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México y Venezuela, el cinismo judicial frente al caso Odebrecht

 

 

 

 

 

 

México y Venezuela, el cinismo judicial frente al caso Odebrecht

BOGOTÁ (apro).- No es casualidad que México y Venezuela sean los países latinoamericanos donde menos consecuencias han tenido las denuncias sobre los millonarios sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios públicos a cambio de millonarios contratos gubernamentales.

La actuación de los aparatos judiciales frente al caso Odebrecht en esos dos países ha sido tan sospechosamente lenta, que es imposible desvincularla de un contexto más general: México y Venezuela figuran entre los 30 países más corruptos del mundo

Venezuela, que según el índice de Transparencia Internacional es el país más corrupto de América Latina, no existe ninguna investigación oficial sobre los sobornos de Odebrecht, a pesar de que ejecutivos de la constructora confesaron haber hecho pagos por 98 millones de dólares a altos funcionarios del régimen.

Y en México, el quinto país más corrupto de la región en la lista de Transparencia Internacional, sólo un exfuncionario, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, está siendo investigado.

Lozoya, quien fue coordinador internacional de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, habría recibido 10.5 millones de dólares entre ese año y 2016 para ayudar a Odebrecht a obtener contratos, según declaraciones juradas de tres exejecutivos de esa empresa.

El año pasado, diputados de Morena denunciaron a Lozoya ante la Procuraduría General de la República (PGR), cuando esa dependencia estaba a cargo de Raúl Cervantes Andrade, el llamado “fiscal carnal”.

Una denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la otra en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf), pero el caso se ha movido en cámara lenta, en contraste con lo que ha ocurrido con las denuncias en otros países latinoamericanos.

México y Venezuela han sido dos lunares en la región desde que hace dos años, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que, según testimonios de altos ejecutivos de Odebrecht, esa constructora pagó 788 millones de dólares en sobornos por más de 100 proyectos de obra pública en 11 países de América Latina.

Transparencia Internacional destacó en su informe de este año que el caso Odebrecht se ha traducido en sanciones judiciales “contra empresarios y figuras políticas en los más altos niveles en Brasil, Ecuador y Perú”.

En Brasil, donde la constructora habría pagado sobornos por 349 millones de dólares, está en la cárcel el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, la destituida expresidenta Dilma Rousseff y el actual mandatario Michel Temer están investigados y decenas de políticos, empresarios y exdirectivos de empresas estatales ya fueron sentenciados por peculado o están bajo proceso penal.

En Ecuador, el exvicepresidente Jorge Glas, el político más cercano al expresidente Rafael Correa, fue condenado a seis años de cárcel bajo cargos de aceptar sobornos, y el propio exgobernante, que reside en Bélgica, fue requerido por la justicia de su país para responder por “delincuencia organizada” por su presunta participación en el caso.

En Perú, están procesados penalmente por la trama de Odebrecht los expresidentes Alan García, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, y la líder opositora Keiko Fujimori está en prisión bajo cargos de recibir fondos de la constructora brasileña para financiar su campaña en 2011.

Además, Pedro Pablo Kuczynski se vio orillado a renunciar como presidente de Perú en marzo pasado tras ser acusado de recibir pagos de Odebrecht a cambio de una consultoría.

En Panamá, hay 36 personas procesadas, entre ellas dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli y tres de sus exministros.

También en Argentina, República Dominicana y Guatemala hay varios funcionarios de alto nivel sometidos a investigación.

Y hasta en Colombia, donde el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, es señalado por la oposición política de bloquear una investigación contra el mayor conglomerado empresarial del país, el Grupo Aval, por su eventual participación en los sobornos de Odebrecht –que fue su socio en ese país–, hay 91 procesados, 18 de ellos privados de su libertad.

México y Venezuela: la inacción

La exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, ha señalado que en su país nada va ocurrir con el caso Odebrecht mientras se mantenga en el poder el presidente Nicolás Maduro, a quien ella acusa de recibir de la constructora 50 millones de dólares para su campaña presidencial en 2013.

Ortega, quien está exiliada en Colombia, ha dicho que, a cambio de ese financiamiento ilegal, Odebrecht recibió en Venezuela “jugosos contratos de obras que no se terminaron y que hoy son monumentos a la corrupción”.

