KIEV (KYIV), Ucrania.— Faltan apenas 18 días para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum y la invitación que el equipo de la presidenta electa hizo al mandatario ruso Vladimir Putin –quien tiene una orden de captura girada por la Corte Penal Internacional (CPI)– sigue levantando olas.

Fue criticada por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, en la entrevista que le realicé, y ahora se ha sumado Karim Khan, fiscal de la CPI. 

Durante una reunión que se realizó ayer en Kiev para denunciar el secuestro de unos 30 mil niños ucranianos por parte de las fuerzas invasoras de Rusia –caso por el que Putin es buscado por la justicia internacional–, Khan dijo que México, como firmante del Estatuto de Roma, instrumento jurídico por el que se rige la CPI, no podrá rehuir de sus obligaciones en caso de que Putin aceptara la invitación.

“No importa cuál sea el país, si es del norte o del sur, si es de África, Asia o América Latina, el estatuto es el mismo, la obligación es la misma, y la orden de captura es la misma”, afirmó Khan.

“Se habló mucho de que el señor Putin iría a Sudáfrica (para asistir a la reunión de los BRICS, cosa que no ocurrió) y ahora se habla mucho de México”, agregó. “El tema es que la Corte Penal Internacional no es política, sino judicial. Tiene poder legal, en manos de jueces independientes. Es decir, (la captura) no es un hecho sujeto a consideraciones políticas”.

Con su declaración, Khan parecía responder a lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera del 7 de agosto, cuando afirmó que México no detendría a Putin en caso de que aceptara la invitación para estar en la toma de posesión de Sheinbaum.

“Nosotros no podemos hacer eso, no nos corresponde”, dijo esa vez el mandatario. 

“Nosotros estamos en contra de la guerra. Estamos a favor de la paz. Y lo que hemos propuesto en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania (sic) es acuerdos, que haya una intermediación. Hasta propuse en su momento que se convocara al primer ministro de India, Narendra Modi, al papa Francisco y al secretario general de Naciones Unidas para que los tres establecieran comunicación y detener la guerra y evitar que el pueblo siguiera sufriendo”.

López Obrador respondió así a la petición de la   embajada ucraniana para que nuestro país cumpla con su obligación en el marco del Estatuto de Roma –al que se adhirió hace 19 años– y detenga a Putin si es que llega a México.

El asunto comenzó a comentarse a raíz de que el gobierno ruso se convirtió en el primero –y, hasta ahora, el único– en acusar recibo de la invitación de manera pública. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores y el equipo de la Presidenta electa han afirmado que la invitación a Putin tiene un carácter rutinario, pues se envió una semejante a todos los países con los que México tiene relaciones diplomáticas.

Desde luego, hay una alta posibilidad de que Putin mande a un representante a la ceremonia –como hará Zelenski, de acuerdo con lo que me dijo en la entrevista–, pero ¿y si llegara a venir, como acaba de pasar con su visita de principios de mes a Mongolia?

Dicha visita ha causado una tormenta diplomática para el país asiático, que también es firmante del Estatuto de Roma y al que, además, la CPI solicitó oficialmente que cumpliera con su obligación y detuviera al mandatario ruso.

Si eso está pasando en el caso de Mongolia, ya se puede imaginar lo que sucedería en el caso de México. La presencia de Putin en la toma de posesión, el 1 de octubre, marcaría para el resto del periodo la agenda internacional de la primera Presidenta de la República, pues, como dijo López Obrador, Putin no sería detenido.

¿Para qué, entonces, extenderle la invitación? Aunque se quiera calificar como algo de rutina, no había ninguna obligación de hacerlo. A menos, claro, que se quiera prolongar en el próximo sexenio la postura francamente prorrusa que ha tenido el actual y, de paso, arruinar la reputación del país.