24 de Abril de 2019

Bastaron menos de 150 días para que violara su promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución, dejando sin efectos la reforma educativa. ¿Qué garantiza que no haga lo mismo con la reforma energética o el cumplimiento de los contratos firmados conforme a la misma?

El 16 de abril firmó un memorándum dirigido a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, así como de Gobernación, además del de Educación, mediante el cual señaló que “Mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”.

Se trata de lineamientos y directivas dirigidas a sus secretarios de despacho; nadie lo inventó, él mismo lo dio a conocer a la sociedad. Es probable que a quienes votaron por él no les interese que el Ejecutivo Federal, violando la Ley Suprema de toda la Unión, instruya dejar sin efecto todas las medidas en que se haya traducido una reforma constitucional, porque consideran que no les afecta dicha medida, o porque no alcancen a dimensionar las implicaciones de un acto como éste.

Sin embargo, nadie debe llamarse a sorprendido que los efectos de cualquier disposición constitucional o legal está sujeta a la discrecionalidad de lo que él considere injusto (sin siquiera echar a andar su mayoría en el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados para guardar las formas).

Lo anterior, más allá de que el memorándum se someta a consideración de la SCJN vía acción de inconstitucionalidad, que es el mecanismo previsto en la propia norma para garantizar su observancia, a pesar que de antemano él se ha dedicado a desacreditarla o incluso amenazado, mediante terceros, con incrementar el número de ministros en la Corte, sólo para ejercer el control sobre ella.

Durante los últimos dos siglos se pretendió transformar la realidad nacional mediante la expedición de nuevas constituciones o reformándola, sin embargo, no sólo se incumplió tal objetivo, pero lo peor de este mecanismo retórico y populista es que se reafirmó la ausencia de cultura de legalidad en nuestro país. A pesar de ello, por si fuera poco, ahora se dejan sin efecto la reforma constitucional mediante un “memorándum” que establece lineamientos a los secretarios de despacho, para cambiar la realidad. Obviamente las consecuencias ahora serán vergonzosas y lamentablemente peores.

Si alguien tiene duda de la violación constitucional, sólo lea el artículo 136 que establece “Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia” o el Artículo 135, que señala “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México”.

También están en el centro de esta violación constitucional los estudiantes, a quienes se les viola su derecho a recibir una educación, con todas las características que ordena la ley suprema de la unión, y que es el medio más eficaz para que millones de mexicanos superen las condiciones de retraso y pobreza en que viven. Claro, salvo que opinen lo contrario millones de seguidores respecto de las afectaciones que hasta ahora se les ha causado a los estudiantes en todo el país con motivo de los paros de labores, huelgas y falta de preparación, capacitación y evaluación de los profesores.

¿Qué sucedería si, mediante un memorándum similar, los Jefes de Estado de los principales países de la OCDE hicieran lo mismo respecto de normas constitucionales de sus respectivos países? Tal vez no se ha hecho un reclamo mayor porque hasta ahora ese memorándum sólo podría afectar a los hijos de los millones de personas que votaron por él, pero si un memorándum similar afectara a los inversionistas de Nueva York, ya estaría el secretario de Hacienda y Crédito Público nuevamente dando explicaciones al respecto allá mismo, como lo tuvo que hacer con la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Finalmente, la inseguridad que padecemos y que se comprometió a resolver no se logrará violando la Constitución, con independencia de los pactos y acuerdos que haga con la CNTE o cualquier otra organización similar.