La embajada de Estados Unidos en La Paz ha sido la máxima responsable y promotora de la desestabilización del Estado Plurinacional de Bolivia, según dio a conocer el presidente Evo Morales en un tuit publicado el pasado 13 de noviembre.

Su mensaje dice: «Condenamos la decisión de Trump de reconocer al gobierno de facto y autoproclamado por la derecha. Después de imponer a (Juan) Guaidó, ahora proclama a (Jeanine) Añez. El golpe de Estado que provoca muertes de mis hermanos bolivianos es una conspiración política y económica que viene desde EE.UU.».
En otro mensaje en la misma red social, publicado este fin de semana, saludó y agradeció al Secretario General de la ONU, António Guterres, por nombrar al diplomático Jean Arnault como su enviado especial para dialogar con todas las partes y encontrar soluciones a los conflictos causados por el rompimiento del orden constitucional en Bolivia.

Al llegar Jean Arnault, enviado del Secretario General de la onu, comenzó a tomar contacto con autoridades del gobierno de Añez y organizaciones sociales en un intento de restaurar la paz en el país.

En la nación sudamericana diputados del partido Movimiento Al Socialismo (MAS) anunciaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo de la presidenta autoproclamada Jeanine Añez, que exime a las Fuerzas Armadas de responsabilidad penal para asesinar y masacrar a la población que protesta en las calles.

«Este decreto es una licencia para matar. Es anticonstitucional», puntualizó la diputada Sonia Brito, según recoge la agencia de noticias boliviana Fides. Ella convocó a la policía y al ejército a no infringir el Estado, de Derecho, ni la Constitución Política del Estado, porque ya se ha provocado la muerte de más de 25 personas.
Además, piden la libertad inmediata de los detenidos injustamente, entre ellos dirigentes y autoridades electas democráticamente, y la aprobación de una ley por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional que garantice las elecciones nacionales en un plazo de 90 días.

Mientras, las fuerzas progresistas, integradas por los indígenas, campesinos, mineros y cocaleros emplazaron a la autoproclamada presidente Jeanine Añez para dimitir en un plazo de 48 horas, entretanto mantienen las movilizaciones con bloqueo total en las carreteras interdepartamentales e interprovinciales a nivel nacional.
Además, los dirigentes cocaleros han rechazado el Decreto Supremo que autoriza a militares a responder con ataques armados y les garantiza inmunidad judicial, y han pedido respeto para la bandera indígena, la wiphala.
Como parte del desmonte de lo alcanzado por Bolivia, la canciller del gobierno de facto, Karen Longaric, informó la retirada del país de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), además de cesar a un 80 % de los embajadores designados durante el mandato de Evo Morales. Todo ello presume la desarticulación de la integración alcanzada en el continente.

Los países del ALBA denunciaron con anterioridad la injerencia de EE.UU. y sus aliados en los hechos ocurridos en la nación andina y llamaron a condenar el golpe de Estado.

Hoy la situación en Bolivia sigue siendo caótica, a raíz de los cortes de rutas en varias regiones se siente el desabastecimiento de comestibles en los mercados y existe una especulación en los precios con el combustible por su escasez. Esto provoca una disminución en la transportación vehicular.

Por su parte, el exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en un artículo de opinión publicado por el diario mexicano La Jornada, denunció el trato que han recibido los grupos indígenas desde la salida de Evo Morales del país y sentenció: «El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional».