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Función Pública pide a empresarios bajar altos salarios

Función Pública pide a empresarios bajar altos salarios

Siguiendo la línea de la ‘austeridad republicana’, la titular de la Secretaría de la Función Pública, instó a la iniciativa privada a bajar los altos salarios sin cuestionar las ganancias de las empresas

15/12/2018 06:00  IVÁN E. SALDAÑA
 
 
  
Función Pública pide a empresarios bajar altos salarios
 

Sandoval señaló que 'la nueva ética pública' debe marcar 'criterios básicos de la justicia social' en los ingresos y honorarios, y no 'el mercado' (Foto Twitter: @Irma_Sandoval)

 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, llamó a la iniciativa privada a bajar los altos salarios de sus empleados para que se ajusten a los del servicio público; asimismo, al presentar a los senadores su plan de trabajo, dijo que la Secretaría fomentará que los servidores públicos se vuelvan "alertadores" contra la corrupción.

En su primera reunión con las comisiones de Gobernación y de Anticorrupción del Senado, señaló que "la nueva ética pública" del Estado mexicano debe marcar "criterios básicos de la justicia social" en los ingresos y honorarios, y no "el mercado".

 
Video insertado
Ciro Gómez Leyva
 
@CiroGomezL
 
 

.@Irma_Sandoval, secretaria de la @SFP_mx, propuso bajar salarios del sector privado, para que haya una correspondencia con lo que está haciendo el gobierno

 
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Yo creo que, así como desde el Poder Ejecutivo estamos invitando a los otros poderes a analizar y sumarse a alguna política de austeridad republicana, también tendríamos que invitar al mercado a sumarse a esos mismos salarios.

Esto no quiere decir poner en riesgo ni meternos en la discusión de las ganancias, nadie dice que no haya derecho a que, en un sistema de mercado, en un sistema capitalista, las ganancias bajen o se mermen, pero los salarios del mercado o los ingresos del mercado quizá sí se tendrían que ajustar", consideró.

De acuerdo a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos nadie podrá ganar más que el presidente, 108 mil pesos mensuales, en la administración pública.

 

No tenemos por qué brincar desde el Estado, los funcionarios, los senadores, los jueces y los magistrados a llegar a los salarios del mercado; más bien los salarios del mercado, los honorarios y los ingresos del mercado tendrían que ajustarse a nueva moralidad y a una nueva ética pública de salarios justos, no mediocres, no mermados, no reducidos, pero justos.

Y que entonces caminemos juntos para que los recursos públicos se entreguen al desarrollo y las ganancias privadas también se entreguen a las ganancias y desarrollo", expuso.

ALERTADORES INTERNOS

Sandoval presentó su plan de trabajo para "relanzar" la operación de la Secretaría de la Función Pública. En cinco ejes, dijo que apostarán por fomentar y proteger la denuncia ciudadana y de servidores públicos en contra de la corrupción, a quienes denominaron " los alertadores internos".

Eso nos obliga a tener leyes de protección y auspicio a los alertadores internos, que protejan con normatividad laboral, con normatividad de derechos fundamentales y con todo tipo de normas. Estas quejas confidenciales o esta información confidencial, que no anónima, que se ofrece contra funcionarios públicos, políticos y empresarios que delinquen o que malversan fondos. Entonces, los llamados whistle lords, que es una mala traducción, el que da el silbato, el que da el toque de alerta, los whistle lords, nosotros los hemos bautizado como alertadores internos ciudadanos; van a tener en esta Secretaría de la Función Pública la normatividad necesaria para apoyarnos en el combate a la corrupción." , explicó.

Eréndira Sandoval señaló que la Función Pública va a "ciudadanizar" su operación para vigilar prácticas "corruptas irregulares" y "democratizar sus tecnologías" para ponerlas al alcance de los ciudadanos para prevenir y combatir a la corrupción.

También garantizó que la política del Servicio Profesional de Carrera cambiará, premiando el mérito, la honestidad, el trabajo en beneficio de la sociedad sin "volver a discriminar ni por género, ni edad, universidad de origen, ideología ni filiación política en la a administración pública federal".

IVONNE MELGAR Autonomía y presidencialismo

Autonomía y presidencialismo

Retrovisor

IVONNE MELGAR

Autonomía y presidencialismo

 

 

15 de Diciembre de 2018

¿Treinta millones de votos justifican el fin de la autonomía de los poderes legislativo y judicial?

