Hoy se realizará la junta de consejo del Infonavit, en la cual deberán votar los cinco puntos de una carta enviada el 13 de junio por el Presidente al consejo de este instituto.

El corazón de la misiva plantea cinco puntos que tienden a fortalecer la cobranza social, dar facilidades de pago a los trabajadores para que no pierdan su patrimonio, premiar el pago puntual de los acreditados, avanzar en la innovación financiera del instituto y, lo que ha generado polémica, desistirse de los juicios masivos que pueden derivar en desalojos. Esta carta despertó gran preocupación entre los miembros de iniciativa privada, particularmente Coparmex y la Asociación de Banqueros de México, que interpretaron desistirse de los juicios masivos y, por lo tanto, de los desalojos. Si el Infonavit rechazara la posibilidad legal de quitar la casa a quienes no le pagan, se abrirían las puertas del infierno.

Se trataría de un mensaje a favor del incumplimiento de pagos en toda la sociedad, lo que generaría una crisis de cartera vencida. Si los acreditados al Infonavit que hoy no tienen una relación laboral formal, pero están en regla dejaran de pagar, el instituto perdería su viabilidad financiera, desatando una crisis financiera en el país por la quiebra de la hipotecaria más grande de AL.

La posición del instituto que dirige Carlos Martínez es diferente: no se trata de promover el no pago, sino de desistirse de una práctica indebida por parte del Infonavit. De acuerdo con sus cifras, de más de 240,000 de cobranza masiva, en por lo menos 77,000 hay fraudes procesales, como no notificar al deudor o notificarlo donde no se pueda enterar a través de edictos en otras entidades.

La intención es romper el negocio que se había desarrollado entre despachos de abogados (quienes cobraban por adelantado 11,000 mdp anuales, más que cualquier otorgante de crédito), notarios y jueces que manejaban los juicios de una manera tramposa y en detrimento de los trabajadores.

Incluso antes de la decisión que hoy se deberá tomar, Martínez ya ha establecido algunos cambios, como que los despachos de cobranza no puedan tener ingresos del Infonavit superiores al 25% de su cartera.

Lo que sí ya está acordado es que se liquidarán los créditos que hayan sido en 90% o más y un nuevo esquema de cobranza social en el cual se espera que los trabajadores mantengan su empleo y encuentren formas de reestructuras mientras siguen pagando. Quitar a quienes hagan aportaciones adicionales, por ejemplo.

El buen procesamiento de la petición presidencial “desistirse de seguir litigando los llamados juicios masivos que pueden derivar en desalojos” es un tema fundamental. Es un hecho que la manera de hacerlo no era correcta, pero no se debe caer en el error de mandar un mensaje a favor del no pago. Se debe encontrar una forma eficiente de cobranza.

REMATE ARRODILLADO

Ya que hablamos del Infonavit, alguien dígale a José Manuel López Campos que los empresarios con rodilleras ante el Presidente son muy setenteros y que los besamanos desaparecieron en la década de los ochenta.

REMATE PREOCUPANTE

Tras declarar desierta la licitación del Programa de Aseguramiento integral, CFE, su EPS y su filial en la partida de póliza integral, póliza bienes y riesgos diversos, la empresa asignó el contrato a AXA, tal y como temían los participantes que fueron descalificados.

Grupo Mexicano de Seguros presentó una inconformidad por su descalificación y también porque la asignación se hizo violando el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que “el monto pagado es superior al establecido”. Añade que “dicho proceso debería ser por invitación a cuando menos tres personas, ya que los procedimientos anteriores fueron concursos abiertos dando la oportunidad de que sea un procedimiento justo y transparente”. Como señala la carta dirigida al director corporativo de administración de CFE, “representa preferencia para AXA Seguros”.

Más vale que los órganos que controlan la gestión de CFE aclaren el proceso, pues podría representar una historia de ineficiencia y/o corrupción.

REMATE BUROCRÁTICO

La licitación para la compra consolidada no sólo comenzó tarde, sino que fue un proceso tortuoso y lento. Según parece, la realidad se le está complicando a Hacienda.