20 de Abril de 2019

Ricardo Alexander Márquez Padilla

Una de las frases más conocidas –y pegajosas- de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, dicta que “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, sin embargo, existen elementos para pensar que no es muy claro el concepto que el primer mandatario entiende por ley. No obstante, tiene toda una oficina para asesorarlo en la materia, llamada Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y que encabeza Julio Scherer, muchas de sus acciones no se apegan al principio de legalidad, según el cual todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, es decir, cualquier funcionario público no puede hacer más de lo que permite la norma, además de que no parece ser su prioridad que ésta se aplique en todos los casos.

Apenas esta semana, el Ejecutivo federal firmó un “memorándum” en el que instruye a la secretaria de Gobernación, al secretario de Hacienda y al secretario de Educación Pública a que dejen sin efectos la Reforma Educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, no es su facultad hacerlo; el Presidente no puede decidir qué ley cumplir y cuál no.

En el mismo sentido, tampoco puede pedir a su equipo, sin causa demostrada que lo justifique, que no contraten a tal o cual empresa, como ocurrió con el oficio signado por el mandatario hace un par de semanas, respecto de los distribuidores de medicamentos más grandes del país, por posibles actos de “corrupción y tráfico de influencias”, violando flagrantemente el principio de presunción de inocencia.

Por otro lado, durante estos primeros meses de la administración federal, en diversas dependencias se han tomado decisiones que atentan contra la ley de forma clara, desde el despido injustificado de servidores públicos sin las liquidaciones a las que tienen derecho, pasando por la cancelación arbitraria de contratos contraídos en la administración pasada sobre proyectos de infraestructura, hasta el ignorar normas en materia ambiental, como el desmonte que se hizo en el predio donde se pretende construir la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

Pero, además de lo anterior, podemos encontrar varios casos en los que el Presidente ha caído en omisiones a su cargo al instruir que no se aplique la ley, como cuando la —cada vez más empoderada— Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloqueó por semanas las vías férreas de Michoacán, causando daños millonarios a las industrias de México, o en las tantas ocasiones —cada vez más comunes— en las que pequeños grupos “toman” las casetas de cobro de autopistas, a la vista de la Policía Federal y las autoridades de Capufe, y no permiten el paso de los vehículos sino mediante el pago de una cuota, lo que resulta completamente ilegal e incluso, como dice el primer mandatario, inmoral.

Más preocupante aun es el hecho que apenas esta semana el Presidente declaró que priorizará la justicia —o su interpretación en torno a ella— sobre la ley, lo que en el fondo implica que estamos dando pasos hacia atrás en la carrera que ya íbamos perdiendo para el fortalecimiento del Estado de derecho, y el más grande perjudicado de esta estrategia va a ser el mismo gobierno que, poco a poco, empieza a perder las riendas de un prometedor país.