¿Alcanza la legitimación electoral del presidente López Obrador para terminar con los organismos autónomos?

Las preguntas están ahí, enmarcando nuestra circunstancia, mientras la realidad hilvana respuestas que, de pronto, derivan en escenarios de violencia política.

De un lado, gobierno y legisladores de Morena, PT y PES argumentan que el apoyo del 53% del electorado es un mandato de cambio radical y que éste incluye el fin de los privilegios del Congreso y del Poder Judicial.

Los diputados y senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano reviran que contar con la mayoría parlamentaria no le da derecho al gobierno a romper con el sistema de pesos y contrapesos que la Constitución preserva.

Sin embargo, la puja está en marcha y se extiende a los discursos y a las percepciones.

Este jueves, con el argumento de que la bancada perredista no tiene el peso numérico para contar con representantes en la Comisión de Justicia del Senado, el legislador Juan Zepeda fue expulsado de esa instancia crucial en los nombramientos de ministros y fiscales.

Las cuatro fracciones de la oposición y sus coordinadores —el panista Rafael Moreno Valle, el priista Miguel Osorio, el perredista Miguel Mancera y el emecista Dante Delgado— se solidarizaron con el senador mexiquense y alegaron que Morena y sus aliados violaron con esa medida la pluralidad y la representación democrática.

Los parlamentarios morenistas que conduce Ricardo Monreal, petistas y del PES reclamaron el derecho a concretar la transformación de López Obrador y, en voz del senador Cristóbal Arias, les recordaron a sus opositores que eso que tanto defienden es lo que la gente reprobó en las urnas, que por eso perdieron.

Simultáneamente, en la Suprema Corte de Justicia (SCJN), el Presidente de la República escuchaba al ministro Luis María Aguilar que defendía así la autonomía de los ministros: “Nada por la fuerza, todo con la razón y con el derecho”.

Con ese mensaje, la Corte le confirmó al gobierno la suspensión de la Ley de Remuneraciones que le concedió a los 55 senadores del PAN, PRI, PRD y MC, quienes presentaron una acción de inconstitucionalidad por el capítulo del Poder Judicial.

Esa confrontación de la SCJN con el presidente López Obrador y su mayoría parlamentaria fue secundada por jueces y magistrados que, en la semana, se manifestaron en contra de la posible baja de sus salarios, a la que consideran una imposición gubernamental.

En los próximos días veremos si, en la Cámara de Diputados, Morena, PT y PES contravienen esa suspensión y aplican la Ley de Remuneraciones en el Presupuesto de 2019 con montos para el Poder Judicial por abajo de los 108 mil pesos que ganará el Presidente.

Pero, más allá de las deliberaciones de los ministros y de los pronunciamientos constitucionalistas sobre la coexistencia de los poderes en una democracia, en la conversación de la opinión pública —que no publicada— se arraiga el discurso lopezobradorista contra “las ratas de la Corte”.

Los gritos de personas que a las puertas de la SCJN agredieron a nuestro colega Jorge Camargo, titular de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal, son los mismos que mañana podríamos escuchar en la marcha convocada por militantes de Morena en respaldo al Presidente en este litigio.

La gravedad del encono no termina en un debate de salarios. Lo preocupante es que se extiende a otras instituciones autónomas como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), eliminado en la iniciativa de reforma que López Obrador envió a la Cámara de Diputados.

Según la versión oficialista, el INEE no sirve, fue un invento del extitular de la SEP, Aurelio Nuño, para descalificar a los maestros.

Esa caricaturización borra tres décadas de estudios académicos y de políticas públicas que dieron paso al Instituto ,bajo el reconocimiento de que los componentes de la educación debían evaluarse para su mejoría.

La satanización al INEE no es aislada, si bien resulta la más injusta en comparación con otros espacios autónomos donde habría evidencias de la acusación presidencial de que vienen operando bajo el reparto de cuotas partidistas.

Se trata de un juicio que amerita una revisión sobre si la autonomía de las instituciones del Estado mexicano constituye un dique para la eficacia del presidencialismo democrático.

Nos referimos al INE, al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), al Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros.

El tema ocupa y preocupa, sin duda, al presidente López Obrador y a sus principales colaboradores. Tanto que el yerro de la semana fue la eliminación de la fracción séptima, referente a la autonomía universitaria, del Artículo Tercero en la iniciativa de reforma.

