El pasado 7 de mayo se escribió un nuevo capítulo en la conflictiva historia del comercio de jitomates entre México y Estados Unidos. Después de más de 20 años, el Acuerdo de Suspensión de Tomates quedó sin efecto, después de la salida de Estados Unidos, lo que tiene dos consecuencias considerables: la reanudación de las investigaciones de dumping, iniciadas principalmente por los tomateros de Florida, y la imposición de un arancel de 17.5% para los tomates provenientes de México. Esto último es lo que más ha causado polémica e, incluso, ideas de aplicar medidas espejo en el maíz amarillo proveniente de los Estados Unidos, lo cual, lejos de provocar un alivio, provocaría que pagaran justos por pecadores.

Si bien no es un paso hacia adelante en las, de por sí, atropelladas relaciones comerciales entre ambos países, mucho de lo que se ha hablado es puramente especulativo, en tanto no sabemos bien a bien cuáles serán las medidas regulatorias. Lo que sí podemos intuir es que se trata de un movimiento meramente político, alimentado por el hecho de que los productores de tomate de Florida tienen lugares en el Congreso estadounidense y sus intereses deben ser velados so pena de enfrentar un proceso electoral difícil en los años por venir. Y es que, al menos en papel, el impuesto de 17.5% suena imponente, considerando los 2 mil millones de dólares anuales generados en el negocio de la exportación de tomate, pero, si hacemos cuentas, nos encontramos con apenas 350 millones de dólares. ¿Esa cantidad es suficiente como para aplicar con prioridad la definición regulatoria? Tal parece que no y eso, en cierto sentido, es lo que sí termina afectando a nuestros productores, por la especulación que esto genera.

Ésta es la tercera ocasión que se atenta en contra del flujo comercial de los tomates mexicanos. De lo que se trata, de lo que siempre se ha tratado, es de lograr que los tomateros de Florida sean capaces de competir con sus homólogos mexicanos. Por ejemplo, cuando se impuso un precio mínimo de $8.30 USD por caja de 25 lbs. de tomates, se pensaba, al principio, que el tomate mexicano se vería en desventaja, pero sólo benefició a los productores nacionales, cuyos costos de producción son mucho más bajos que sus similares de Florida. Mientras que en Florida se cultiva a campo abierto y se tienen costos y regulaciones mayores, debido a las reglas del FDA, México produce en invernadero con costos más bajos en comparación. No sólo esto, sino que, por ser producción de invernadero, el tomate mexicano suele ser de mayor calidad y no está sujeto a embates climatológicos, como tampoco está sujeto a la temporalidad, en tanto que en Florida no se puede cultivar jitomate la mitad del año. Tratar de competir con tomates de calidades muy diferentes y costos muy desiguales es una batalla en la que ni este nuevo arancel lograría emparejar.

De cualquier manera, el único que terminó pagando los platos rotos en aquella ocasión fue el consumidor estadounidense, quien se enfrentó a un mayor precio en los productos. Lo mismo sucede en esta ocasión ya que, a decir verdad, muchos de los contratos que se han visto afectados por esta nueva imposición arancelaria ya fueron renegociados y los precios nuevos ya fueron pactados, y quienes terminaron asumiendo los costos fueron los compradores norteamericanos. Después de todo, al ser Florida incapaz de satisfacer la demanda del país y al ser 1 de cada dos jitomates vendidos en Estados Unidos cosechados en México, los compradores no se pueden dar el lujo de caer en desabasto, y menos con un producto de primera necesidad, como lo es el jitomate, tan presente en la pizza y hamburguesas, típicas de la comida rápida estadounidense.

Ahora bien, existe una manera en la que los productores de jitomate mexicanos podrían verse imposibilitados para competir y eso es a través de la exigencia de una fianza de 17.5 % sobre las ventas reportadas al 2018 como forma de garantizar la cuota. Hasta el momento, el Consejo Nacional Agropecuario se ha pronunciado diciendo que no van a pagar este arancel hasta que se les notifique de manera formal, lo cual, de cierta forma es no es del todo correcto, ya que lo oficial es que a partir del 7 de mayo cubre el plazo del impuesto; de igual forma, no hay certidumbre sobre la manera en la que sería cobrado. En primer lugar, ni siquiera se sabe si las aduanas cuentan con lo necesario para poder cobrar in situ este arancel o si se hará por medio de fianzas o traslado fiscal. En caso de que se haga por medio de una fianza, los productores medianos y pequeños se verían en desventaja y hasta imposibilitados para poder cubrirla; después de todo, si se venden 10 millones de pesos en tomate, pocos tienen a la mano 1.7 millones en la caja chica sólo para poder comercializar. Debido a esta situación, únicamente los productores de gran envergadura serían capaces de cubrir la cuota compensatoria y de enviar sus productos a Estados Unidos. Tal vez no exista desabasto como tal, pero sí habrá un cambio radical en el mercado si no se permite que todos los actores puedan participar de éste.

En tanto se trate de un movimiento político, como parece ser, los consumidores serán siempre los más afectados y, en caso de que las medidas se den en el peor escenario, los productores mexicanos tendrán que empezar a pensar en mercados alternativos para colocar sus productos en los volúmenes que están acostumbrados a mover. Se habla de alternativas comerciales, como Canadá y Japón, o de otras formas de comercializar, como en productos procesados, dada la falta de planeación logística e infraestructura que permitan comercializar a precios competitivos más allá de los Estados Unidos, pero lo cierto es que apenas se están dando los primeros pasos en medidas que debieron verse hace décadas. La dependencia excesiva de una única economía se vuelve nociva y, lejos de ser una ventaja, deja todo el poder en quien tiene el dinero, como lo estamos viendo actualmente. Es por eso que me gustaría hacer un llamado a todos los productores de jitomate en México, así como de otras hortalizas y productos agroalimentarios, a sumarse a Smatttcom. Esta plataforma digital para el libre intercambio de productos del campo reúne a compradores, comercializadores y productores de múltiples regiones en un ambiente de precios justos. Gracias a esto, se les da acceso no sólo a cadenas productivas de gran valor, sino a canales de comercialización con precios justos.

Smattcom da inicio a su proyecto de comercio exterior. Con apoyo de CANACINTRA, en donde se gestionan misiones comerciales en diferentes países, además de reunir a expertos en la materia, se fijan los objetivos de la diversificación comercial y de transformación de productos frescos. No sólo en el tema de los tomates mexicanos, sino en general, para cualquier producto agroalimentario, un grupo de expertos asesora y orienta en materia de logística, empaque, aranceles, transportación, inspección sanitaria, certificaciones y todo aquello relacionado a comprar y vender en el exterior. Antes de empezar a plantear nuevos destinos, hay que estar preparado para poder llegar. Ante la imposición arancelaria, la diversificación comercial.