el Senado para asegurar la mayoría calificada. Ayer se publicó la foto de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, recibiendo al coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto López, y el “finísimo” senador por Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, otrora panista que, claramente ya se pasó a las filas del oficialismo para que lo dejaran de perseguir judicialmente y, a lo mejor, cual si fuera conde, usufructuar el “condado” de Boca del Río para beneficio de su familia.
La reforma de la Guardia Nacional hará de jure lo que ya existe de facto. Esta institución, en los hechos, ya depende de la Sedena. No así legalmente, porque la Suprema Corte declaró ilegal el traspaso a esa dependencia castrense, ya que la Constitución ordena que la seguridad pública debe estar al mando de civiles.
No más. Ahora, el oficialismo modificará la Constitución y el asunto quedará zanjado. López Obrador se irá con lo que siempre quiso: la militarización de la seguridad pública de jure y de facto.
La militarización no ha solucionado el problema de inseguridad. No lo hizo con Calderón, no lo hizo con Peña y no lo ha hecho con López Obrador. Si nos atenemos a los números de delitos, en particular los homicidios dolosos, esta estrategia ha fracasado.
Cito un reporte de la consultora Lantia Intelligence, que dirige el experto en seguridad pública, Eduardo Guerrero, de 2021: “La incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena no sería una mera formalidad. Resultaría trascendente, pues haría sumamente difícil que, en el futuro, otro gobierno intentara devolver a manos de civiles el mando efectivo de la corporación”.
He ahí el quid del asunto: cómo quitarles a los militares todas las tareas de gobierno que les ha entregado López Obrador, pero que les corresponde a los civiles.
Nunca un Presidente, desde que los civiles tomaron el poder en México con Miguel Alemán en 1946, les había dado tantas responsabilidades al Ejército y la Marina como López Obrador. Han sido sus instituciones preferidas.
Además de otorgarle, en los hechos, el control de la seguridad pública, les ha encargado la construcción de varias obras: el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, otro en Tulum, los cuarteles de la Guardia Nacional, las sucursales del Banco del Bienestar y dos tramos del Tren Maya.
Además, operan los aeropuertos de Santa Lucía y de la Ciudad de México, están a cargo de la administración de las aduanas, puertos y la aeronáutica civil de todo el país. Amén de la distribución de bienes públicos, como libros de texto gratuito, fertilizantes, árboles y vacunas.
México está en el camino de convertirse en un país donde las Fuerzas Armadas producen varios puntos del Producto Interno Bruto, tal y como sucede en Egipto o Paquistán. El problema es que, luego, no hay manera de sacarlos de todas estas labores que les dejan poder, prestigio y dinero. Porque, aunque sirvan a la patria, los soldados también son seres humanos que defienden sus intereses. Y para ello cuentan con algo muy poderoso: las armas.
Como dice el reporte de Lantia, en cuanto la Guardia Nacional pase a la Sedena, será prácticamente imposible dar marcha atrás; las Fuerzas Armadas lo tomarían como una afrenta.
Si al menos hubiera funcionado la militarización de la seguridad pública, uno estaría dispuesto a tragarse un sapo de ese tamaño. Los resultados positivos lo justificarían. Pero no ha sido el caso. La realidad es que los militares no han podido resolver el problema. Persisten los altos niveles de violencia.
Tan sólo hay que ver lo que está sucediendo en Sinaloa estos días y la aceptación del comandante de aquella zona militar que ellos no pueden con el paquete. “No depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos”. Ah, bueno.
Es el peor de los mundos: un modelo militarista que ha fracasado, ahora legalizado en la Constitución y que sería casi imposible de echar para atrás.
Termino con una noticia positiva. El reporte de Lantia informa: “La operación de la Guardia Nacional no ha propiciado, como se temía inicialmente, un aumento de las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves a los derechos humanos. De hecho, durante el actual gobierno se ha observado una disminución en el uso de la fuerza letal por parte de las instituciones federales de seguridad. Un indicador al respecto es el porcentaje de masacres con participación de autoridades, que en 2018 fue del 15.5 %, se redujo al 11.5% en 2020”.
¿Entonces por qué fue detenido García Luna?. El exsecretario dice en su carta que fue por un acuerdo entre el gobierno de López Obrador con la fiscalía (William Burr) de Donald Trump.
La carta de Genaro García Luna inicia un periodo que, como ya habíamos adelantado, será muy difícil para la saliente administración de López Obrador y repercutirá en la de Claudia Sheinbaum.