Maduro no está investigado en su país, pero el llamado Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela, integrado por magistrados nombrados por la Asamblea Nacional, lo sentenció en agosto pasado a 18 años de cárcel por recibir fondos de la constructora brasileña.

En México, una nota de Proceso del reportero Mathieu Tourliere daba cuanta la semana pasada que Emilio Lozoya, el único investigado por el caso Odebrecht en ese país, obtuvo un amparo con el que la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade) deberá decidir si ordena o no su captura.

La Fepade tiene 40 días naturales para practicar las diligencias que estime necesarias en el caso y tomar una decisión.

El juzgado de distrito que otorgó el amparo consideró que la Fepade ha tenido el tiempo suficiente para hacer una investigación exhaustiva e imparcial y determinar si se ejerce o no la acción penal contra Lozoya

No caer en provocaciones pide a jueces el ministro Pardo Rebolledo

 

“No caer en provocaciones”, pide a jueces el ministro Pardo Rebolledo 

POR  , Twitter

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde el máximo tribunal del país, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo pidió a los jueces “no entrar en la arena de la batalla política” para defender sus resoluciones, ni “caer en provocaciones” aunque sean objeto de “agresiones y críticas injustificadas”.

En plena confrontación con los poderes Ejecutivo y Legislativo por la Ley Federal de Remuneraciones, que prevé la reducción de sueldos en todo el aparato público, el ministro demandó al mismo tiempo el respeto al equilibrio de poderes.

Pardo Rebolledo fijó esa postura en una reunión del pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) –que representan la máxima representación del Poder Judicial Federal–, durante la toma de protesta de 30 nuevos jueces y magistrados de distrito.

Aspirante a presidir ambas instancias a partir de enero próximo, Pardo hizo el llamado un día después de que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal se expresó públicamente en diferentes estados de la República en contra de la reducción de sus ingresos prevista en la Ley de Remuneraciones. “La mejor defensa de los jueces es su prudencia y la dignificación de su tarea, y en la reserva y discreción que imperan en sus actos; es necesario evitar caer en cualquier provocación derivada de la agresión y de la crítica por más injustificada que ésta sea”, expresó el ministro.

En una larga intervención aderezada de experiencias y acuerdos internacionales, así como de la historia nacional de defensa de la independencia y autonomía de los jueces, Pardo señaló que los jueces mexicanos “en todo momento debemos hacer honor (al) juramento y bajo ninguna circunstancia entrar a la arena de la batalla política en defensa de sus fallos”.

Nuestro deber es no esperar otra protección que la otorgada por la Constitución, “lo que no impide que puedan expresarse en defensa de sus propios derechos”.

Añadió: “Debemos confiar en que existe una conciencia social que entiende que una democracia no puede existir sin un Poder Judicial sólido, autónomo y apto para defender a las personas de la arbitrariedad, la ilegalidad y la injusticia”.

Los jueces deben actuar “sin esperar defensa externa alguna”, dijo Pardo en su discurso, marcado por la confrontación política y judicial con la mayoría de Morena en el Congreso, a raíz de la Ley de Remuneraciones aprobada por esa mayoría oficial legislativa para que ningún funcionario público gane más que el titular el Ejecutivo, como lo estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se fijó un sueldo de 108 mil pesos mensuales.

“La mejor manera de defender nuestra autonomía e independencia no es otra que hacer de la mejor forma lo que nos compete, y esto es impartir adecuadamente justicia pronta, completa e imparcial”, recalcó el ministro.

Y aunque reconoció que se deben hacer modificaciones en el Poder Judicial para transparentar sus actuaciones y sancionar las irregularidades, defendió el sistema de designación de los jueces y magistrados.

El senador oficialista, Ricardo Monreal, quien ha dicho que el Poder Judicial necesita “una sacudida”, propuso una iniciativa para rotar a los jueces y magistrados para que permanezcan entre tres y seis años en un tribunal. Según el senador, la medida evitaría el nepotismo.

Pardo agregó: “Ningún poder se encuentra por encima ni por debajo de otro, y el equilibrio entre los tres poderes descansa en el absoluto respeto mutuo de sus respectivas competencias y facultades”.

 

 

Monreal y Delgado truenan contra la SCJN y advierten: sí se ajustarán salarios

 

Monreal y Delgado truenan contra la SCJN y advierten: sí se ajustarán salarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras conocerse la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta que revise su constitucionalidad, legisladores morenistas levantaron la voz y aseguraron que habrá reducciones en los salarios.

