Andrés Manuel López Obrador está irritado y preocupado por la labor de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Esta organización ha realizado más de mil 200 publicaciones que evidencian la corrupción y la impunidad en nuestro país. El Presidente anunció ayer que enviará una carta a su homólogo Joe Biden, para denunciar la “injerencia” de EU en asuntos internos de México, a través de las donaciones que hace a MCCI. La misiva se acompañará de una nota diplomática de la Cancillería al gobierno del vecino país del norte.

* El Presidente alega que MCCI es una organización que tiene el propósito de mantener la corrupción y los privilegios.

“Es una fundación que, de facto, dirige a todo el bloque conservador que está en contra del gobierno, que legal y legítimamente se constituyó en nuestro país”, asevera.

Buscamos a María Amparo Casar, presidenta de MCCI, para que nos diera su opinión sobre el anuncio del Presidente.

 

Respondió vía WhatsApp: “Pues que la mande. No sé cuál es el protocolo con notas diplomáticas y, por tanto, no sé si le contesten. Biden no contestó la de mayo de 2023 y dudo que conteste ésta. Mexicanos contra la Corrupción tiene autorización del SAT para recibir donativos nacionales y extranjeros”.

MCCI, por separado, hizo notar que no es delito que reciba donativos, tanto nacionales como extranjeros. Desde 2016, cuenta con la autorización del SAT para aceptarlos, con estricto apego a la ley. Lo que sí va contra la ley es que la UIF difunda información sobre los donativos que reciben organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro (artículo 69 del Código Fiscal federal).

El comunicado de MCCI es fuerte: “Además de violar el derecho a la protección de datos personales de los donantes, proveedores y personal de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a amenazar la libertad de expresión. MCCI ha sido hostigada y difamada en 265 ocasiones desde las conferencias matutinas”, ilustra la ONG en su respuesta al Presidente.

 

 

 

 

 

* Pablo Gómez, titular de la UIF, aseguró en la mañanera que la citada ONG tiene como apoderados legales al empresario Claudio X. González y a la investigadora María Amparo Casar, pero el comunicado de MCCI aclara que el empresario dejó esa organización en 2020.

Algunos datos que el titular de la UIF hizo públicos son los siguientes: los ingresos que MCCI ha tenido son 2016, 68 millones 53 mil; 2017, 75 millones 469; 2018, 81 millones 833 mil 980; 2019, 79 millones 867 mil 628; 2020, 65 millones 263 mil pesos; 2021, 40 millones 803 mil 588; 2022, 35 millones 321 mil, y en 2023, 55 millones 974, 478 de pesos.

Los recursos recibidos desde cuentas de Estados Unidos son tres operaciones de Ford Foundation por cinco millones 601 mil 500 pesos; dos operaciones, dos envíos, de John and Catherine MacArthur Foundation.

Una de International Community Foundation; otra, FPOS, marca la cuenta bancaria, desde Estados Unidos, en 2020 por 978 mil 72 pesos; una operación, un envío desde Rockefeller Brother Foundation Incorporated, por 471 mil 250 pesos; una de Intelligent Mexican Marketing Incorporated, en 2017, por 50 mil 957. En el periodo 2017-2023 se registraron nueve donativos por un total de 13 millones 17 mil 951 pesos, procedentes de EU.

Asegura también que, a partir del 29 de agosto de 2023 hasta el 23 de enero de 2024, MCCI recibió 96 millones 740 mil 613 pesos de la Embajada de Estados Unidos. Gómez violó el Código Penal Fiscal al ventilar los nombres y apellidos de decenas de personas y empresas mexicanas que han apoyado financieramente a esa organización. Pero ya se la saben: no les vengan con el cuento de que la ley es la ley.

* En el frente de la reforma al Poder Judicial las cosas se ponen rudas. En puerta está un paro indefinido de 55 mil trabajadores, si no se incorporan sus propuestas en el dictamen que se apruebe en el Congreso.

“Vamos a determinar el paro en caso de no ser escuchados en la discusión. Vamos a proceder a la suspensión de labores”, advirtió ayer Rosa Elena Alonso, directora del Colegio de Oficiales, Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal.

En conferencia de prensa, que encabezó el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, Alonso dejó claro que elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros “no es la mejor opción. “No es la mejor opción, porque tendrían que tener contacto con personas del crimen organizado y otras personas que no son convenientes.

“Esa iniciativa —añadió— destruye la independencia judicial, que es garantía para el ciudadano de que la persona que habrá de juzgarlo decidirá los litigios con arreglo a derecho”.

* Minutos después apareció en el Patio del Federalismo del Senado el jefe de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.

Interrogado sobre el paro, advirtió que, de concretarse, jueces y magistrados que hayan convocado a esta protesta incurrirán en delitos graves. “No hay forma de que se involucren intereses mafiosos en la Corte ni en la elección. Vamos a establecer medidas legislativas para evitarlo”, aseguró.

¿Será?