Hay dos cosas que resultan particularmente importantes. Primero, la insistencia de García Luna en declararse inocente. Han pasado cinco años, hubo un publicitado juicio en la corte de Nueva York y es evidente que el exsecretario de Seguridad Pública, como lo afirma en su carta, tuvo muchas oportunidades (como lo han hecho algunos de los más terribles criminales del narcotráfico detenidos en la Unión Americana) de declararse culpable, optar por una sentencia indulgente, de seis meses dice García Luna que fue el ofrecimiento, y recuperar su libertad. Ha optado por rechazar esos acuerdos y seguir en prisión. Está a punto de recibir una condena que puede ser muy larga y no se declarará culpable ni colaborador.
Insiste también en algo que siempre hemos dicho: el juicio contra García Luna se realizó, y se le declaró culpable, sin que los fiscales de Nueva York hubieran presentado una sola prueba material: un estado de cuenta, una grabación, una llamada o una foto que demuestre su relación de protección con el crimen organizado. Todos los testimonios fueron de delincuentes reconvertidos en testigos protegidos que habían sido detenidos en el periodo de García Luna y extraditados a los Estados Unidos, y que allí cambiaron largas condenas por testimonios a modo que tampoco sustentaron con pruebas.
Algunos de esos testimonios son absolutamente inverosímiles, como el de que le llevaron durante una comida, en varias maletas y al restaurante de moda en esos años, el Champs Elyseés, millones de dólares en efectivo a García Luna. Es absurdo, pero se le dio por válido.
También es verdad que ni en México ni en Estados Unidos se ha comprobado después de cinco años ni un solo depósito que pudiera ser calificado como dinero del crimen organizado. Entonces no hay pruebas materiales de su presunto delito ni tampoco, siguiéndole la pista al dinero, se llegó a ninguna prueba de la relación con los criminales. Como dice García Luna, la embajada estadunidense de esa época reconoce que no supieron de investigaciones de que García Luna estuviera relacionado con el narcotráfico y, por el contrario, la colaboración con las agencias de ese país era estrechísima.
¿Entonces por qué fue detenido García Luna? El exsecretario dice en su carta que fue por un acuerdo entre el gobierno de López Obrador con la fiscalía (William Burr) de Donald Trump y desde Palacio Nacional se alimentó esa narrativa que, incluso, desde aquí se hicieron ofrecimientos de negociación para que acusara a los expresidentes Salinas de Gortari, Fox, Calderón y Peña Nieto y a distintos funcionarios.
Puede ser, porque, además, eso engarzaba con una añeja ambición de la DEA, como lo señalamos desde la detención del propio García Luna: realizar un maxiproceso contra México. El primer paso era el juicio de El Chapo Guzmán, el segundo el de García Luna, luego la detención del general Salvador Cienfuegos y más tarde uno o varios expresidentes.
El plan se trastocó porque en las Fuerzas Armadas la detención sin la menor prueba del general Salvador Cienfuegos tuvo un rechazo total y el gobierno se vio en la obligación de defenderlo y exigir su regreso a México. Pero ésa no fue la primera reacción presidencial: el día después de la detención de Cienfuegos, en la mañanera, de lo que se habló fue de que había que acabar con la corrupción del pasado. Fue más tarde, cuando ese mismo día el general Luis Cresencio Sandoval se reunió con el presidente López Obrador y le expresó el muy profundo malestar de la institución y sus mandos, que se cambió la narrativa y que finalmente Cienfuegos pudo regresar a México. No había ninguna prueba material en su contra, lo único eran unos delirantes chats de narcotraficantes de segundo nivel, con textos sin sentido para un secretario de Defensa.
En la larga entrevista que le hicimos sobre su detención, el general Cienfuegos, además de contar la forma humillante en la que fue tratado, explica cómo en muchas ocasiones durante el mes de detención, le ofrecieron que se convirtiera en colaborador, lo que por supuesto siempre rechazó.
¿Hubo alguna participación del gobierno mexicano en la detención de Cienfuegos para impulsar ese maxiproceso? Puede ser, lo cierto es que la reacción que obligó a la liberación del general provocó exactamente lo contrario: un profundo alejamiento con las agencias estadunidenses, que se fue profundizando en los meses y años posteriores y que quedó exhibida con las detenciones de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López el pasado 25 de julio, de las que el gobierno mexicano al día de hoy no tiene información.