Aún temerosas de que exista una intención en contra de ese valor que consideran supremo, las autoridades universitarias aceptaron como buena la explicación gubernamental de que hubo un error de dedo.

Quizá se trate sólo de una anécdota. Pero no deja de llamar la atención el acto fallido del dedazo que borró justamente ese término.

Los Poderes de la Unión

Los Poderes de la Unión

Los primeros 15 días de gobierno del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos señalan el rumbo de que su mandato será inflexible y confirman los actos de “cuasi gobierno” que vino ejerciendo durante el largo periodo de la transición.

 

15 de Diciembre de 2018

Cualquier poder, si no se basa en la unión, es débil J. de La Fontaine

Lo anterior, aunado al caudal de reformas legislativas que se han dado a partir del 1º de septiembre pasado, que han minado la confianza de los gobernados y han generado incertidumbre y confusión en varios ámbitos de la vida pública, particularmente en lo que hace a los temas de seguridad, justicia y financieros. Baste señalar las declaraciones sobre la cancelación de las obras del NAIM, cuyos efectos han vulnerado de manera sustantiva la economía nacional y la imagen de solidez financiera que México ha conquistado en el exterior. Efectos que no han podido ser contrarrestados a pesar de que la construcción del aeropuerto continúa y de que el enfrentamiento con los tenedores de los bonos del NAIM aún no llega a las cortes internacionales.

Las declaraciones recientes de Jiménez Espriú, que establecen la decisión de construir el aeropuerto en Santa Lucía y, de una nueva recompra de bonos a un precio mayor, con la “esperanza” de que los bonistas acepten con una espera hasta el 4 de enero para suspender la obra.  Segunda oferta que no fue aceptada y que el día jueves retomó el Presidente para escuchar y atender las consideraciones que al respeto haga el secretario de Hacienda, a quien le concedió autonomía para dichas decisiones. Las discrepancias y diferendos con el Poder Judicial han llevado a un desgaste innecesario y a admitir la supremacía de los artículos 94 y 14 constitucionales  (“A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna…”). Bajo esta perspectiva, es de considerarse que el último reducto para preservar la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo y la legalidad de los actos de gobierno está en manos del Poder Judicial Federal, único poder de la Unión que tiene la obligación de mantener el Estado de derecho a través de una clara interpretación del espíritu de la ley, evitando que normas jurídicas o actos de gobierno contraríen la ley suprema.

La jurisprudencia de los tribunales mexicanos ha sido fuente innegable del derecho positivo y salvaguarda de los derechos humanos para todos los habitantes de nuestro país.

Particular atención deben merecernos ahora más que nunca las reformas a la Constitución que exige al constituyente permanente la aprobación del Congreso de la Unión por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes y por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la CDMX; la reforma a la ley suprema ni puede ni debe contrariar principios establecidos en tratados internacionales aprobados por el Senado que sumados a nuestra Constitución constituyen la ley suprema de nuestro país y que, cuando son “debidamente” aprobados, no admiten recurso de impugnación. La función legislativa que se destina sin reparos para allanar el ejercicio del mandato del Ejecutivo carece de los principios de legalidad y equilibrio; es el mandato del Ejecutivo el que debe ceñirse al orden jurídico y no el orden jurídico a las exigencias del primero. Lo anterior viene a colación porque, con un Poder Legislativo tan obsequioso al Ejecutivo, el único equilibrio surge de la autonomía, independencia y respeto al Poder Judicial de la Federación, que hoy se encuentra en medio de una disputa claramente desventajosa y abusiva, en concreto con el análisis constitucional que sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos le corresponde a este poder. No solamente para los miembros del Poder Judicial, sino para todos aquellos que ejercen funciones públicas es deseable que la austeridad con que se conduzcan en el ejercicio de tales funciones sea ejemplar, lo cual no es contrario a la capacidad, la capacitación, la especialización, la antigüedad y la entrega, que son elementos fundamentales para la meritocracia, concurrentemente con la aspiración a mejores condiciones laborales.

Un caso más para señalar es el de los representantes diplomático y consulares de nuestro país en el extranjero, que ya alzaron la voz para señalar que, de reducirse sus salarios, no sólo no les alcanza para vivir dignamente, sino que tampoco podrán ejercer una representación decorosa de nuestra nación, exponen puntualmente los gastos básicos para acreditar su petición a lo cual la SRE se ha comprometido a analizar las inconformidades.

Qué decir de las instituciones u órganos autónomos diversos como el INE, el INAI, el INEE, etcétera, que han sido objeto también de ataques, lo que se observa como la pavimentación de un camino hacia su aniquilación. Mucho se ha pugnado en varias administraciones para que estas mejoras incentiven a erradicar la corrupción: salarios dignos, suficientes y atractivos para mejores desempeños como método útil para cooptar las tentaciones de los corruptores. Muchas asignaturas están pendientes y precisan que los poderes de la Unión estén unidos en la legalidad con armonía y respeto y, cuyo fin sea alcanzar el bien común de México.

Despertar

Despertar

No duró más de diez segundos. Ocho palabras que cambiarían el futuro de México. La calle y los informados lo pedían. Al final, privó la sensatez. Nunca tan pocas palabras habían beneficiado tanto a decenas de millones de mexicanos.

 

11 de Diciembre de 2018

El panorama era catastrófico. En el muy eficaz e irresponsable manejo de símbolos del nuevo gobierno, como abrir Los Pinos o vender el avión presidencial, hubo un grave error. Texcoco no era un símbolo de oprobio, todo lo contrario. La obra representaba superar un atasco en infraestructura, crecer más, representaba la posibilidad de competir, de no rezagarse frente al mundo atendiendo la necesidad de decenas de millones de usuarios anuales, representaba sentido común: ni un peso fiscal en la obra y —por ende— la decisión, a todas luces popular y correcta, de emplear esos dineros en obra pública y servicios que no encuentran financiamiento privado. Representaba, además, la seriedad del gobierno mexicano frente a la comunidad financiera internacional. México cumple sus compromisos.

Lograr ese prestigio, seriedad, nos había llevado más de tres décadas y estuvo a punto de perderse en días. Durante semanas caminamos al borde del abismo, al no corregir la insostenible decisión de Santa Lucía, las demandas anunciadas eran ya múltiples y multimillonarias, las calificadoras lo habían advertido, el premio de los bonos mexicanos tendría que subir, con ello, el costo para el gobierno sería motivo suficiente para reconsiderar las calificaciones. En los días previos se habían vivido presiones contra el peso, los bancos registraban ya la solicitud de sus inversionistas de protegerlos en otras denominaciones, el banco central tendría que aumentar su tasa de referencia de nueva cuenta para tratar de compensar el efecto negativo de la desconfianza, eso repercutiría en la baja inversión y crecimiento. El alud se anunciaba con claridad.

Además, la decisión, implícitamente, enmendaba la pésima imagen de ser un incipiente gobierno demagogo y, peor aún, fraudulento, al invocar consultas a modo, engañosas, amañadas, ofensivas por falsas, que contradecían las mediciones serias de la opinión pública y mostraban un carácter mafioso y antidemocrático, autoritario, para algunos era anuncio dictatorial. Los beneficios de corregir le darían al flamante presidente y a su equipo una nueva oportunidad de bautizarse con un halo democrático y disipar dudas.

Era uno de esos momentos determinantes, como los habíamos vivido en sentido negativo con los manotazos de “ya nos saquearon, no nos volverá a saquear”. La escena sería historia viva, pura, que cosecharían las futuras generaciones, pero que también se sentiría de inmediato en el bolsillo de los mexicanos. ¡Qué magnifica forma de comenzar el día, de terminar el año! Allí estaba él, solo, parado en el templete, mostrando aplomo digno de un hombre de Estado, reconociendo, en los hechos, el muy grave error. Qué mejor manera de confirmar que la decisión popular —su triunfo— había sido correcta, que estaba dispuesto a sacrificar el ego personal por una visión de largo plazo. Dijo querer ser un buen presidente. Corregir le traería una andanada de apoyos, porque dos de cada tres mexicanos quieren Texcoco. Todo cambiaría: NAIM, de tumba a monumento.

Sin inmutarse, con una tarjeta blanca en las manos, fue pasando de tema en tema y, cuando nadie lo esperaba, salió de sus labios: “Hemos decidido continuar con el aeropuerto de Texcoco”. Por supuesto, la responsabilidad era del acoso de la mafia, ésa fue su escapatoria. Allí me desperté complacido y tranquilo. Pero, en minutos, estaba inmerso en el horror.

