El soborno

 

Pascal Beltrán del Río

 erar la reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador, casi todos los juzgadores actuales se verán afectados, ya sea mediante el recorte del periodo para el que fueron designados o la pérdida de sus derechos laborales, o ambos. Sin embargo, hay cinco excepciones notables: los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si no todos, al menos tres de ellos podrían caer parados.

“Amor con amor se paga”, el dicho que forma parte del repertorio presidencial, les cae como anillo al dedo, pues el papel que han venido jugando en el feneciente proceso electoral los hará merecedores de un regalazo.

Serán los únicos destinatarios de la reforma a los que no se obligará a renunciar para someterse a una elección popular. No sólo eso: verán extendido el lapso de su gestión.

Los magistrados Mónica Soto (presidenta del Tribunal), Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Janine Otálora, quienes debían dejar el cargo en octubre de 2025, así como Reyes Rodríguez Mondragón, quien debía hacerlo un año antes, podrán permanecer hasta agosto de 2027, luego de que se celebre la segunda elección popular de juzgadores. 

Y no sólo eso. Si se sienten con ganas de buscar un asiento en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrán pase automático para participar en la elección que se llevará a cabo en junio del año entrante, algo que les estaba vedado en la iniciativa original del Ejecutivo, que acaba de ser modificada en comisiones de la Cámara de Diputados.

Dichas consideraciones especiales no son sólo una recompensa por haber tratado con pinzas al presidente López Obrador, a quien no sancionaron a pesar de sus evidentes interferencias en el proceso electoral, sino una carnada para evitar que interpreten la Constitución en contra de la excesiva sobrerrepresentación que pretende obtener el oficialismo en San Lázaro a la hora de distribuir las 200 diputaciones plurinominales para la próxima Legislatura, que se instala dentro de 12 días.

Aunque el reparto lo realizará el Consejo General del INE el viernes, tocará a la Sala Superior del Tribunal Electoral resolver las impugnaciones que se presenten. La suya será la última palabra en la materia. 

Como se recordará, la secretaria de Gobernación –que nada debiera decir sobre asuntos electorales– ha hecho pública una estimación de cuántos diputados tocará a cada partido, y ha dicho que a la coalición oficialista le corresponderán 373, es decir, 75% del total, cuando sólo logró 54% de los votos.

Si se concretara esa supermayoría, Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde, podrían modificar la Constitución sin el concurso de la oposición, algo que viola el espíritu de la Carta Magna.

Sin esa mayoría calificada en manos del oficialismo, la reforma judicial y otros 17 paquetes de cambios constitucionales difícilmente prosperarían. Es por ello que necesariamente requiere que al menos tres de los cinco magistrados electorales voten a favor de la lectura que de la Carta Magna ha hecho el gobierno en materia de sobrerrepresentación.

Hasta ahora, tres de los cinco magistrados electorales han venido haciendo equipo con el oficialismo, y sólo dos han mostrado un talante crítico en las deliberaciones de la Sala Superior. Jure usted que si esos tres ya no resultaran funcionales, el dictamen de la reforma judicial los trataría con menos benevolencia.

Esos tres magistrados podrían ganarse, junto con sus compañeros, un lugar en la historia si actuaran en la defensa de la división de Poderes, impidiendo que una misma fuerza política pueda imponer al país la voluntad de un solo hombre. Veremos qué pesa más: su conciencia o el soborno.

 

• BUSCAPIÉS

*Con el fin de mantener su indefinición sobre la elección presidencial venezolana, el presidente López Obrador pide esperar que se pronuncie el Tribunal Electoral del país sudamericano. Sépase que ese organismo es presidido por una militante consumada del chavismo y es el mismo que impidió que la líder opositora María Corina Machado participara en la elección.