Pero si aquel maxiproceso terminó siendo abortado, hoy se abre una coyuntura diferente: lo que dice García Luna es que esas agencias son las que tienen pruebas que involucran a la administración saliente y algunos de sus operadores. En realidad, son los testimonios de los mismos delincuentes que acusaron a García Luna, como se publicó hace algunas semanas.
El día 9 de octubre será emitida la sentencia de García Luna y luego vendrá su apelación. Pero antes, el 1 de octubre, es la comparecencia de Ovidio y Joaquín Guzmán López en Chicago, estará concluyendo para el juicio contra El Menchito, Rubén Oseguera, luego inicia el de El Nini, jefe de sicarios de Los Chapitos y, a finales de octubre el de El Mayo Zambada. No son casualidades. Tampoco es para hablar de administraciones mexicanas del pasado.
KIEV (KYIV), Ucrania.— Faltan apenas 18 días para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum y la invitación que el equipo de la presidenta electa hizo al mandatario ruso Vladimir Putin –quien tiene una orden de captura girada por la Corte Penal Internacional (CPI)– sigue levantando olas.
Fue criticada por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, en la entrevista que le realicé, y ahora se ha sumado Karim Khan, fiscal de la CPI.
Durante una reunión que se realizó ayer en Kiev para denunciar el secuestro de unos 30 mil niños ucranianos por parte de las fuerzas invasoras de Rusia –caso por el que Putin es buscado por la justicia internacional–, Khan dijo que México, como firmante del Estatuto de Roma, instrumento jurídico por el que se rige la CPI, no podrá rehuir de sus obligaciones en caso de que Putin aceptara la invitación.
“No importa cuál sea el país, si es del norte o del sur, si es de África, Asia o América Latina, el estatuto es el mismo, la obligación es la misma, y la orden de captura es la misma”, afirmó Khan.
“Se habló mucho de que el señor Putin iría a Sudáfrica (para asistir a la reunión de los BRICS, cosa que no ocurrió) y ahora se habla mucho de México”, agregó. “El tema es que la Corte Penal Internacional no es política, sino judicial. Tiene poder legal, en manos de jueces independientes. Es decir, (la captura) no es un hecho sujeto a consideraciones políticas”.
Con su declaración, Khan parecía responder a lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera del 7 de agosto, cuando afirmó que México no detendría a Putin en caso de que aceptara la invitación para estar en la toma de posesión de Sheinbaum.
“Nosotros no podemos hacer eso, no nos corresponde”, dijo esa vez el mandatario.
“Nosotros estamos en contra de la guerra. Estamos a favor de la paz. Y lo que hemos propuesto en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania (sic) es acuerdos, que haya una intermediación. Hasta propuse en su momento que se convocara al primer ministro de India, Narendra Modi, al papa Francisco y al secretario general de Naciones Unidas para que los tres establecieran comunicación y detener la guerra y evitar que el pueblo siguiera sufriendo”.
López Obrador respondió así a la petición de la embajada ucraniana para que nuestro país cumpla con su obligación en el marco del Estatuto de Roma –al que se adhirió hace 19 años– y detenga a Putin si es que llega a México.
El asunto comenzó a comentarse a raíz de que el gobierno ruso se convirtió en el primero –y, hasta ahora, el único– en acusar recibo de la invitación de manera pública.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y el equipo de la Presidenta electa han afirmado que la invitación a Putin tiene un carácter rutinario, pues se envió una semejante a todos los países con los que México tiene relaciones diplomáticas.
Desde luego, hay una alta posibilidad de que Putin mande a un representante a la ceremonia –como hará Zelenski, de acuerdo con lo que me dijo en la entrevista–, pero ¿y si llegara a venir, como acaba de pasar con su visita de principios de mes a Mongolia?
Dicha visita ha causado una tormenta diplomática para el país asiático, que también es firmante del Estatuto de Roma y al que, además, la CPI solicitó oficialmente que cumpliera con su obligación y detuviera al mandatario ruso.
Si eso está pasando en el caso de Mongolia, ya se puede imaginar lo que sucedería en el caso de México. La presencia de Putin en la toma de posesión, el 1 de octubre, marcaría para el resto del periodo la agenda internacional de la primera Presidenta de la República, pues, como dijo López Obrador, Putin no sería detenido.
¿Para qué, entonces, extenderle la invitación? Aunque se quiera calificar como algo de rutina, no había ninguna obligación de hacerlo. A menos, claro, que se quiera prolongar en el próximo sexenio la postura francamente prorrusa que ha tenido el actual y, de paso, arruinar la reputación del país.