El más enfático fue el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien afirmó que en el decreto de Presupuesto 2019 se ajustarán los salarios para que nadie gane más que el presidente Andrés Manuel López Obrador.No obstante, la suspensión, admitida por el ministro Alberto Pérez Dayán, implica que los diputados están impedidos de elaborar el presupuesto con los recortes salariales que quería el gobierno de López Obrador.Con esa determinación, el Congreso tendrá que elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación como lo hizo para el ejercicio fiscal de 2018. Lo que sí podrán hacer es incrementar los salarios a los burócratas que ganan menos, como lo prometió el presidente.

En una cascada de mensajes, Delgado defendió la llamada “Austeridad Republicana” y lanzó incluso críticas contra la oposición: “Ojalá y como defienden los excesos y privilegios de la burocracia dorada, los senadores del PAN, PRI, PRD y MC defendieran al pueblo. No entienden que México ya cambió. ¡La #AusteridadRepublicana va!”.

El legislador morenista insistía en su cuenta de Twitter, ante un carrusel de entrevistas en medios: “Las y los diputados vamos a establecer los topes a los salarios en el #Presupuesto2019”.

De la misma manera reaccionó su par en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, quien calificó de una farsa la suspensión de la Corte.

“Inverosímil, la fuerza jurisdiccional y política que se resiste a la austeridad. No les importa la condición del país, ni la emergencia nacional. Elaboran la acción de inconstitucionalidad, manipulan, presionan, conceden la suspensión y mantienen sus privilegios. Una farsa”.

En otro mensaje, plasmó: Confirmado: la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Remuneraciones (que establece que ningún servidor público gane más que el #PresidenteDeMéxico ) fue elaborada, redactada y cabildeada por ministros de la @SCJN. Jueces y parte. Insólito. ¿Alguien duda cómo resolverán?

División de Poderes

Bitácora del director

PASCAL BELTRÁN DEL RÍO

División de Poderes

 

 

10 de Diciembre de 2018

Entre viernes y sábado, el Poder Judicial mostró que tiene criterio propio y que puede funcionar como control del Ejecutivo y el Legislativo.

Primero fue la Suprema Corte de Justicia, que admitió a trámite las quejas que recibió sobre la aplicación de la Ley de Remuneraciones —promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por las bancadas de Morena en el Congreso— que establece que ningún funcionario, incluidos los integrantes del Poder Judicial, podrá ganar más que el Ejecutivo.

Al día siguiente, por cuatro votos a tres, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratificó el triunfo de la panista Martha Erika Alonso, pese a que el proyecto a discusión —elaborado por el magistrado José Luis Vargas y calificado como una concesión a Morena— proponía la anulación de los comicios para gobernador en Puebla.

Más allá de que cualquier ciudadano tiene derecho a criticar y argumentar en contra de lo realizado por esas dos instancias, éstas mostraron su autonomía de los otros Poderes y de la parte de la opinión pública que coincide en todo con López Obrador.

Esa independencia es una característica básica de la división de Poderes y el funcionamiento de la democracia.

“Si el Legislativo y el Ejecutivo son una sola institución, no habrá libertad”, escribió Montesquieu, en cuyas ideas se funda la separación de Poderes. Y añadió: “Tampoco la habrá si las autoridades judiciales no están separadas de las legislativas y las ejecutivas”.

Montesquieu creía que la existencia de esas tres ramas impediría la aprobación y aplicación de leyes tiránicas, pues los otros dos Poderes controlarían al tercero.

México vivió demasiado tiempo una realidad en la que el Legislativo y el Judicial eran meros apéndices del Ejecutivo. A partir de finales de los años 90, el Presidente de la República dejó de ordenar al Congreso y al Poder Judicial qué hacer. No fue una graciosa concesión, sino resultado de largas luchas de las que fueron parte muchos miembros del partido que hoy está en la Presidencia de la República y tiene la mayoría en el Congreso de la Unión.

Resulta extraño escuchar hoy a quienes marcharon por la separación de Poderes hace tres décadas declarar a favor de un Ejecutivo omnímodo que someta al Legislativo y al Judicial.

