La sentencia de más de 38 años de prisión contra Genaro García Luna no puede sorprender a nadie. Desde el momento en que el exsecretario de Seguridad Pública federal no se declaró culpable, era evidente que, tanto para la fiscalía de Nueva York como para el propio juez Brian Cogan, se le impondría una condena muy pesada. Desde el primer momento lo que se buscaba, lo reconoce el propio juez Cogan en su dictamen, era que García Luna reconociera su responsabilidad y colaborara con las autoridades. Para el propio exsecretario, ése hubiera sido también el camino más sencillo. Optó por mantener su inocencia y ahora, luego de la sentencia, irá a una apelación que, en temas de delitos federales, siempre es muy difícil de ganar en la Unión Americana. Le quedará la opción de negociar. Lo dudo.

Insisto en un punto: el proceso contra García Luna se estableció con base en testimonios de narcotraficantes reconvertidos en testigos colaboradores a cambio de una reducción de sus sentencias. Ese tipo de testimonios siempre son importantes para poder ahondar en las investigaciones, pero también deben ir acompañados de pruebas materiales. En el juicio contra García Luna no hubo esas pruebas materiales: no hubo un video, una llamada telefónica, una foto, ni siquiera un depósito de dinero que mostrar.

Algunos de los testimonios no son verosímiles, como la entrega de millones de dólares en efectivo en el restaurante de moda de aquellos años en México. Pero el dato duro es que se estableció ya una norma en el tratamiento de estos casos y es que esos testimonios son considerados suficientes por la justicia estadunidense para iniciar un proceso y establecer una condena.

En este sentido, el de García Luna será el primer capítulo de una novela muy larga, porque con el mismo mecanismo y los mismos instrumentos habrá, inevitablemente, muchos otros procesos. Se podrá decir que con ello se podrá depurar la relación entre la política mexicana y el crimen organizado. Puede ser, pero se hará en tribunales estadunidenses de acuerdo con las normas y los intereses de ese país.

Cuando se festina tanto la sentencia contra García Luna, se olvida que, como ya se ha publicado muchas veces en meses pasados, en los mismos testimonios en los que se acusa a García Luna también se dice (sobre todo en el de Jesús Zambada, el hermano de El Mayo) que esa organización criminal aportó recursos a la campaña de 2006 de López Obrador. ¿Es verdad? Quizá se entregó dinero a alguien de la campaña, pero no directamente al candidato, no creo que López Obrador haya recibido dinero del narcotráfico, como me cuesta creer que le entregaran millones de dólares a un secretario de Seguridad Pública federal en un restaurante. Pero a esos testimonios se les ha dado legitimidad.

Entramos con la sentencia a García Luna en una nueva etapa en la relación judicial entre México y Estados Unidos. Desde hace tiempo hemos dicho que lo que se buscaba era una suerte de maxiproceso contra México por temas de narcotráfico. Esa estrategia (establecida durante la gestión de William Barr en la fiscalía de EU) tuvo tres etapas, el juicio contra El Chapo, la detención de García Luna, luego la del general Cienfuegos y más tarde tendría que darse la de algunos dirigentes políticos. La estrategia se cayó con la reacción generada por la injusta detención del general Cienfuegos, pero se mantuvo vigente con el juicio de García Luna y se retomará a partir de esta sentencia.

Mañana en el mismo juzgado neoyorquino será la comparecencia de Ismael El Mayo Zambada. En las próximas semanas, las de Ovidio y Joaquín Guzmán López y la de El Nini. Todos ellos estarán en el banquillo de los acusados y con ellos las autoridades mexicanas. 

Porque todo esto se da en un nuevo contexto: en la Unión Americana ha habido en los últimos seis, siete años, unos cien mil muertos cada año por sobredosis, la mayoría por fentanilo, que las autoridades estadunidenses sostienen, con razón, que llega vía México. Estamos hablando de una cantidad enorme de muertes que están acompañadas por un deterioro de las condiciones de vida en muchos centros urbanos por la presencia de numerosas personas en situación de calle derivada del consumo, sobre todo, de fentanilo.

Ni el gobierno ni la política estadunidense pueden ignorar ese fenómeno y la presión sobre México para, por lo menos, moderar la producción y tráfico de este tipo de drogas es y será durísima y se basa en hechos objetivos que es difícil descalificar.

Los procesos o las amenazas de éstos, contra personajes públicos de México serán un instrumento de presión muy útil en esa lucha y con el juicio a García Luna ya se tiene determinado el camino que se puede seguir, pero estaremos hablando no del pasado relativamente lejano, del gobierno de Fox o de/ Calderón, sino del pasado inmediato, cuando comenzó la epidemia de fentanilo, que es el mayor desafío actual de las autoridades estadunidenses.

No sé si García Luna tuvo relaciones de complicidad con esos grupos criminales. Lo que sí sé es que las mismas no me parecen suficientemente comprobadas en el proceso que ayer concluyó. Pero sí podemos saber que desde ayer se abrió una caja de Pandora en la judicialización de la política mexicana en Estados Unidos que será muy difícil de cerrar.