La pesadilla continuaba ahogando a la República. Nos amanecimos con ofensas al Poder Judicial, al que calificó de deshonesto, haciendo un uso mentiroso de sus salarios. Por fortuna, el ministro Pérez Dayán le plantó cara en el asunto de la Ley de Remuneraciones, para bien de la República. De pasada, también había ofendido al INAI, tildando a la institución de inútil, vilipendiando así un logro democrático de largo aliento. En la lista de ofensas institucionales habría que agregar al INEE, al cual amenaza con su desaparición, deformando, en sus dichos, su costo, y olvidando sus relevantes funciones. Es claro que no quiere evaluaciones independientes, que no comprende —ni quiere— la función de los órganos autónomos y reguladores. La andanada destructora no cesa, se lanzó, irresponsablemente, contra el TEPJF por la decisión en Puebla. ¿Rectificar jamás? Al contrario, no para en su marcha destructora y su desmesura no tiene límites. AMLO le ha costado ya a México alrededor de 45 mil millones de dólares. Los presupuestos del INAI y del INEE juntos no llegan a 300. ¿Austeridad republicana o estrategia de aniquilamiento de los contrapesos, de concentración de poder?

Triste despertar. Las dudas se confirman.

Legado peñista: amparos de militares en retiro

 

Legado peñista: amparos de militares en retiro

 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Andrés Manuel López Obrador hereda del gobierno peñanietista un cúmulo de juicios de amparo de militares en retiro a quienes se les ha negado el derecho de ascenso por haber dejado las Fuerzas Armadas.

De 2013 a la fecha se han presentado ante tribunales en diversas partes del país numerosos juicios de amparo contra el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto y sus secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Francisco Soberón, a quienes se acusa de violar la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas al negarle al personal militar en retiro el derecho de obtener ascensos.

El tema llegó incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual resolvió el pasado 11 de mayo, al analizar una controversia constitucional, que la Secretaría de la Defensa (Sedena) violó los derechos de sus integrantes en retiro. 

Sin embargo, la resolución no ha sido acatada pues, según algunos mandos afectados, los exconsejeros jurídicos de la Presidencia, Humberto Castillejos, y de la Sedena, Alejandro Ramos, cabildearon con jueces y magistrados para que se detuvieran los amparos.Según fuentes militares consultadas por este semanario, no hay una versión oficial de las razones por las cuales el general Cienfuegos decidió no acatar los artículos 27 y 16 de la ley castrense, que le otorga el derecho a un efectivo militar de ascender en automático al puesto superior a la hora del retiro y de esa manera recibir mejores prestaciones.

La decisión del general Cienfuegos, sin embargo, sorprendió en todos los niveles de mando de las Fuerzas Armadas, pues se aplicó sin previo aviso.

A partir de entonces comenzaron a presentarse las demandas de amparo contra Peña Nieto; según los militares consultados son cientos los casos, aunque algunos de ellos no han seguido el litigio por los gastos económicos que ello implica. 

Pero luego de que la SCJN resolvió a su favor, aumentaron los juicios contra Peña Nieto –quien fue el jefe supremo de las Fuerzas Armadas– y también contra el almirante Soberón, por ser parte de las mismas, y contra Cienfuegos, quien decidió no acatar la ley militar.

Tretas legales

Los afectados por la decisión de Cienfuegos explican al reportero que una vez que se presentaron los primeros juicios de amparo, en 2013, los altos mandos del Ejército modificaron el artículo 16 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas para impedir que los militares que pasaran a retiro pudieran portar las insignias del grado inmediato superior.o dicho cambio va en sentido contrario al artículo 27 de la misma ley, que señala que “los militares que por resolución definitiva pasen a situación de retiro, ascenderán al grado inmediato únicamente para ese fin y para el cálculo del beneficio económico correspondiente, considerando los años de servicio en relación con el tiempo en el grado…”, precisa uno de los afectados.

En el amparo en revisión RA-370/2014-6362, tramitado ante el juez decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, se señala la inconstitucionalidad del artículo 16 del Reglamento de la Ley Militar modificado por el general Cienfuegos el 10 de mayo de 2013: “Viola el principio de subordinación jerárquica al ir más allá de lo dispuesto por el diverso 27 de dicha ley, en específico, porque el mencionado reglamento acota el beneficio de ascender al grado inmediato cuando se pase a situación de retiro únicamente para el cálculo y el otorgamiento del beneficio económico, siendo que la ley no lo limita al beneficio económico, sino que abarca todos los aspectos relacionados con la situación de retiro, entre los que se encuentra la obtención de la patente de grado correspondiente”.