Quizá por la verticalidad del mando que se ejerce en Morena y el que ese partido esté organizado en torno de un solo hombre, los legisladores de la mayoría han decidido abdicar de su criterio y hacer del país una calca de la organización en que militan.

Sin embargo, el Poder Judicial no se integró por la misma ola electoral que llevó a Morena a ganar la Presidencia y la mayoría en las dos Cámaras del Congreso y es afortunado que los ministros de la Corte, los magistrados del Tribunal Electoral y los juzgadores en general no se comporten como subordinados del Ejecutivo.

Decir esto no implica necesariamente compartir todas sus decisiones. Pero, en el sistema democrático, sí implica para el Ejecutivo dos cosas: el acatamiento de los mandatos del Poder Judicial y el respeto a la autonomía de los jueces.

El fin de semana leí con preocupación que miembros del partido de gobierno planeaban una manifestación contra el Poder Judicial. Y si bien es cierto que cualquier mexicano puede hablar en contra de las decisiones de los jueces, protestas como esa, si tienen la bendición de los otros dos Poderes —o si, peor aún, son organizados por alguien que forma parte de éstos—, significan una interferencia que afecta al sistema democrático.

De forma similar, sería equivocado exigir al presidente López Obrador y a su gobierno no criticar las resoluciones de los jueces. El propio Montesquieu decía que donde no hay barullo, seguramente no hay libertad.

Pero el mandatario sabe que su palabra no es una más en el contexto de la libertad de expresión de que gozamos todos legalmente.

En ese sentido, considero equivocado decir que a los ministros de la Corte los mueve la deshonestidad y que mejor quiten el retrato de Juárez de su sede.

Cuando él habla contra los jueces o contra ciudadanos en particular —por ejemplo, periodistas— su palabra no tiene el peso de la de cualquier persona, sino uno mucho mayor.

Más aun si consideramos que la palabra de este Presidente es atendida por sus correligionarios —incluidos los legisladores de Morena— como si fuese la ley misma.

Por eso, el Ejecutivo debe medir lo que dice. Tiene derecho a impulsar sus políticas, pues ganó legítimamente las elecciones —y, además, con una amplia mayoría— pero, al hacerlo, debe proteger la democracia y la división de Poderes, pues éstos son el valor más grande que tiene la República.

Chairos al ataque.

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Me llegó la imagen de arriba a mi facebook y le respondí al que me la envió pidiéndome mi opinión, que considero que México es el país más justo al pagar a sus Ministros y que los otros tres países deberían aumentar el sueldo a sus ministros.

Ya se imaginará la clase de improperios que me envió el chairo; quien en realidad no quería mi opinión, quería que yo como borrego aceptara y apoyara lo que a el se le ocurrió o  le ordenaron de MORENA o del propio gobierno en el poder que divulgara para contra restar los efectos que los medios de comunicación están causando en el presidente AMLO a unos cuantos días de su toma del poder.

En principio los números que dan  creo son falsos, por lo que he leído los ministros de la SCJN ganan al año algo así como 4.5 millones de pesos, eso nos lleva a 375 mil pesos mensuales que no coincide con lo que se dice en la imagen y así como ese dato es falaz, los otros seguramente que también lo son.

Consideramos que lo primero que se debe investigar es ¿que criterios se siguieron para establecer el salario a los Ministros?.. Después de eso, podrían hacerse los ajustes pertinentes, ya sea hacia arriba o hacia abajo, porque si el criterio es en base al índice de corrupción que hay en cada país, México es de los más corruptos del mundo, por tanto, se supone que a la SCJN llegan más casos que en otros países cuyo índice de corrupción es mucho más bajo.

De alguna manera, debemos tener una SCJN confiable, ya que lo que requiere el país es una aplicación correcta de las leyes y que verdaderamente se emitan juicios justos, pero, si en lugar de pagar adecuadamente a los Ministros de la SCJUN se les paga muy poco, sin duda que ellos, o se marchan a trabajar en otros países o fuera del ámbito gubernamental o se convierten en corruptos y entonces permitirán que lleguen Ministros al gusto del presidente, que ganen poco y la presidencia de la república los maneje a su antojo y conveniencia, con lo que a la larga le traería muy serios problemas al pueblo mexicano.

Hoy se publicitan noticias de que hay corrupción dentro de la SCJN, ¿será eso cierto? O le están inventando la rabia al perro.

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