Sinaloa será la primera gran prueba de Claudia Sheinbaum para demostrar que puede sofocar una violencia ante la que todos parecen impotentes. Tras dos décadas de complicidades, falta de actuación o incapacidad de estrategias de seguridad, lo único creíble serán los resultados para acallar una guerra a la que no se le ve final.
La violencia ahí no es nueva, pero la mayor fractura del Cártel de Sinaloa en una década empuja a una pugna interna de alto peligro para la población. La organización criminal ha crecido y enfrentado tanto que desafía al gobierno estatal el control de todo para imponer su ley, y el uso de fuerza para resolver una guerra entre la Mayiza y la Chapiza desde la captura y/o traición al Rey Zambada el 25 de julio en Texas.
El parte oficial de los últimos ocho días es contundente: más de 30 muertos, dos de ellos militares, decenas de heridos y desaparecidos, en 13 ataques contra las fuerzas del orden. Las víctimas hacen parecer inerme al Ejército, a pesar de la presencia de dos mil 200 soldados desde esa fecha. Y también deja ver confusión y diferencias en el enfoque de las declaraciones de los militares, el gobierno saliente de López Obrador y el futuro de Sheinbaum. El prisma de Sinaloa facilita observar las tonalidades del discurso político y énfasis en la manera de enfrentar el fenómeno de la violencia y criminalidad.
Además, la observación de la polarización de esta pugna es capital ante la inminente aprobación de la reforma constitucional para traspasar la Guardia Nacional a la Sedena como pilar de la estrategia de seguridad. El debate sobre ella, como la descomposición de la luz en un prisma, se encendió con la declaración del general Jesús Leana, comandante de la Tercera Región Militar en Sinaloa, al decir que la paz “no depende” de los militares, sino de que los grupos antagónicos dejen de pelear. Su expresión cayó como bomba en una sociedad que se siente abandonada y urgida de una paz que no tiene para cuándo llegar.
Su manifestación parecía una respuesta como la del Culiacanazo, cuando López Obrador ordenó al Ejército dejar escapar a Ovidio Guzmán ante el riesgo de ataques a la población civil, aunque por donde se le mire es la víctima principal. Su frase abrazos, no balazos, de alto impacto mediático, es, sin embargo, poco clara para explicar una estrategia que queda así reducida a la decisión binaria del Estado de no actuar contra el crimen o provocar una guerra, además de contradictoria con el despliegue de fuerzas para disuadir a las facciones.
Por eso, el Presidente tuvo que salir a corregir la decepcionante voz del militar, y Sheinbaum, para proyectar alguna luz de su estrategia a días de la sucesión. Hay dos objetivos —dijo— proteger a la población civil y evitar la pérdida de vidas en la confrontación, aunque luego López Obrador rebajaría la gravedad de la guerra como “amarillismo” de prensa y politizarla con los muertos en Guanajuato por el crimen.
Pero ella se posicionó en la discusión con matices importantes. Sí secundó la idea de que la fuerza puede provocar más violencia en perjuicio de la población, pero acotó que, sin embargo, no se trata de esperar a que los grupos dejen de pelearse, sino de usar la investigación de inteligencia. Su estrategia en la CDMX centró su atención en reducir los focos de violencia más que en las estructuras criminales con investigación policiaca para atacar la violencia de alto impacto y sus arsenales bélicos, algo de lo que adoleció el actual gobierno federal.
La inseguridad y el descontrol de la violencia en territorios ganados por el crimen son los peores legados de su predecesor, aunque su gobierno asegure que le dejó las bases sentadas en seguridad y reducción del delito.
Pero la expansión de las organizaciones criminales y su desafió a la población civil en conflictos cruentos como en Chiapas o en Sinaloa le dejan poco margen de tiempo para actuar. Menos la creciente presión de EU en su promesa de ir contra los cárteles, principalmente el de Sinaloa, para combatir drogas sintéticas y el fentanilo. Su reloj comenzará a correr el 1 de octubre con las manecillas de las poblaciones agotadas por la violencia y una sociedad que ya no tiene tiempo para dilatar resultados.