Varios militares de alto rango consultados por Proceso señalan que se han acumulado las demandas de juicio de amparo por los afectados y aunque algunos, por cuestiones económicas, desistieron en el pasado de mantener sus reclamos en tribunales, otros decidieron continuar, con la esperanza de obtener los beneficios que marca la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

“De esta forma muchos mandos comenzaron a combatir la injusta orden del general Cienfuegos a través de sus abogados en tribunales en toda la República, obteniendo resultados disímbolos, producto de distintos criterios jurídico-administrativos de jueces y tribunales”, indica uno de los mandos consultados, quien pidió el anonimato ante eventuales represalias.

Señala que fue evidente el cabildeo que hicieron ante tribunales Castillejos y Ramos para detener las demandas de amparo.

Alejandro Ramos Flores es señalado como el autor de la estrategia de contención mediante una labor de zapa con funcionarios de la SCJN y otros servidores públicos, para que las demandas de amparo prosperaran.

“Sin embargo, el resultado fue ambivalente y muchos magistrados y jueces mantuvieron una postura íntegra y decidieron a favor de los afectados y de la justicia. Ante esta situación, tanto a Castillejos como al (ex)asesor jurídico de la Secretaría de la Defensa no les quedó más remedio que acudir a textos plagados de tecnicismos para no acatar las determinaciones de los ministros, jueces y magistrados”, explica el mando militar.

No obstante, ante la diversidad de criterios y la existencia de la contradicción de tesis 37/2016, destaca que la SCJN ordenó la integración de un pleno en materia administrativa del Primer Circuito en el Distrito Federal, integrado por 20 magistrados, para resolver sobre el tema.

Dicho pleno tuvo lugar en septiembre de 2016 con la ponencia del magistrado Jesús Antonio Nazar Sevilla y la presencia de 19 magistrados , registrándose una votación de 15 a 4 a favor de los militares amparados, emitiéndose en el Semanario Judicial de la Federación el resultado en el cual se declara que el artículo 16 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas viola el principio de subordinación jerárquica al alterar y/o modificar el contenido de la ley, dejando en claro que en lo subsecuente no se debería de aplicar en casos análogos”, dice la fuente castrense.

Pese a esta resolución de la Suprema Corte, los abogados militares intentaron dar una salida al diferendo con acuerdos que se contradecían entre sí, pues en algunos se precisaba el grado al que ascendía el mando en retiro y en otros no.

“Los abogados militares le propusieron al general Cienfuegos un texto amañado que evade el cabal cumplimiento de lo resuelto por el pleno de los magistrados y que coloca a los demandantes en estado de indefensión y falta de certeza jurídica”, agrega.

El mando militar señaló que al no ser claros en su contenido y emitir criterios ambivalentes, la segunda sala de la SCJN emitió el pasado 11 de mayo una jurisprudencia ordenando que en dichos acuerdos, emitidos y firmados por el secretario de la Defensa Nacional, debería precisarse el grado al que el militar pase en situación de retiro.

“Si el acuerdo administrativo de que se trata constituye un acto de autoridad que define unilateralmente la situación de retiro de los militares, resulta necesario que en él se fije con claridad el grado que servirá de base para otorgar y calcular los derechos propios de esa situación de retiro, a efecto de cumplir con el principio de legalidad reconocido en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, y evitar que exista incertidumbre en el goce y ejercicio de los derechos a que se accede con el retiro”, refiere la resolución 28813 publicada en el Semanario Judicial de la Federación.

Pese a esta resolución de la SCJN, en la Sedena no han dado marcha atrás a la decisión de no reconocer los derechos de los efectivos militares en retiro.

“Esta actitud representa una forma grotesca de abuso de poder de la Secretaría de la Defensa. Ojalá que el nuevo Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión enfoquen su atención a este desbalance de poderes y ajusten conductas autocráticas, caprichosas y excesivas de todos y cada uno de los funcionarios”, señala un alto mando que tiene un amparo a su favor.

Insiste: “Los hechos y los documentos están a la vista, son públicos; sólo hace falta la voluntad sensata y desinteresada para corregir el mal causado a tantos por caprichos de pocos”.

Este texto se publicó el 9 de diciembre de 2018 en la edición 2197 de la revista Proceso.

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