El domingo marca no sólo el arranque de la nueva Legislatura del Congreso de la Unión. También es la fecha en que el presidente Andrés Manuel López Obrador rinde su último Informe de Gobierno, justo un mes antes de entregar el poder. Y, además, se inicia el Mes de la Patria.

Esta conjunción es relevante para los planes que tiene el tabasqueño para cerrar su sexenio.

El 1 de septiembre es, desde 1917, el día que comienzan las actividades del Congreso de la Unión en su primer periodo ordinario del año legislativo (hasta 1857 fue el 1 de enero; después, el 16 de septiembre). El domingo o en los días inmediatos posteriores, el dictamen de la reforma judicial promovida por López Obrador será llevado al pleno de la Cámara de Diputados.

El oficialismo prácticamente tiene asegurados los votos en ambas cámaras no sólo para aprobar el proyecto, sino para hacerlo a la velocidad que considere conveniente. También controla más de la mitad de los congresos estatales, por lo que no habrá obstáculo para que la reforma quede firme en el momento que se quiera.

Esta semana, se armó una polémica cuando la presidenta electa Claudia Sheinbaum “sugirió” a los próximos grupos parlamentarios del movimiento gobernante tomar las cosas con calma y no acelerar la aprobación de la reforma judicial a fin de respetar el proceso legislativo. En respuesta, López Obrador negó que los tiempos legales se estuvieran atropellando.   

Aunque los legisladores tienen hasta el 30 de septiembre para entregar a López Obrador su “regalo” de despedida –como lo denominó el dirigente morenista Mario Delgado–, lo más seguro es que el proceso terminará a tiempo para que el mandatario lo pueda presumir durante las conmemoraciones del 114 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia.

El contexto será perfecto para responder los cuestionamientos de Estados Unidos a las modificaciones constitucionales en materia judicial, cuyo pilar es la elección de los juzgadores. 

La independencia de México fue una ruptura con España, una de las potencias hegemónicas de la época. En las siguientes décadas, el país sufrió intervenciones y la pérdida de territorio. Por ello, las Fiestas Patrias siempre han tenido un ingrediente de denuncia contra la dominación extranjera.

La jugada presidencial ya puede adivinarse: el 1 de septiembre, a las 10 de la mañana en el Zócalo, reiterará, en su discurso del Sexto Informe –que ya anunció que será largo–, que México es soberano y no tiene por qué atender las preocupaciones que se han manifestado desde el extranjero sobre la reforma. A las 5 de la tarde del mismo domingo, se instalará el Congreso de la Unión y se echará a andar la maquinaria legislativa para aprobarla.

El 15 de septiembre, durante la ceremonia del Grito, lanzará uno de sus vivas a la democracia, la cual, según ha dicho, exige que se pongan a votación los cargos judiciales. El día 16, durante la ceremonia diurna, previa al desfile militar, él o quien quiera que pronuncie el discurso advertirá a los extranjeros que no metan las narices.

Así que en septiembre, último mes de su periodo, López Obrador jugará la carta del chovinismo, convocando a sus simpatizantes a rechazar el intervencionismo, a pesar de que él lo practicó varias veces durante su sexenio en relación con los procesos políticos en países como Bolivia, Perú y Ecuador.

La única variable que podría alterar los planes es el grado de fragilidad que muestre la economía mexicana frente a las dudas del mercado en torno de la reforma. Recordemos que su estado no es tan vigoroso, pues su desempeño se ha empantanado desde finales del año pasado y Banco de México acaba de reducir sus expectativas en cuanto al crecimiento del PIB para este año y el próximo.

Sin embargo, salvo que sobreviniera una situación incontrolable, jure usted que López Obrador no dará su brazo a torcer. Para él, esto es cuestión de orgullo, no el resultado de un estudio sobre lo que el país necesita.