La democracia mexicana va a la deriva. Se ha desviado de su trayectoria. Aquella que comenzó con la reforma política de 1978, que logró quitar al partido hegemónico el control sobre los participantes y las reglas de la competencia, sobre la organización electoral y sobre el recuento de votos. Aquella que, en 1997, por primera vez en la historia instauró un gobierno sin mayoría, obligando a que las reformas no pudieran ser impuestas por una sola fuerza política. Aquella que en el año 2000 permitió la alternancia pacífica. Sobre todo, aquella que poco a poco introdujo contrapesos al poder casi omnímodo de quien quiera que ocupase la Presidencia.
Con algunos retrocesos, cada día se avanzaba: un derecho ciudadano más, instrumentos para hacerlos valer, mayor certidumbre jurídica, menor discrecionalidad para el Ejecutivo, mayor independencia del Poder Judicial, deliberación y negociación en el Poder Legislativo, órganos de autonomía constitucional para aislar de la política partidaria áreas como la competencia económica, la transparencia, los derechos humanos o la medición de la pobreza.
Sin negar los todavía grandes pasivos de la democracia se navegó en la dirección correcta hasta que nos llegó la hora de encallar. En 2018 la democracia quedó primero varada y después emprendió el rumbo hacia la autocracia.
El timonel del sexenio que está por terminar agarró el rumbo contrario al que habíamos bordeado durante cuatro décadas. Primero tímida y después decididamente. Usando y abusando del poder. No hubo en todo el sexenio algún viso de querer consolidar lo alcanzado, ya no se diga de avanzar. Desde un inicio fue claro que la idea era concentrar el poder en la figura presidencial de facto y de jure.
Ya en su último año quiso cambiar las reglas de la democracia electoral con el famoso plan B. La Corte lo impidió. La venganza sería implacable. Como afirma The Economist, el sexenio completo palidece junto a las semanas que le restan. Lo que habrá es una carnicería constitucional.
A partir del 5 de febrero se ha vivido un calvario para defender la autonomía e independencia del Poder Judicial, que es el único que nos va quedando para, a su vez, defender a la democracia.
Midiendo bien la centralidad del Poder Judicial, la oposición, los ministros, jueces y magistrados, junto con los estudiantes y buena parte de la sociedad civil, hemos recorrido todos los cruces y aduanas posibles para intentar salvar su independencia y autonomía. En cada aduana nos hemos enfrentado, primero, a la determinación del Presidente de hacerse de ese poder y, segundo, a un conjunto de legisladores que ostenta, sin haberla ganado en las urnas, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
La cruzada comenzó con una batería de argumentos frente a los 11 consejeros del INE y a los cinco magistrados del Tribunal para que no otorgaran esa mayoría calificada a la coalición morenista. No se pudo. Después vinieron los esfuerzos para hacer entender los peligros políticos, económicos y sociales de una reforma al Poder Judicial que, en pocas palabras, lo ata al Poder Ejecutivo y su partido. Tampoco se pudo. No valieron los razonamientos de los juristas, colegios de profesionistas, académicos, impartidores de justicia, empresarios, iglesias, organismos internacionales y calificadoras. A nadie se escuchó.
Se exploró la vía de los amparos para frenar una reforma que dará al partido mayoritario el control sobre los jueces. Tampoco se pudo. Siguió una inédita huelga de los y las trabajadores del Poder Judicial, incluida la Corte. Nada.
Al momento en que esto escribo no se sabe si López Obrador logrará juntar a los 86 senadores necesarios para aprobar su infame reforma. Lo que sí sabemos es que la política de este gobierno se revela sin escrúpulos. Sobornos para comprar votos senatoriales y extorsión judicial que ofrece impunidad a quienes tienen carpetas de investigación abiertas. También sabemos que la oposición –hablo ahora del PAN– no ha estado a la altura en un momento en que si algo hace falta es unidad. Del resto de los partidos lo que hay son rumores.
De ser aprobada la reforma, queda una aduana más, la de los 17 congresos locales que deberán confirmar el cambio constitucional. Con 23 estados en poder de Morena, se antoja imposible que la rechacen.
Ante la sinrazón quedará como único dique la realidad misma. La prácticamente irrealizable implementación de una reforma que deberá sustituir en una elección a más de cerca de 6 mil jueces y magistrados, los contrapesos de los organismos internacionales, los tratados como el T-MEC, la fuga de capitales, la cancelación de inversiones y, desde luego, la calle.
Vendrán otras reformas constitucionales que también dañarán la democracia: la desaparición de los órganos autónomos, la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, la ampliación de los delitos que merecen prisión preventiva, la reforma electoral. No habrá Poder Judicial para pelear la inconstitucionalidad de las reformas.
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